La zozobra sobre la posible reactivación de la mina de El Tránsito, en Nacaome, ha regresado. Y es que según los vecinos, en los últimos días se les informó que el acta conciliatoria que se había elaborado entre la comunidad y los dueños de la zona desapareció del expediente del juzgado de Nacaome.
Lourdes Zelaya, integrante del patronato, informó que para sorpresa de ellos a través de una de las abogadas de Cáritas se enteraron que no existe el documento que impedía que se reactivaran las labores mineras en la zona.
“Nosotros nos dimos cuenta el 15 de agosto y las autoridades del Juzgado nuevamente tendrán que llamar a ambas partes a declarar”, dijo Zelaya. De acuerdo con la representante comunitaria, han decidido presentar las copias del documento que mantenían en la comunidad, pues no están dispuestos a perder la paz en la localidad.
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La mitad del departamento del Quindío podría convertirse en una desértica mina. John James Fernández, director de la Corporación Regional del Quindío, CRQ, lanzó la advertencia. Aunque la naturaleza hoy predomina en el llamado ‘Corazón Verde de Colombia’, en las oficinas de la Agencia Nacional Minera, ANM, cuya sede central está en Bogotá, se cuece lo que podría convertirse en un ‘apocalipsis’ ambiental para la región.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó este martes las 1.571 firmas que la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del cantón Girón, en la provincia del Azuay presentó y que respaldan la convocatoria a una consulta popular, que decida la explotación minera a gran escala en esa zona del país. Ahora, la Corte Constitucional (CC) deberá anlizar la constitucionalidad de la pregunta que se realizará a la población.
El periodo político que estamos viviendo en Chile, está marcado por el agotamiento de la política de los consensos que ha primado los últimos 25 años, que entre otras cosas, tuvo como consecuencia mantener y profundizar un marco constitucional ilegítimo creado en dictadura y un sistema político antidemocrático. Pero también, por la irrupción de ciudadanos y ciudadanas que demandan reformas estructurales al modelo chileno a nivel de su marco constitucional. La Constitución crea el Estado subsidiario, protege la libre empresa y la propiedad privada al mismo nivel que las garantías constitucionales esenciales, no garantiza los derechos sociales o colectivos, y sienta las bases para la privatización y depredación de los bienes comunes como los minerales y el agua, la biodiversidad, el aire, la memoria, entre otros.
Con enorme preocupación y molestia, la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, denunció una serie de irregularidades que permiten suponer que el Estado ha retrasado la promulgación de la norma secundaria de aguas para el valle, aquella que establece la calidad ambiental de las aguas superficiales, por presiones fundamentalmente de Barrick Gold.
Me confieso que soy antiminería desde los siete años. Mi mamá venía de San Félix, Chiriquí, que era el punto de entrada hacia el proyecto de Cerro Colorado. Ella se encargó de explicarme todos los impactos y daños que podía causar la minería a su pueblo y a su querido río San Félix. Mi madre redactó poemas y fábulas infantiles sobre su querido río San Félix, al que ella acudía de niña a buscar agua y a llevar a los caballos a beber.
En el sistema capitalista-imperialista la industria minera se basa en la violencia para su imposición y desarrollo. Múltiples son las formas en que esta industria extractiva ejerce violencia contra las mujeres, incluso antes de que comience la explotación de los minerales y luego de que termina la vida útil de las minas, desde el momento mismo en que las corporaciones invaden un territorio, utilizando la violencia física y sexual para el despojo y el control, violando y violentando derechos, y poniendo en riesgo a las comunidades y ecosistemas donde las mujeres y sus familias desarrollan su vida; luego generando división y rompimiento del tejido social, despojando a las mujeres de sus medios de vida, sobreexplotando su fuerza de trabajo, masculinizando los espacios y reforzando el patriarcado, aumentando los niveles de violencia intrafamiliar, la prostitución, así como la criminalización de las mujeres defensoras de derechos; y después de que han extraído todo el mineral, dejando las dolorosas secuelas sociales y ambientales, como daños irreversibles en la salud de las mujeres y sus familias, sin que nadie responda por estos crímenes.
Los militares no se van. La medida fue rechazada por los dirigentes de la provincia arequipeña. Los militares, hasta el momento, han permanecido dos meses en dicha zona.
Los manifestantes llegaron a poca distancia de las obras de instalación de la minería, tratado de romper el cordón policial que tenía rodeada a zona. La Policía repelió disparando gases lacrimógenos y luego los perseguió con rabia a los manifestantes que estaban huyendo hacia el bosque. Algunos de ellos contestaron tirando piedras o cócteles molotov. La policía procedió a 75 retenciones, la mayoría se realizó una vez acabada la manifestación. Además, la policía detuvo un autocar con manifestantes que estaban marchándose hacia sus pueblos de origen. Ver video y galería de imágenes al pie del artículo.
Un equipo del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú visitó el pasado 20 de agosto el Valle del Tambo en la provincia de Islay. El motivo de la visita era realizar una suerte de constatación de la situación actual y recoger opiniones de sus pobladores, luego de la etapa de estallido social y movilización de rechazo al proyecto Tía María.