La acción judicial rechaza la Resolución de Calificación Ambiental, aprobada en agosto.
Trabajos de mitigación no garantizan que no haya impacto, expone la resolución.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Arica acogió este martes los recursos de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental y del comité que encabeza el intendente de la Región de Arica y Parinacota, José Durana, que aprobó el proyecto minero Los Pumas.
La Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama aprobó este martes la realización del proyecto minero El Morro.
Éste, que se ubicará en la cordillera del Valle del Huasco, había sido anteriormente suspendido luego de que la justicia determinara que vulneraba el derecho a consulta de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos, ya que la Conadi no realizó el proceso de consulta debido a que ésta no estaba inscrita en los registros de la institución, sino que por la Ley de Comunidades Agrícolas.
Según determinó en su momento la Corte de Apelaciones de Antofagasta que se hizo cargo de esta causa, se violó en dicha ocasión la Ley 19.300 y el artículo 169 al que suscribe Chile en la OIT.
La Corte Suprema del Perú reconoció a la consulta previa como un derecho humano fundamental y exigible ante el Poder Judicial. Estableció las diferencias entre el derecho a la consulta previa y la participación ciudadana en los proyectos de inversión, y anuló las disposiciones reglamentarias que confundían estos derechos y provocaban que en los proyectos de exploración minera y de hidrocarburos no se realizaran consultas a los pueblos indígenas y tribales, sino solo talleres informativos.
La sentencia de la Corte Suprema -que resuelve en última instancia la demanda interpuesta por el Instituto de Defensa Legal contra el Ministerio de Energía y Minas- señala que el Convenio 169 de la OIT -que norma la consulta previa a los pueblos indígenas y tribales- es también una norma constitucional peruana, por lo que cualquier disposición de menor rango (como el reglamento) que se oponga no tendrá efecto legal luego de que este fallo se publique en el diario oficial.
Por quinto año consecutivo, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú publica el «Informe Alternativo 2012 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, que analiza el período de agosto de 2011 a julio de 2012.
Hace pocos días, el informe fue presentado por representantes de la sociedad civil y de organizaciones indígenas con la finalidad de denunciar la falta de cumplimiento del Convenio en el país. El documento, como en los años anteriores, también fue enviado a la Comisión de Especialistas en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, que analiza el grado de cumplimiento de los convenios internacionales.
El coordinador de Fortalecimiento Político de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe, anunció que se llevarán adelante diversas acciones a nivel de las organizaciones indígenas internacionales para denunciar los «antecedentes» del nuevo embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, Sacha Llorenti.