Los gobiernos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa entregaron en concesión a empresas mineras nacionales y extranjeras 8 millones 336 mil 990 hectáreas en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Puebla.
Al número de hectáreas otorgadas por ambos presidentes en esas seis entidades del país se suman un millón 278 mil 445 cedidas en Michoacán. La Jornada publicó hace dos semanas que los panistas concedieron permisos para explotación minera en la sexta parte del territorio que ocupa este último estado.
En suma, tomando en consideración las autorizaciones otorgadas por Fox y Calderón en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla, el total de hectáreas concesionadas es de 9 millones 615 mil 435.36.
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Más de 200 concesiones para la explotación de minerales en Honduras fueron canceladas por incumplimiento de ley, reveló el director del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), Agapito Rodríguez.Tales concesiones fueron otorgadas años atrás, pero nunca iniciaron operaciones por incumplir los requisitos que señala la Ley de Minería, incluso, muchas de estas empresas ni siquiera pagaron el canon correspondiente, indicó el funcionario.
El impacto ambiental de las industrias extractivas, como la minera y la petrolera, es una faceta opaca en México, como por ejemplo el uso de la fractura hidráulica, dijo a Sputnik Nóvosti Aroa de la Fuente, coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas.
El informe que la empresa Barrick Gold le entregó al ministerio de Minería es contundente: la canadiense reconoció que pudieron certificar el derrame de 224.000 litros de solución cianurada en Veladero. Lo peor de todo es que es sólo lo que se pudo contabilizar desde el momento que se cerró el ingreso del químico al circuito de lixiviación, es decir, el derrame puede ser mucho mayor.
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia da la razón a la asociación vecinal Oro No, que había denunciado la actuación ilegal de la canadiense por el incumplimiento en la autorización de horarios y la falta de control en los vertidos realizados durante sus tareas de prospección en Tapia de Casariego.
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A partir de la “Declaración de Acacoyagua”, elaborada en el marco del foro Estatal de Afectados por la Minería los días 15 y 16 de agosto del 2015 en la región del Soconusco, Chiapas, en donde “refrendamos nuestro compromiso de continuar unidos y organizados en favor de la defensa de nuestro territorio, el agua y la vida”, avanzamos en diversas acciones políticas para denunciar la actividad minera.
En Gachantiva (Boyacá), realizarán consulta popular para decidir sobre el futuro de la minería en el municipio. La medida se anunció este jueves, en una audiencia pública en el Congreso sobre las afectaciones de la minería en Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense.
El Inai desechó una primera versión pública entregada por la Semarnat a un ciudadano por haber suprimido información de carácter ambiental; la minera está implicada en el derrame de materiales tóxicos en Río Sonora y Bacanuchi.