El ambientalista Eduardo Gudynas sostuvo, en una de sus visitas a Bolivia, que no existe actividad minera (extractivista, en realidad) que sea «menos” contaminante para la naturaleza y que en temas de medio ambiente es difícil hablar de «daños menores” (o menos malos).
La idea, rescatando el postulado de este reconocido ambientalista uruguayo es que, como sucede con los derechos humanos (que son interdependientes e indivisibles), todo daño al medio ambiente es irreversible y no existe prácticamente actividad de explotación de recursos naturales que no le afecte.
Esta reflexión surge de los resultados de una encuesta realizada por la Dirección de Medio Ambiente, Minería e Industria (dependiente del Ministerio de Minería), que señala que en Bolivia el 64% de las explotaciones auríferas grandes y pequeñas emplean el mercurio en sus operaciones. En otras palabras, tanto los pequeños emprendimientos mineros (legales o ilegales; personales o de cooperativas), como los grandes, envenenan el medio ambiente.
Honduras, Nicaragua y Guatemala son los países con más kilómetros cuadrados de territorio concesionados y con más concesiones mineras. Organizaciones sociales explican su impacto.
Las aguas de la mina San José son extremadamente ácidas –tienen un pH de 1,0 a 1,2, una fuerte concentración de metales pesados y una elevada acumulación de sedimentos totales–, en comparación con las aguas de los drenajes de otras explotaciones mineras.
Este domingo 12 de octubre se realizó una gigantesca marcha de más de 2,500 pobladores, hombres y mujeres, adultos, jóvenes, niñas y niños, de las comunidades del municipio de Rancho Grande en el departamento de Matagalpa.
La frase fue fuerte y desató algunas sonrisas, puesto que hasta los representantes del oficialismo presente sintieron que la intervención era un problema más que una ayuda. 
La lucha del gobierno contra la minería ilegal continúa y ahora el 
En el corregimiento La Caucana de Tarazá, un centenar de familias se preguntan por qué las tierras baldías que habitan y trabajan desde hace más de 20 resultaron en manos de la empresa minera Cerro Matoso S.A., y no adjudicadas a ellos.
En asamblea popular del 12 de septiembre de este año una multitud abarrotó la plaza de Todos Santos, Baja California Sur, recuperando ese espacio que ha estado ahí desde siempre, el espacio público, recuperándolo, ocupándolo con un propósito fundamental, exigir el respeto a sus derechos, exigirle al gobierno el respeto por su derecho a la vida. Asistieron cientos de todos santeños y miles de sudcalifornianos, llegó gente de La Paz, Los Cabos, Los Planes, El Sargento, entre muchas otras poblaciones, ejidos, rancherías y lugares del estado. También asistieron decenas de extranjeros avecindados en Baja California Sur y algunos ciudadanos de otros estados de la República. La multitud era de muy diversos lugares así como de diferentes filiaciones políticas y religiosas. En suma, una congregación plural unida por objetivos comunes: la defensa de la Sierra de la Laguna y el agua que en ésta se acumula y que de ella se reparte a gran parte de surcalifornia, dándole vida a esta agreste y hermosa tierra; y la defensa del litoral de la península, fuente de trabajo para las comunidades de pescadores y de alimento para la población, además de que el litoral y sus atractivos naturales son una de las razones fundamentales del posicionamiento turístico de Baja California Sur. Defensa que implica el rechazo total de la ciudadanía a los megaproyectos mineros terrestres y submarinos, y en general a cualquier proyecto extractivo minero tóxico (¿y cuál no lo es?). De eso trata el Pacto de Todos Santos (www.facebook.com/frenteaguayvidabcs/photos/pcb.568198699973671/568188879974653/?type=1&theater), del derecho a la vida. Pero va más allá.
Cientos de campesinos y ciudadanos marcharon esta tarde en Teziutlán Puebla, para exigir al gobierno de Rafael Moreno Valle y del edil Antonio Vázquez cancelar la instalación de minas e hidroeléctricas en dicho municipio, ya que pone en riesgo la biodiversidad e incrementa la contaminación en los ríos, lo que pone en peligro la salud de los habitantes.
La empresa Minera de inversión Subo abandonó labores de explotación de manganeso en la comunidad Rio Mulatos (Potosí), lo que provocó que pobladores de la región se declaren en alerta, debido a deuda de haberes y por la presencia de altos índices de contaminación ambiental.