Mexico, Noticias

Buscan comunidades indígenas sentar jurisprudencia contra megaproyectos

mep1

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hasta el pasado 25 de mayo, los pobladores de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, confiaban en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminara si la Ley Minera violaba la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos indígenas.

Pero la Secretaría de Economía (SE), a cargo de Ildefonso Guajardo Villarreal, logró anular la revisión de esa ley, con base en la cual esta dependencia otorgó 25 mil 425 títulos de concesiones –vigentes en junio de 2016, según el IV Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto–, que amparan 22.3 millones de hectáreas.

En 2010, mediante una solicitud de información, los pobladores de la región se percataron de que la SE había concesionado 80% de su territorio a las empresas mineras Zalamera y Hoschild, sin consultarles ni avisarles. Tras una batalla judicial de varios años, un juez federal suspendió las concesiones.

En febrero de 2015 la SCJN atrajo el caso del amparo en revisión 393/2015. En ese recurso los pobladores aseveraban que ciertos artículos de la Ley Minera violan los derechos a los pueblos indígenas plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que, por extensión son inconstitucionales.

Las empresas mineras se desistieron de las concesiones. Y la SE puso en jaque a la SCJN: argumentó que con la cancelación de las concesiones desapareció el “acto reclamado” –el fondo del juicio–, por lo que la Corte tuvo que sobreseer el amparo.

Según Armando Campos Ochoa, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que apoyó a la comunidad me’phaa–, “hubo una maniobra entre la SE y las concesionarias” para evitar la revisión constitucional de la Ley Minera.

Ésta, añade, podía generar modificaciones de fondo en el otorgamiento de concesiones e implicar “jurisprudencia para todas las luchas contra los megaproyectos”. Además, la revisión ponía temas centrales en la mesa: la definición de “tierra”, “territorio” y “pueblo” indígenas y la consulta.

“¿Qué implica en términos de costos políticos y económicos el cancelar y suspender dos concesiones mineras en lugar de 26 mil?”, plantea en entrevista con Apro. Sin embargo, el amparo constituyó un precedente y Campos espera que ese recurso “trazó el camino para otras comunidades indígenas en sus luchas”.

El “resurgimiento” del 169

Este martes 6, la SCJN se convirtió en la sede de un coloquio sobre la defensa del territorio indígena, en el que representantes de comunidades en resistencia, magistrados y abogados revisaron las herramientas jurídicas de las que disponen los pueblos originarios para reivindicar –y conseguir– el respecto de sus derechos en sus territorios ancestrales.

De acuerdo con Elia Avendaño Villafuerte, asesora en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, la lucha por los derechos indígenas avanzó a grandes pasos en los últimos cinco años gracias al “resurgimiento del Convenio 169 de la OIT”.

El Convenio 169 plantea, entre otros, la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de realizar cualquier asunto que afecte su territorio. Esta consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

Avendaño explica a Apro que, a raíz de la reforma constitucional de 2011, el primer artículo de la Constitución elevó a rango constitucional los convenios internacionales que firmó México. En otros palabras, el Convenio 169 de la OIT se convirtió en uno de los más poderosos instrumentos legales, 21 años después de su aprobación por el Senado mexicano.

Antes, la Constitución estaba por encima (del Convenio), y ahora están a la par”, abunda, al explicar que “a partir de 2011 tenemos más resoluciones sobre derechos indígenas, y en la SCJN hemos encontrado 370 sentencias que se refieren a ellos.

“Los derechos indígenas empiezan a tener una difusión un poco mayor, y la gente se organiza más: se da cuenta que el Convenio 169 los protege”, aseveró Alma Verónica Chacón Márquez, integrante de la Consultoría Técnica Comunitaria, una organización que apoya a los pueblos de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en la reivindicación de sus derechos.

Y, según Francisco López Bárcenas, titular de la Coordinación Nacional de Antropología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “el conflicto apenas comienza”.

Detalla, en entrevista con Apro: “El modelo de desarrollo económico del país, que se basa básicamente en grandes obras e infraestructuras, está afectando a los pueblos indígenas. Todo apunta a que los recursos naturales son ahora el centro de la apropiación. Y éstos están en los pueblos indígenas”, un diagnóstico similar al que expuso la organización Oxfam en un informe reciente.

“Se trata de buscar respuestas jurídicas, lo que pasa es que muchos pueblos indígenas no están yendo a los tribunales, han visto que las sentencias no se cumplen, que ganan pero que no pasa nada”, añade el antropólogo.

Según Karla Quintana Osuna, secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz y exlitigante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los logros de los derechos indígenas se conquistan amparo tras amparo. “No se puede avanzar en los tribunales si no es por ustedes”, exhortó.

También recordó que, según la CIDH, no importa que un terrateniente posea documentos que demuestren la propiedad privada de un lote: si éste forma parte del territorio ancestral de una comunidad indígena, es obligatorio devolvérselo, afirmó.

Asimismo, subrayó que en muchas ocasiones las autoridades y las empresas retan el carácter indígena de las comunidades que exigen sus derechos sobre el territorio ancestral, lo cual es ilegal, pues el Convenio 169 plantea la “autoadscripción”, según la cual una persona es indígena a partir del momento en que se reivindica como tal.

Uno de los reclamos de las comunidades indígenas, entre ellas las que habitan la Sierra Tarahumara, es que las distintas reformas agrarias que se llevaron a cabo en México en el siglo XX no tomaron en cuenta el carácter indígena del territorio y despojaron a comunidades enteras de sus tierras.

Quintana planteó ciertos obstáculos para el pleno respecto a los derechos indígenas. Los términos de la consulta, por ejemplo, levantan ciertas preguntas: “¿A quién consultar? ¿Qué se consulta? ¿En qué forma?”

Y subrayó la emergencia de un fenómeno reciente, que desafiaría el sistema judicial: crecen los casos de comunidades campesinas no indígenas que invocan la falta de consulta ante los tribunales para cancelar los megaproyectos que los afectan.

Magdalena Gómez Rivera, abogada y fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), aseveró que el tema de fondo de los derechos indígenas va más allá del debate jurídico y se ancla en el racismo: “Que en un primer tiempo dejen de hablar de un ‘problema indígena’”, exhortó.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/465580/buscan-comunidades-indigenas-sentar-jurisprudencia-contra-megaproyectos

Noticias, Republica Dominicana

Gold Quest insiste en explotar mina de oro y la comunidad de San Juan se opone

gold_quest

El presidente para Latinoamérica de la empresa minera Gold Quest, ingeniero Julio Espaillat, ratificó que en caso de que se conceda la explotación de la mina de oro localizada en la comunidad de Hondo Valle, la misma no podrá realizarse a cielo abierto porque los metales están a más de 45 metros de profundidad. Se ha formado el Comité Suroeste por el Agua y la Vida en abierta oposición a que el gobierno otorgue licencia para la explotación de esa mina y afirman que se contaminarían las aguas del río San Juan, a través del cual se suministra agua para el consumo humano, la ganadería y la producción agrícola.

Señaló que aunque la minería que se realiza en República Dominicana al momento, es a cielo abierto, en este proyecto no podrá ser así porque la profundidad a que están el oro, cobre y plata.

Manifestó que si el Estado, concede a la Gold Quest, la licencia para la extracción de esos metales, se realizaría en forma subterránea y luego se procedería a rellenarlas galeras que hayan sido abiertas a fin de evitar accidentes y proceder a la apertura de otras.

Afirmó que con la minería subterránea no se afectaría el medio ambiente e indicó que la misma es más costosa que la realizada a cielo abierto.

De su lado, diversas personalidades de San Juan de la Maguana, han formado el Comité Suroeste por el Agua y la Vida en abierta oposición a que el gobierno otorgue licencia para la explotación de esa mina.

Argumentan los integrantes del Comité por el Agua y la Vida, que si se procede en este sentido, se contaminarían las aguas del río San Juan, a través del cual se suministra agua para el consumo humano, la ganadería y la producción agrícola.

El ingeniero Julio Espaillat informó que la empresa minera que preside ha invertido en el país unos 25 millones de dólares en exploraciones, localizando el yacimiento en la comunidad de Hondo Valle, en la zona norte, precisando que el mismo está a 35 kilómetros de la ciudad, a 5 del borde del parque nacional.

Manifestó que si el gobierno le concede la explotación de esa mina, la inversión en la misma al día de hoy sería de 150 millones de dólares, que pagaría en impuestos 25 millones de dólares y al municipio dejaría entre 3 a 4 millones.

El proyecto generaría 300 empleos directos, 150 a 200 contratistas, 800 empleos indirectos.

Resaltó que el yacimiento tiene 325 metros en la parte más larga, de 200 a 215 metros de ancho y 350 a 375 en profundidad, por lo que el mismo puede ser calificado de pequeño a mediano.

Dijo que se usarían camiones para el transporte del material subterráneo a la planta de procesamiento, en el país se realizaría la separación física, mientras que en el extranjero se procedería a la separación del oro, cobre y plata, labor que se realizaría en cualquier país con fundición.

Gold Quest insiste en explotar mina de oro y la comunidad de San Juan se opone

Bolivia

Pobladores de Mapiri retienen a su alcalde por conflicto con una minera; Defensor se dirige al lugar

pobladores-mapiri-bloquean-carretera-paz_lrzima20161208_0029_11

En medio de una marcha de protesta en la región, el alcalde de Mapiri (al norte de La Paz) Roberto Fernández fue retenido por lo comunarios para exigir a una firma minera gerentada por un chileno que se comprometa a no explotar oro en áreas no autorizadas por las autoridades del sector.

Pobladores de Mapiri retuvueron este jueves a su alcalde, Roberto Fernández, en demanda del cumplimiento de un pliego regional que alcanza a la expulsión de un empresario minero chileno que labora en el lugar y que impulsa la explotación de oro en áreas no autorizadas. El el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, pidió tranquilidad y se dirige junto con el Jefe de la Unidad de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad, Sandro Delgado, hasta el lugar.

“ Estamos muy consternados por la noticia dada por la esposa del señor alcalde y su abogado de que él ha sido secuestrado. Llamamos a la calma, que reine la cultura de La Paz, el respeto a la vida y la integridad física”, señaló el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, notablemente preocupado.

Según reportes de medios locales, los comunarios denuncian abusos de la minera Kori Quiro, concesionaria de la mina La Deseada y regentada por el geólogo chileno Joel Parra Alarcón, sobre quien también pesan denuncias de maltrato hacia los pobladores. El extranjero, relataron lo mapireños, amenaza con procesos a los que reclaman por esos hechos.

El edil, había sido mediador en el conflicto que hace dos semanas ya había provocado las primeras movilizaciones con el bloqueo de la carretera que vincula esa región con la sede de Gobierno y el Beni.

La semana pasada, ambos bandos llegaron a un acuerdo en el que Kori Quiro se comprometía a expulsar al chileno y hacer una revisión de las áreas de explotación no autorizadas por el Gobierno y que sería ricas en oro.

Al parecer, el chileno ya no se encuentra en la región pero el resto del acuerdo fue desconocido por la firma, lo que activó un paro cívico que se desarrolló el miércoles y una marcha que tomó la plaza de la población la mañana de este jueves.

Justamente en medio de esas protestas, el alcalde Fernández fue retenido por lo comunarios en tanto la firma no garantice el cumplimiento total del acuerdo.

“ Clamamos que bajen los ánimos, que valoren los comunarios de Mapairi que su alcalde ha sido un mediador en esta situación y llamamos a la empresa minera La Deseada al cumplimiento de los acuerdos arribados”, exhortó la autoridad y demandó a los movilizados, por sobre todo, precautelar la integridad física de la autoridad edil.

“Hay responsabilidades con la sociedad y tiene que imperar la paz. La defensoria del pueblo se está dirigiendo al lugar del conflicto, pero necesitamos que se precautele al seguridad física y la integridad del alcalde”, sostuvo Tezanos Pinto.

Fuente:http://www.la-razon.com/ciudades/Oro-pobladores-Mapiri-retienen-alcalde-conflicto-Defensor-media_0_2615138497.html

Chile, Noticias

Declaran admisibilidad de proyecto carbonífero en Magallanes

mina-de-carbon-620x330-620x330

El mega proyecto de explotación de carbón ha generado rechazo en la ciudadanía y en los parlamentarios de la Región de Magallanes, quienes afirman que se trata de una actividad incompatible con el desarrollo económico y turístico de la zona.

Se trata del proyecto carbonífero “Tranquilo” que la minera Chabunco S.A pretende instalar a doce kilómetros de Puerto Natales, en la región de Magallanes.

A diferencia del también cuestionado proyecto de la minera Invierno S.A ubicado en Isla Riesco, este utilizaría el método de rajo móvil, es decir, la explotación de carbón se iniciaría en un máximo de 24 hectáreas de rajo hasta alcanzar la dimensión total de 120 hectáreas.

En noviembre pasado el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) notificó la admisibilidad de este proyecto, rechazado en primera instancia por no incorporar todas las zonas que impactaría considerando el traspaso de mineral a Argentina. Tampoco detallaba el uso de tronaduras que en esta oportunidad si considera.

Para la ciudadanía es alarmante que se siga avanzando en estas formalidades porque sería la puerta de entrada para la mega minería en una comuna donde habitan cerca de 20 mil personas, y que vive principalmente de la ganadería, la pesca artesanal y del turismo.

Otro de los factores  preocupantes es la cercanía del proyecto a la bocatoma de agua que abastece a la ciudad. Según explicó la coordinadora de la campaña “Mantengamos la pureza de la Patagonia” de la Asamblea Ciudadana Última Esperanza, Loreto Vásquez, no existe la certeza que este proyecto no contamine las aguas, más bien la experiencia en otros lugares evidencia que sí lo haría.

Asimismo, se refirió a uno de los impactos menos considerados por la empresa pero de gran relevancia para los vecinos: el flujo constante de camiones de gran envergadura por la ruta principal y por caminos rurales.

“Este proyecto va a implicar el trasporte del carbón a través de los pasos fronterizo de Casas Viejas o Dorotea. Hablan de un tránsito interno dentro de un camino que van a construir por un predio privado. Pero no sé cómo pueden considerar un impacto mínimo el paso de tres a cuatro camiones de alto tonelaje por estas rutas”, señaló.

Mientras, el ingeniero forestal y presidente de la Asamblea, Rafael Contreras, comentó que por el gran flujo turístico de Puerto Natales, ciudad de paso para el Parque Nacional Torres del Paine, los servicios de salud ya han colapsado en algunas temporadas del año.

Por lo mismo, frente a un proyecto contaminante que afectaría la salud de los vecinos tampoco estarían los servicios requeridos.

“Tenemos un Cesfam que no da abasto cuando hay epidemias o alguna situación compleja. Sabemos que estos proyectos van a generar distintas afecciones a la salud y tampoco tendríamos la capacidad para enfrentarlos”, subrayó.

El próximo 28 de noviembre concluye el plazo para que las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Punta Arenas entreguen sus observaciones sobre el proyecto.

El alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes, cuestionó la poca incidencia del municipio en un tema que concierne a la comunidad local.

“Cualquier consulta que nos haga la empresa termina siendo un saludo a la bandera y nada más”, recalcó.

En esa línea, agregó que “no se entendería una postura de los seremis contraria al bienestar de la ciudadanía y que respondería también a decisiones tomadas desde un nivel central, es decir de los ministros en Santiago”.

Los parlamentarios por la zona también se han referido a este nuevo megaproyecto minero. La senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, dijo que esta era una actividad incompatible con las condiciones geográficas y de desarrollo provinciales. El diputado, también de ese partido, Juan Enrique Morano, coincidió con la opinión agregando que es necesario esperar la evaluación técnica del SEIA y que se completen los procesos de acuerdo a las formalidades.

El próximo 14 de diciembre el SEIA realizará una visita en terreno al sector donde se instalaría este proyecto para evaluar materias relacionadas con la hidrología y geología. Mientras, el proceso de información y consulta ciudadana se extenderá hasta febrero de 2017.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2016/12/10/declaran-admisibilidad-de-proyecto-carbonifero-en-magallanes/

Internacional, Noticias

Gran pancarta contra la mina en Sierra de Ávila

la_sierraCon una gran pancarta de diez por diez metros, la Plataforma Ciudadana ‘No a la mina en la Sierra de Ávila’ recorrió varios puntos de la capital abulense en una jornada en la que mostraron en la calle sus argumentos contra el proyecto minero.

Fue en la festiva jornada del jueves, en la que recogieron firmas e informaron con «razones y argumentos científicos y empíricos» para oponerse a la mida en lo que calificaron como «acción pedagógica».

Así, pasaron por el lienzo norte de la muralla, el Mercado Grande y las sedes de Ayuntamiento y Diputación.

Gran pancarta contra la mina en Sierra de Ávila

Ecuador, Noticias

Ecuador: Pueblo Shuar expulsa a minera China y recupera territorio en Nankints

domingo_ankuash-32fe3

Un grupo de indígenas de la nacionalidad Shuar de la comunidad Nankints, en Morona Santiago, tomaron el campamento minero Nankints, el pasado lunes 21 de noviembre.

Las autoridades de la Gobernación de Morona Santiago, a través de un comunicado de prensa, calificaron el hecho como un “ataque armado inesperado por ciudadanos de la nacionalidad Shuar y personas no identificadas”.

Además, anunciaron que se están tomando las medidas de prevención, control y seguridad necesarias para evitar mayores incidentes. “Afirmamos, con certeza, que no se han registrado heridos de gravedad ni rehenes”. Por lo tanto, pidieron calma a la ciudadanía y evitar la difusión de información no oficial.

En Nankints, en agosto de 2016, se instaló la empresa minera china Ecsa Ecuacorriente. El 11 de agosto, según contó en ese entonces Luis Tiwiram, síndico de esa comunidad, policías y militares llegaron a los terrenos y los desalojaron de estas tierras. 32 personas shuar, entre adultos y niños, tuvieron que salir de esta zona y fueron acogidos por “compañeros mestizos” en la parroquia de Panantza, dijo Tiwiram.

De acuerdo con un boletín del Consejo de Gobierno de Confeniae, en la madrugada de este lunes los comuneros de la zona y las bases de la Federación Interprovincial de Centros Shuar Ficsh “ocuparon el campamento de manera pacífica sin encontrar resistencia por parte de los trabajadores de la empresa”.

Hasta el mediodía, decenas de comuneros estaban posesionados del lugar y denunciaron la intención de movilizar a militares desde otros sectores, situación que mantiene a la población en máxima alerta, según esta Federación.

Ante esta situación, las diferentes organizaciones indígenas como la Conaie expresan su total respaldo a la medida adoptada. “Cualquier hecho producido por injerencia de la fuerza pública será de total responsabilidad del Gobierno nacional”, advirtió Marlon Vargas, en conferencia de prensa ofrecida en Puyo.

Fuente:http://www.mapuexpress.org/?p=13938

El Salvador, Noticias

Mesa contra Minería exige a OceanaGold pagar $8 mills. al Estado

fiscal-general-douglas-melendez

La Mesa Nacional frente a la  Minería Metálica (MNFM) exigió ayer a la empresaaustraliana OceanaGold pagar de inmediato la compensación de $8 millones al Estado salvadoreño, establecida hace dos meses por el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

Saúl Baños, portavoz de la organización, expresó que la empresa “lejos de acatar el fallo, lo ha desobedecido”. Aseguró que consultaron al abogado defensor de la minera cuándo pagarán la compensación y respondió que tomará un lapso de  120 días decidir si continuaban con el caso o si pagaban.

El proceso legal inició en 2009, cuando la compañía Pacific Rim -que luego fue comprada por OceanaGold- demandó al Estado salvadoreño por haber suspendido los permisos de exploración y extracción en la mina El Dorado, en San Isidro, Cabañas. Ante el reciente fallo del CIADI a favor de El Salvador, la empresa debe pagar $8 millones para reconocer los costos del litigio.

Al respecto, los representantes de la MNFM mencionaron que existe un vacío legal en el auto judicial emitido, pues “no se determinó el tiempo preciso en que se debe pagar y tampoco se ordena que la empresa que entre más se tarde debe pagar intereses”, por lo que el abogado defensor del país, Luis Parada, solicitó al Tribunal del CIADI que se solventara.

Además, denunciaron la publicación de campos pagados en medios de comunicación masiva, mediante los cuales difunden el eslogan de “minería responsable”, así como las campañas médicas y la promoción de excursiones a minas de Nicaragua para ganar simpatizantes.

En ese sentido, Luis González,  también de la MNFM, llamó a las autoridades de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa para que discutan la propuesta de ley presentada por la entidad para prohibir la minería metálica. También pidieron al Ejecutivo un decreto para evitar más demandas de mineras, y a los salvadoreños para no aceptar falsos discursos.

$8 Millones

Desde el pasado 14 de octubre, OceanaGold debía reconocer los costos del litigio al Estado, más los intereses que el impago ocasiona.

Fuente:http://elmundo.sv/mesa-contra-mineria-exige-a-oceanagold-pagar-8-mills-al-estado/

Colombia, Noticias

Autoridades y habitantes de Támesis se unen en contra de la minería en su municipio

colombinia

Habitantes y autoridades del municipio de Támesis, suroeste antioqueño, se unieron para decir “No” a la minería y “sí” al agua. La administración municipal promovió reuniones con finqueros y campesinos de la vereda La Oculta, en las que fueron expuestas algunas problemáticas que inquietan a la comunidad, entre ellas la incursión de la minería en esa localidad.

La posible puesta en operación de una mina ubicada en la vereda Quebradona de municipio de Jericó prendió las alarmas en Támesis. En esa vereda jericoana nacen las quebradas La Mica, La Yarumala, La Guamo, La Virgen y otras, que proporcionan el agua que utiliza el corregimiento de Palermo y las veredas La Oculta y La Virgen de Támesis.

La comunidad pidió protección y garantías para impedir que proyectos mineros vulneran su derecho a un medio ambiente sano, a la vida digna, al mínimo vital de agua, a la libertad de oficio, a la alimentación, al respeto de su tradicional cultura, al paisaje y a la seguridad.

Los encuentros promovieron la creación de una Mesa Técnica con la que se hará visible la problemática. Esperan que su “No” a la Minería se traduzca en un “Sí” al agua, al fortalecimiento de los corredores biológicos, a las Áreas de Reserva de la Sociedad Civil y a la protección de la riqueza arqueológica y cultural.

La Mesa Técnica quedó conformada, además de finqueros y campesinos, por concejales de varios municipios, colectivos ambientales de La Provincia de Cartama y la Administración Municipal de Támesis, con el propósito de preservar y proteger el territorio frente a la amenaza minera.

Por su parte, el Alcalde de Támesis propuso realizar acciones articuladas para crear Sistemas Locales de Áreas Protegidas (SILAP) en La Provincia Cartama, que garanticen la conservación del agua y la biodiversidad de fauna y flora.

Fuente:http://www.noalamina.org/latinoamerica/colombia/item/16638-autoridades-y-habitantes-de-tamesis-se-unen-en-contra-de-la-mineria-en-su-municipio

Brasil, Noticias

Expansión de minería en noreste de Amazonas causa inquietud en Brasil

amazonia_brasil

Santa Rita, Brasil, 16 Nov (Notimex).- José Lopes de Oliveira no sabe cómo su familia vivirá cuando la empresa Vale termine la obra para incrementar la carga en uno de los mayores trenes de mercancías del mundo, la Estrada de Ferro de Carajas (EFC), que desde hace más de 30 años transporta millones de toneladas de mineral de hierro extraídas del Amazonas hacia los puertos del norte de Brasil.

La línea férrea, inaugurada en 1985, atraviesa en parte de sus 892 kilómetros áreas amazónicas que han sido deforestadas intensamente en los últimos años como consecuencia de la implantación de cultivos de soja y eucalipto, así como la extracción ilegal de madera y la creación de ganadería extensiva.

La línea de tren, que transporta cada año 120 millones de toneladas de mineral de hierro en forma primaria para su exportación desde el puerto de Sao Luis, en el norte del estado de Maranhao, está siendo duplicada, con un nuevo ramal que permitirá superar los 200 millones de toneladas anuales de carga, una iniciativa vivida con recelo por decenas de comunidades que el tren corta –literalmente- en dos partes.

“Nuestra vida va a ser aún peor. Los trenes, que pasan cada 20 minutos, van ahora a ser el doble”, explica de Oliveira a Notimex junto a la ferrovía minutos antes de que una inmensa hilera de vagones -que pueden sumar 330 en un solo convoy y llegar hasta 3.3 kilómetros de longitud- pasen cargados del mineral que Vale extrae de la mina de Carajás, considerada una de las mayores del planeta.

La EFC fue inaugurada durante el declive de la dictadura militar brasileña (1964-1986) que priorizó la explotación de los recursos naturales en el Amazonas sobre cualquier impacto y apoyó macroproyectos de extracción de minerales, de creación de obras con alto impacto socioambiental y la migración masiva a áreas despobladas.

Junto a la línea férrea se construyó una enorme presa hidroeléctrica para suministrar la energía necesaria para extraer el mineral de hierro que alberga la región minera de Carajás, donde se encuentra uno de los mayores yacimientos a cielo abierto del planeta y el mineral de hierro más puro y valioso del mundo.

La EFC permitió a Brasil aprovechar como pocos países el auge de los precios de las materias primas creado por el empuje económico de China en las décadas 1990-2000, ya que la línea férrea enlaza la región minera con un puerto que permite a los buques cargar el mineral y llevarlo a los polos industriales y siderúrgicos de Asia.

Sin embargo, en sus 31 años de actividad, la EFC también ha provocado un enorme impacto ambiental y social, no solo por la deforestación de regiones de bosque amazónico que causó su construcción, sino también por la muerte de decenas de personas que viven en comunidades cortadas por el tren.

La vida de decenas de miles de personas y un centenar de comunidades situadas en 27 municipios de los estados brasileños de Pará y Marañao, al norte del país y en el Amazonas nororiental, está determinada cotidianamente por el paso del tren: desde escuelas que deben parar clases por el ruido a mujeres que pierden sus bebés por quedar aisladas a causa de la parada durante horas de los convoyes.

Ahora, Vale –cuya privatización en 1997 es contestada en los tribunales- ultima la expansión de la mina de Carajás con un nuevo macroyacimiento en Canâa, a 70 kilómetros de la mina original, y avanza en la construcción de una nueva línea férrea que avanza en paralelo a la existente en un proyecto denominado S11D, valuado en 16 mil millones de dólares.

“El tren y la extracción de mineral no nos aporta nada. No ganamos nada con ello. Solo tenemos problemas como la contaminación de nuestros ríos, que usamos para la agricultura, tenemos problemas con la muerte de familiares que son arrollados por el tren al intentar cruzar, porque Vale solo quiere construir viaductos de paso cada tres o cuatro kilómetros”, protesta Jesy Lopes, cuya madre perdió hace uno años a una prima por un accidente en el tren.

Organizaciones como la red Justicia nos Trilhos (Justicia en los Raíles), que trabaja con comunidades impactadas, entre otros, de indígenas, agricultores y quilombolas (asentamientos creados siglos atrás por esclavos negros que lograron huir de sus amos), articula desde hace una década una lucha jurídica y de protestas para reivindicar los derechos de miles de afectados.

Justiça nos Trilhos ha procesado, por ejemplo, a la minera y al órgano ambiental brasileño (IBAMA) por entender que hubo irregularidades en la licencia ambiental de la construcción de la nueva línea férrea, lo que llegó a provocar la suspensión de las obras por hasta 45 días en un proceso que aún no ha concluido por parte de la justicia.

La imagen de Vale en Brasil, una de las mayores empresas del país que es controlada por el Estado, se vio dañada hace un año en el accidente minero de Mariana, en el estado de Minas Gerais (sudeste de Brasil).

Los diques de contención de una presa de residuos de mineral de hierro se rompieron y 60 millones de metros cúbicos de residuos fueron vertidos, causando la muerte de 20 personas y contaminando las aguas del Río Dulce a lo largo de cientos de kilómetros, en lo que es considerado por expertos ambientalistas como uno de los peores accidentes medioambientales de la historia del país.

Fuente: http://www.notimex.gob.mx/notaLibre/538595

Mexico, Noticias

Madgalena Ocotlán impide consulta amañada de Fortuna Silver y autoridades federales

nota-magdalena-1oaxaca-350x210

El día 29 de noviembre de 2016, la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, en complicidad con la Procuraduría Agraria, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, además de una Notaría Pública presionaron a las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán  para aceptar la firma de contratos o convenios de exploración mediante la simulación de una consulta, la cual no se consumó debido a la oposición de la comunidad.

Esta acción generó una fuerte confrontación, ya que la empresa minera con la finalidad de lograr la aceptación de dicha consulta, trasladó a trabajadores de la localidad al palacio municipal, lugar donde se realizaría la actividad. Por su parte el representante legal de la empresa minera, el ing. Javier Castañeda Pedraza y el Subdelegado de la Procuraduría Agraria presionaban a las autoridades locales para que la ciudadanía firmara la boleta por un “sí”.

La “consulta” estuvo plagada de una serie de irregularidades, además de que fue amañada y tendenciosa por lo que generó una fuerte indignación en nuestra comunidad, por lo que actualmente existe un clima de enojo y hostilidad, estos hechos violentan nuestro derecho a la paz social, a la libre determinación, a la integridad de nuestro territorio, así como el derecho al consentimiento previo libre e informado, derechos reconocidos por el gobierno mexicano.

Denunciamos que las autoridades federales y estatales, principalmente la Procuraduría Agraria se encuentran en complicidad con la empresa minera, dejando en total desprotección los derechos reconocidos constitucionalmente a nuestra comunidad, en este caso la Procuraduría Agraria debería velar por los intereses y derechos de las y los ejidatarios, no por los intereses particulares de una compañía minera.

Es importante mencionar que esta acción forma parte del proceso de ampliación del proyecto minero “San José”, ubicado en el municipio vecino de San José del Progreso, el cual ha generado una fuerte conflictividad social y política, además de contaminar nuestro territorio, por citar un ejemplo, durante 2016 se ha incrementado la emisión de polvo, existe contaminación en el arroyo El Coyote por un derrame de la presa de jales, así como un sinnúmero de explosiones que han agrietado nuestras casas.

En este sentido la comunidad de Magdalena Ocotlán, exigimos a las autoridades federales y estatales lo siguiente:

1.    La consulta representa para nosotras y nosotros un acto de provocación, ya que desde 2005 hemos definido no aceptar ningún proyecto minero. En este sentido Magdalena Ocotlán no ha pedido ninguna consulta a ningún orden de gobierno, sino más bien el respeto a los acuerdos establecidos por la comunidad donde rechazamos tajantemente cualquier actividad minera.

2.    Responsabilizamos a la empresa minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca por cualquier confrontación o atropello en nuestra comunidad.

3.    Exigimos al gobierno federal, estatal y municipal cesen el hostigamiento constante que hemos vivido, el cual se incrementó a partir de 2009, fecha en la que sufrimos un desalojo violento por policías federales y estatales, así como 2012, fecha en la que de manera arbitraria y flagrante violación a nuestros derechos, la empresa minera introdujo una manguera de aguas residuales en nuestro territorio.

4.    La comunidad de Magdalena Ocotlán por enésima vez ratificamos nuestra oposición y repudio total al proyecto minero impulsado por Fortuna Silver Mines, declaramos que continuaremos con la defensa de nuestro territorio como lo hemos hecho desde 2005, de igual forma aclaramos que nuestra defensa es de manera pacífica y por las vías legales. Por este motivo hacemos un llamado a las organizaciones sociales y civiles, a las instancias de protección de los derechos humanos, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a mantenerse alerta ante cualquier intención de la empresa por querer imponer dicho proyecto en nuestra comunidad.

Fuente: Denuncia Oaxaca