Mucho se ha analizado sobre los cuestionamientos al modelo de desarrollo y reales cambios efectuados por los gobiernos progresistas o de sensibilidad de izquierda que han dirigido nuestro subcontinente en los últimos años. Sin embargo, en algunos de estos países el panorama nos muestra que la derecha neoliberal y conservadora comienza a lograr triunfos significativos, como ya sucedió con la elección presidencial de Mauricio Macri en Argentina y la derrota del chavismo en las últimas legislativas en Venezuela.
No obstante, e independiente de los gobiernos de turno en la región, hay un dato que no miente: En Latinoamérica los ingresos provenientes del sector extractivo -que incluye la explotación minera y petrolera- se han incrementado 20 veces durante la última década. Una situación que ha ocasionado la propagación de un sinnúmero de conflictos socio-ambientales a lo largo de la región y la consiguiente violación de derechos sociales, ambientales, económicos y culturales de millones de latinoamericanos.
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Despuntaba la década de los años noventa cuando los venezolanos se enteraron de la llegada de los garimpeiros al sur del país. Estos mineros artesanales provenientes de Brasil habían traspasado la amplia frontera amazónica entre ambos países atraídos por la fiebre del oro, abriendo fosas en medio de la selva para extraer el preciado metal. Estas actividades ilícitas afectaron el frágil equilibrio del ecosistema amazónico, la salud y modo de vida de las poblaciones indígenas y criollas, e incluso amenazaron el potencial hidroeléctrico del país sudamericano. En ese momento, las fuerzas armadas venezolanas contaron la llegada de estos exploradores ilegales en cerca de mil individuos, expulsando al menos a la mitad de ellos.
Hay en México muchos ejemplos de personas que enfrentan poderes fácticos y económicos para defender su dignidad, territorios, bienes y sus derechos humanos. Entre ellos se cuenta la lucha y resistencia del líder nahua-otomí del poblado Potros, Félix Monroy Rutilo, quien desde el pasado 5 de enero ha visto intensificados los ataques en su contra por una de las dos minas de hierro más grandes del país: el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada SA de CV, filial de la multinacional minera italo-argentina Ternium, de negro historial en el ámbito de los derechos humanos. Su resistencia y lucha se enmarcan en el conflicto histórico y jurídico, del que ya tiene conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre los gobiernos de Jalisco y Colima, por el control del territorio limítrofe, del que ya he dado cuenta en otras ocasiones (La Jornada, 18/1/14).
Las autoridades encargadas de negociar el TTIP, TPP, CETA, TISA… ignoran el sistema internacional de los derechos humanos y privilegian los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Están reformando el sistema jurídico internacional por la vía de los hechos y profundizando en la fragmentación del Derecho Internacional.
Ayer en la mañana el vocero regional de la agrupación Alerta Isla Riesco, Gregor Stipicic, presentó un recurso de reposición en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental (Sea) de Magallanes. El documento pretende revocar la decisión, emanada desde el Sea, de no incluir la participación ni consulta ciudadana en relación al proyecto de incorporación de tronaduras como método de extracción en la Mina Invierno.
Para seguir avanzando en analizar y mitigar los distintos impactos que ha generado la contaminación del agua a causa de las faenas de la minera El Toqui, de la empresa Nyrstar, se llevó a cabo la mesa tripartita mensual donde se reunieron personas del sector público, representates de la empresa, así como pobladores, además dirigentes campesinos y vecinales.
La minería ilegal en Buriticá, occidente de Antioquia, produciría 60 mil onzas de oro al año causando un impacto ambiental 10 veces mayor al habitual, según voceros de Continental Gold, propietaria de los títulos mineros en este municipio.
La comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de diputados citó para “confrontar”, como textualmente fue planteado por el diputado Leopoldo Pérez, a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hecho gatillado por la intervención extraordinaria de representantes de la Coordinación de Territorios por la defensa de Glaciares en dicha instancia, donde se dio cuenta que el informe anual del INDH 2015, plantea la vulneración de derechos en que incurre el proyecto de glaciares. 
La compañía minera involucrada en la fatal ruptura de dos diques de lodos tóxicos el año pasado en Brasil dijo que su presidente y jefe de operaciones se separaron temporalmente de sus cargos. El presidente de Samarco, una empresa conjunta de los gigantes mineros Vale y BHP Billiton, Ricardo Vescovi y el jefe de operaciones Kleber Terra pidieron dejar sus puestos para preparar su defensa.
Para favorecer los trámites de una empresa minera que pretende explotar oro en varios sectores olanchanos, desconocidos falsificaron la firma y sello de la secretaria municipal de Juticalpa, Brenda Yamileth Méndez Carrasco, según denuncia interpuesta en el Ministerio Público (MP).