Veinte organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, presentaron el día de ayer en la Ciudad de México, el informe “Justicia para San José del Progreso”, donde se documentan violaciones a más de una decena de derechos humanos (DH) en la comunidad, por parte de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, así como de los gobiernos oaxaqueño y federal, luego de la imposición de un proyecto minero.
El informe es resultado de una Misión de Observación realizada a finales de 2012, y da cuenta de los derechos que han sido violados a la población a consecuencia de la minería, entre los que destacan: el derecho a la vida, al consentimiento previo, libre e informado; el respeto a la propiedad colectiva e integridad del territorio; a la libre determinación, a un medio ambiente sano, de asociación y reunión, de las defensoras y defensores de derechos humanos y a la administración de justicia (por mencionar algunos).
El día de ayer, el juzgado supraprovincial de Ica desestimó por tercera vez la acusación fiscal contra Oscar Mollohuanca, alcalde de Espinar, y un conjunto de líderes sociales de esa provincia cusqueña, acusados de generar violencia durante las protestas del año 2012 contra la minera Xstrata-Tintaya reclamando la renegociación del Acuerdo Marco y la intervención del gobierno nacional frente a las denuncias de contaminación minera. Lo que ha puesto en evidencia la decisión del juez es que todo aquello que se dijo en contra del alcalde y los dirigentes de dicha provincia eran afirmaciones sin ningún sustento.
Técnicos de la minera Falconbridge Dominicana (FALCONDO) no están seguros de la explotación de Loma Miranda, en caso de obtener el correspondiente permiso del Estado Dominicano.
Un video elaborado por investigadores del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM aborda los impactos ambientales, económicos y sociales de esta modalidad extractiva en México.
Saquean empresas mineras a países de la América Latina con el consentimiento de sus propios gobiernos, y dejan una estela de contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método de extractivo a cielo abierto.
El presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de la provincia de Sucre, Johnny Martínez Arone, denunció que la minera australiana Laconia intenta obtener una licencia de concesión para la exploración en 100 mil hectáreas de terreno que incluyen la cuenca hidrográfica de Ccarhuarazo. El 99% de las autoridades locales y distritales están en contra del ingreso de la minería.
Dentro de la lucha por impedir que se instale una mina de oro en la comunidad indígena de Zacualpan, este martes la nueva mesa directiva acudirá al Registro Agrario Nacional (RAN) para conocer si dicha dependencia registró la última acta de la asamblea.
“Los procesos extractivos de la gran minería son intensivos en agua y energía, de modo tal que por cada tonelada de mineral exportado, se utilizan también varias toneladas de agua y grandes cantidades de energía, y los que unos consumen a otros se les quita”, mencionó Horacio Machado Aráoz, investigador del CEIICH de la UNAM.