En la comunidad sanjuanina de La Planta, el paisaje es árido y la lluvia escasea. Las precipitaciones suelen llegar en verano, lo que permite la formación de un tímido curso de agua que atraviesa el pueblo. Allí viven unas 30 familias, dedicadas principalmente a la cría de ganado caprino. También, suelen realizar trabajos golondrina, para los que deben movilizarse a valles cercanos para la cosecha de la vid y otros cultivos. Un problema importante que enfrentan los pobladores es la falta de agua potable. El otro es la exposición a grandes acumulaciones de residuos mineros.
Hasta hace unos 50 años, funcionaba allí una planta de tratamiento de oro, que se extraía de una mina ubicada en la localidad vecina de Marayes. El esqueleto abandonado del edificio que da nombre al pueblo todavía está en pie y los montículos de roca molida que rodean lo que queda de la construcción están a la vista de todos. Lo que no es visible es la posibilidad de contaminación. De hecho, muchos pobladores utilizan esos residuos para construir sus casas. Sin embargo, en 2013 algunos comenzaron a notar que sus cabras se estaban muriendo sin razón aparente.
Con el prolongado desplome del precio del crudo y la recesión tras años de bonanza, el gobierno de Rafael Correa está ahora decidido a enrolarse en la extracción de metales a gran escala, a la que se abrió en 2012. El gobierno considera que el sector es estratégico -junto con el del turismo- para el futuro económico del país y con el impulso a la minería a gran escala busca compensar la caída del precio del crudo, pese a la sostenida resistencia de movimientos sociales e indígenas.
Ya se definió la fecha para la consulta popular minera en Ibagué, de acuerdo con el decreto emitido por el Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, la población de esa ciudad podrá definir si aprueba o no la realización de proyectos mineros el próximo el 2 de octubre.
Como “grave” calificó el senador Fulvio Rossi el derrame de relave en el sitio industrial ubicado en la faena de la Minera Doña Inés de Collahuasi afecto el sector de Ujina. Según la empresa dicho derrame se habría producido por una rotura de una canaleta de transporte. Rossi se mostró preocupado luego que la Superintendencia del Medio Ambiente y Sernageomin fueran a revisar la situación, descubriendo que existían otros cuatro derrames no informados.
Ezequiel Forte analiza de qué manera la posible instauración de veinte represas a lo largo del río Marañon -el mayor afluente del Amazonas- y el consiguiente impacto ambiental, afectarían los derechos fundamentales de las comunidades ribereñas. Siete de esas represas se encuentran proyectadas para la región de Cajamarca, la región que concentra el 80% de las reservas probadas de oro del país y el 30% de las de cobre. Por ello, la construcción de las represas se encontraría principalmente destinada a la provisión de energía a los proyectos de minería a cielo abierto que han causado daños irrecuperables al ambiente, acrecentando también la pobreza de la región.
En entrevista con el Noticiero Ciudadano, Esteban Vilchez, abogado defensor de la comunidad de Caimanes, dijo que no les sorprendió el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena que dejó sin efecto el derrumbe del tranque El Mauro de Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, decretado por el tribunal de letras y garantía de Los Vilos en marzo de 2015.
Este domingo 6 de agosto, la comunidad de Santa Ana Huista en Huehuetenango, Guatemala conmemoró 8 años de la consulta de buena fe en la que la población expresó un rechazo total a la realización de toda actividad minera en su territorio.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) felicita a la Comunidad Indígena de Zacualpan por la resolución recientemente emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) No. 38 en relación con la legalidad de la Asamblea General de Comuneros del día 11 de Octubre de 2015.
Después de un largo proceso judicial, de una importante inversión de tiempo, dedicación, recursos y esfuerzos, con fecha 2 de agosto de 2016, el Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha emitido sentencia y en ella declara FUNDADA la Demanda de Amparo iniciada por la Comunidad Nativa de Supayaku y su Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca – ORFAC, contra el Ministerio de Energía y Minas – MINEM.
La minera canadiense Gold Reserve dijo el lunes que firmó un acuerdo con Venezuela para formar una empresa mixta aurífera y que, como parte de la negociación, el país le pagará 769 millones de dólares como indemnización por haber nacionalizado sus operaciones.