Ante la falta de respuesta del gobierno de San Juan frente al pedido de análisis de la salud de la población y los niveles de contaminación del suelo y agua de la zona luego del derrame de agua cianurada del año pasado, la asamblea “Jáchal no se toca” pide a la comunidad científica del país que se solidarice realizando un análisis imparcial.
Asimismo denunció que no hay respuesta a los reclamos por parte del gobernador y la intendencia.
Con la confirmación del caso de un chico de 5 años, que por un control habitual, se le encontró el triple de los niveles normales de arsénico en el torrente sanguíneo, los vecinos e integrantes de la asamblea piden análisis claros e imparciales de las condiciones de contaminación en que se encuentran el suelo y agua de la zona. Los informes y análisis hechos hasta el día de la fecha en las zonas afectadas son varios pero difieren en procedimientos y resultados, generando desconfianza en la población.
El estado brasileño de Minas Gerais comunicó hoy a la compañía minera Samarco que la ruptura de sus diques el pasado mes de noviembre, que provocó una riada de lodo tóxico, causó daños por valor de 1.200 millones de reales (unos 275 millones de euros o 308 millones de dólares), informaron hoy medios locales. Esa cantidad es, exclusivamente, la valoración de los daños sufridos por los 35 municipios del estado de Minas Gerais afectados por el vertido de lodos tóxicos de la empresa Samarco, formada por la brasileña Vale y la australiana BHP.
Una reunión del Comite de Emergencia se realizó en Colina en la que participaron la Gobernación de Chacabuco, Bomberos, la PDI, la Onemi y la Superintendencia de Medio Ambiente.
El régimen Uribe estableció hacer de Colombia un país minero, y lo dejo consignado en el Plan Nacional de Desarrollo Minero y de Política Ambiental Visión Colombia 2019. A partir de esta decisión se conformaron los distritos mineros definidos conforme al grado de concentración mineral.
Cerro Verde apelará fallo que favorece al Estado. Sociedad Minera Cerro Verde anunció que impugnará ante la Corte Suprema, es decir, mediante un recurso de casación, el fallo del Poder Judicial que en segunda instancia le obliga a pagar al Estado regalías por S/ 286 millones. Así lo informa el diario Gestión.
El proyecto de mina cercana a la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, representaría mayor riesgo para la población, expresó Claudia Gutiérrez de Vivanco, integrante de la asociación civil Madres Veracruzanas.
El sector minero-energético ha tenido un aumento en las últimas décadas y más aún desde los planes de desarrollo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde se propuso la llamada Locomotora Minera. Con esto se pretendió establecer nuevos lineamientos y directrices en materia legislativa y económica frente al uso de los recursos naturales. A partir de ahí, y posteriormente con la llegada de Juan Manuel Santos, no se ha hecho más que otorgar licencias de exploración y explotación minera, con el fin de castigar la minería ilegal y pasar a la gran minería.
Otra vez, a espaldas de la gente, el gobierno corpaccista hace preparar los papeles para firmar un nuevo acuerdo con la empresa minera YAMANA GOLD donde los catamarqueños, sin duda, saldremos perdiendo, perjudicados, afectados. Ellos (YAMANA) renuncian a seguir litigando por Cerro Atajo y nosotros (el Estado catamarqueño que administra Lucía Corpacci) le entregamos el control de un grupo de yacimientos (incluído Agua Rica) por 40 años. ¡Somos geniales!
Los dos permisos de exploración aurífera solicitados por Grupo M-FM 2001 S.L., «Isabela II» (4.368 hectáreas), ya autorizado, y «Livia» (4.536 hectáreas), todavía en tramitación, copan buena parte del territorio de este municipio de la comarca coruñesa de la Terra de Soneira, frente a áreas de menor extensión en los ayuntamientos de Vimianzo, Coristanco, Santa Comba y Mazaricos. De la fase de exploración a la de explotación hay sólo un paso y este rincón de Galicia podría encontrarse con un conflicto socioambiental equivalente al vivido en Cabana de Bergantiños, Coristanco y Ponteceso estos últimos años.
La minera trasnacional Peña Colorada enfrenta una denuncia por las vías penal y administrativa bajo el cargo de despojo e invasión del rancho Los Potros, ubicado en la franja de conflicto limítrofe entre los estados de Colima y Jalisco.