La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-Peruanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República comunicó el día de ayer la postergación de la audiencia pública descentralizada que tenía programada en Abancay (Apurímac) para los días 2 y 3 de diciembre.
El punto central de la agenda de esta audiencia postergada es el análisis de la problemática social y económica de las comunidades campesinas en el entorno de la actividad minera de Las Bambas. Precisamente, se ha pospuesto la fecha por no contar aún con el plan de desarrollo integral para la provincia de Cotabambas que el Ejecutivo entregará el día 7 de diciembre, según lo pactado con la población.
En un intento por limpiar su imagen, la empresa minera canadiense Barrick Gold instalará en la mina Veladero, ubicada a 370 kilómetros de la ciudad de San Juan, un sistema de cámaras de monitoreo en tiempo real y con acceso público a través de la web.
Pero le recordaron su indiferencia ante este tema; Mandó mensaje a EPN pidiendo castigo a funcionarios de la pasada administración.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, decretó 39 permisos de trabajo para la comunidad de Nacupae, ubicada en el Callao estado Bolívar, para que exploten la minería. “Es el mecanismo que le da estatus y garantía legal al proceso del desarrollo de diamantes y piedras preciosas”, destacó Maduro durante la revisión del motor número 8 de turismo y minería. Por su lado, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, informó que una parte del oro extraído del Arco Minero del Orinoco se utilizará para las reservas del país y la otra para el fondo de las misiones.
La Primera Sala Civil de Puno dispuso que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no puede otorgar ninguna concesión minera, sin que se lleve a cabo un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas propietarias de los territorios ancestrales sobre las que se superponen estas actividades extractivas, informó Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA), organización miembro de la RED MUQUI.
Sendas enlodadas pasan junto a casas vacías, la mayoría en ruinas. Docenas de tiendas y bares han cerrado. El ciudadano más destacado, el jefe de una tribu descendiente de esclavos africanos huidos, se ha mudado a la capital.
Estudio del CEPA consigna a empresas como San Cristóbal, Huanuni y Kori Kollo, entre otras, además de cooperativas de la región
Corte Superior de Justicia establece jurisprudencia para futuras autorizaciones.
Los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2016 en Aysén de la Patagonia (Chile), asambleas y organizaciones territoriales en lucha mapuches, chilenas y argentinas, se reunieron en la defensa y por la recuperación de los Bienes Naturales Comunes, entendiendo la organización y la movilización social como formas para enfrentar un modelo que no solo saquea y depreda los territorios a un ritmo desenfrenado, si no que además pone en serio peligro la vida de comunidades completas privatizando las ganancias y socializando las pérdidas. Con el objetivo de fortalecer el poder desde los territorios, para frenar la embriaguez depredadora y criminal de empresas Mineras, Hidroeléctricas, Termoeléctricas, Salmoneras, Forestales, Petroleras, Agroexportadoras y otras industrias. Ver comunicado y reseña.
El representante del Consejo Tiyat Tlati de la Sierra Norte, Leonardo Durán Olguín, advirtió que están en riesgo por lo menos 100 municipios de los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, ante la intención de empresas privadas para la explotación de hidrocarburo en más de 2 millones de hectáreas de tierras fértiles.