Más de 200 concesiones para la explotación de minerales en Honduras fueron canceladas por incumplimiento de ley, reveló el director del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), Agapito Rodríguez.Tales concesiones fueron otorgadas años atrás, pero nunca iniciaron operaciones por incumplir los requisitos que señala la Ley de Minería, incluso, muchas de estas empresas ni siquiera pagaron el canon correspondiente, indicó el funcionario.
Rodríguez explicó que a través de estos contratos fueron concesionadas en favor de empresas transnacionales grandes extensiones de tierra para la explotación de minería metálica y no metálica a gran escala, sin embargo, no ejecutaron el plan de inversión que presentaron en determinado momento.Las concesiones que fueron anuladas están ubicadas en los departamentos de Olancho, Colón, Choluteca y Santa Bárbara, detalló Rodríguez.
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El impacto ambiental de las industrias extractivas, como la minera y la petrolera, es una faceta opaca en México, como por ejemplo el uso de la fractura hidráulica, dijo a Sputnik Nóvosti Aroa de la Fuente, coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas.
El informe que la empresa Barrick Gold le entregó al ministerio de Minería es contundente: la canadiense reconoció que pudieron certificar el derrame de 224.000 litros de solución cianurada en Veladero. Lo peor de todo es que es sólo lo que se pudo contabilizar desde el momento que se cerró el ingreso del químico al circuito de lixiviación, es decir, el derrame puede ser mucho mayor.
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia da la razón a la asociación vecinal Oro No, que había denunciado la actuación ilegal de la canadiense por el incumplimiento en la autorización de horarios y la falta de control en los vertidos realizados durante sus tareas de prospección en Tapia de Casariego.
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A partir de la “Declaración de Acacoyagua”, elaborada en el marco del foro Estatal de Afectados por la Minería los días 15 y 16 de agosto del 2015 en la región del Soconusco, Chiapas, en donde “refrendamos nuestro compromiso de continuar unidos y organizados en favor de la defensa de nuestro territorio, el agua y la vida”, avanzamos en diversas acciones políticas para denunciar la actividad minera.
En Gachantiva (Boyacá), realizarán consulta popular para decidir sobre el futuro de la minería en el municipio. La medida se anunció este jueves, en una audiencia pública en el Congreso sobre las afectaciones de la minería en Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense.
El Inai desechó una primera versión pública entregada por la Semarnat a un ciudadano por haber suprimido información de carácter ambiental; la minera está implicada en el derrame de materiales tóxicos en Río Sonora y Bacanuchi.
A pesar de las explicaciones de las autoridades comunales y de los equipos técnicos de Osse y del hospital del departamento, los