Sociedad civil y autoridades legislativas opinan sobre los desalojos en Tundayme
Durante el último semestre se han perpetrado tres desalojos en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, con el objetivo de abrir el camino al proyecto Mirador de minería a gran escala, afectando a más de 30 familias. Los hechos no escaparon de la atención de organizaciones de derechos humanos, académicos y autoridades legislativas, que han organizado misiones de observación y veedurías.
El 30 de septiembre de 2015 ocurrió el primero de esta serie de desalojos. Trabajadores de la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA), con apoyo de la Policía Nacional, echaron abajo las casas de 16 familias. El 15 de diciembre y la madrugada del 16, desalojaron a 13 familias más, mientras que el 4 de febrero una anciana shuar de 107 años fue retirada del espacio que constituía su morada en la zona de San Marcos, luego de que años atrás su vivienda fuera incendiada por trabajadores de ECSA.
El 4 de febrero, en Nueva Zelanda la presidenta ratificará la firma del TPP, dejando como única vía de escape a la mayor cesión de soberanía que haya hecho nuestro país, al parlamento, el que podrá de manera plebiscitaría votar por la validación o no de este acuerdo secreto, confeccionado a espaldas de la ciudadanía y de las y los legisladores de los doce países firmantes, pero con la participación activa de 600 lobistas de las principales transnacionales del planeta.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, tras estudiar una demanda interpuesta por miembros del Polo Democrático contra el Plan Nacional de Desarrollo, decidió este lunes que algunos artículos de éste van en contra de la Constitución, entre ellos el que permite la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos del país. El alto tribunal consideró que, pese a la existencia de títulos mineros, prevalece el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por las licencias ambientales. 
Desde hace una semana, vecinos de Andalgalá acamparon en la plaza Lavalle, frente a los Tribunales porteños. Reclaman a la Corte Suprema la suspensión del proyecto minero de Agua Rica, para proteger las fuentes de agua y la población.
Tras la rotura de una cañería de mineralización de un tranque de relave de la empresa minera AngloAmerican, El Demócrata conversó con el coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina en Chile, César Padilla, quien asegura que el llamado a la calma de la compañía global es una “mentira de la minería” y que “estamos en presencia de una situación de contaminación incontrolable”. Según datos del Sernageomin, en Chile hay al menos 152 relaves activos.
Un rotundo "no" a cualquier proyecto minero que intente entrar al municipio de Loreto, expresaron de manera abierta la alcaldesa Arely Arce Peralta y el diputado local Rodolfo Davis Osuna, durante el Primer Foro "Impactos de la Minería Metálica" organizado por el Frente Común por la Defensa de Loreto A.C. (Frecodel).
Los 17 muertos y dos desaparecidos que dejó la ruptura de dos diques de contención minera en noviembre en el sureste de Brasil, deben ser considerados como "víctimas de homicidio" cuya responsabilidad recae sobre las empresas propietarias de la instalación, anunció el comisario Rodrigo Bustamante, encargado de la investigación. Subrayó que las compañías Vale, de Brasil, y el anglo-australiano BHP Billiton podrán ser consideradas como responsables de daños ambientales y sus directivos o funcionarios podrían ser acusadas de homicidio voluntario o involuntario.
Ante la falta de respuesta del gobierno de San Juan frente al pedido de análisis de la salud de la población y los niveles de contaminación del suelo y agua de la zona luego del derrame de agua cianurada del año pasado, la asamblea “Jáchal no se toca” pide a la comunidad científica del país que se solidarice realizando un análisis imparcial.
El estado brasileño de Minas Gerais comunicó hoy a la compañía minera Samarco que la ruptura de sus diques el pasado mes de noviembre, que provocó una riada de lodo tóxico, causó daños por valor de 1.200 millones de reales (unos 275 millones de euros o 308 millones de dólares), informaron hoy medios locales. Esa cantidad es, exclusivamente, la valoración de los daños sufridos por los 35 municipios del estado de Minas Gerais afectados por el vertido de lodos tóxicos de la empresa Samarco, formada por la brasileña Vale y la australiana BHP.
Una reunión del Comite de Emergencia se realizó en Colina en la que participaron la Gobernación de Chacabuco, Bomberos, la PDI, la Onemi y la Superintendencia de Medio Ambiente.