El documento elaborado por las organizaciones no gubernamentales Grufides, Cooper Acción y Fedepaz analizó la situación de cinco regiones del país, Apurímac y Cuzco, las norteñas Piura y Cajamarca y la central Junín.
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú denunció que la ley de consulta previa a los pueblos indígenas promulgada hace casi dos años está «entrampada» y consideró que su aplicación es clave para reducir la conflictividad.
«El entrampamiento de la aplicación de la ley de consulta previa» es uno de los «focos» de protestas sociales en el país, señala el informe.