La minería en Guatemala viola los derechos humanos porque «se les impone un modelo económico y social que rompe su propio tejido social y los expone a graves riesgos por la contaminación que esta industria (la minera) provoca», según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) presentado hoy en la capital guatemalteca.
Las violaciones a los derechos humanos se dan en el contexto de un estado débil, fragmentado y signado por la impunidad, indica el estudio «La industria extractiva en Guatemala: políticas públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el período 2003-2011».
Según la coordinadora de la investigación, Semona Yagenova, a las comunidades guatemaltecas «se les impone un modelo económico y social que rompe su propio tejido social y los expone a graves riesgos por la contaminación que esta industria (la minera) provoca».
Inversionistas retomaron el controvertido proyecto minero Concordia, ahora bajo el nombre Los Cardones, que busca operar una mina de oro a cielo abierto en la zona de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, en Baja California Sur.
La iniciativa proponía perfeccionar la institucionalidad a cargo de la fiscalización y las normas que regulan la seguridad minera.Por 50 votos a favor, 40 en contra y 10 abstenciones, la Cámara rechazó el proyecto (boletín 7848) sobre seguridad e institucionalidad minera, al no alcanzar el quórum necesario de aprobación. El texto legal creaba una Superintendencia de Minería y el Servicio Geológico de Chile.
Iniciativas suman inversiones por cerca de US$ 285 millones: Se trata de un yacimiento de hierro y un terminal portuario de US$ 185 millones que también atendería a otros productores.
Está claro que el caso Conga ha entrado a una nueva etapa, en la que se esperan decisiones importantes de los principales actores involucrados en el conflicto. Algunos hasta se animan a decir que estamos en un escenario post Conga.