Agrupaciones civiles ecologistas se sumaron a las voces que rechazan la iniciativa del Gobierno venezolano de emprender una extensiva explotación minera en el río Orinoco, en la zona denominada el “Arco Minero”, por las consecuencias ambientales que tendría.
Como se recuerda, en febrero pasado, el Gobierno puso en marcha el “motor minero”, como parte de su estrategia para supuestamente fortalecer el aparato productivo del país y superar el modelo rentista de los ingresos petroleros, ante la caída de los precios del petróleo.
Con ese fin, mediante el decreto número 2.248 se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”, un territorio de 117.000 kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional), en la cuenca del río Orinoco.
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El periodista Raúl Zibechi estuvo en la XXIV Cátedra Libre Marcelo Quiroga Santa Cruz “Análisis y alternativas a la dependencia y el extractivismo en el marco de la crisis económica mundial”, realizada el pasado martes 16 de febrero en el paraninfo de la UMSA. Afirma que el extractivismo es una guerra mundial de los de “arriba”, de las multinacionales y de los Estados, contra los pueblos para apropiarse de la tierra y el agua. “La particularidad de América Latina en los últimos 10 o 15 años es que este modelo extractivo, esta acumulación por despojo, esta cuarta guerra mundial, ha sido encabezada por gobiernos progresistas”, dice. Propone para salir del extractivismo, que no sólo es un modelo económico sino uno político, social y cultural, derrotar al sistema financiero, “a ese 1% que domina el mundo y cada uno de nuestros países”.
Con la espiritualidad y fuerza de nuestros ancestros y ancestras, los movimientos sociales y populares del mundo nos auto convocamos, para honrar la lucha de Berta Cáceres, compartiendo sus ideales y el profundo amor por la madre tierra y los bienes comunes de la naturaleza.
El estudio titulado “El crimen organizado y el oro ilegalmente extraído en América Latina” de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, asegura que las organizaciones delictivas que se dedican al narcotráfico, han incrementado la extorsión, robo y amenaza a empresas mineras que operan en el país, propagando así la violencia en contra de trabajadores y comunidades en donde se instalan los proyectos mineros.
La ministra de Industria, Carolina Cossente, informó que Aratirí presentó a una segunda empresa para que se haga cargo de la explotación minera en la zona de Valentines y el gobierno analizará si esa firma está en condiciones de llevar a cabo la iniciativa, aunque adelantó que no tiene antecedentes en el rubro.
Campesinos y activistas comenzaron una caravana para oponerse a los proyectos mineros y la construcción de plantas hidroeléctricas en la región. Hoy salieron de Cuetzalan para recorrer municipios de la zona hasta llegar a Teziutlán el próximo sábado, de ahí se unirán a una marcha nacional que se realizará el 11 y 12 de abril en la Ciudad de México.
Después de que la Corte Constitucional dictara un fallo a favor de una demanda interpuesta por congresistas del Polo Democrático, en la que se impide hacer minería en zonas de Páramos, la multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp, ha anunciado la intención de demandar a Colombia bajo el capítulo de inversión del TLC entre Canadá y Colombia. Asímismo, el pasado mes de febrero, Colombia fue notificada de una demanda interpuesta por la multinacional Tobie Mining Inc por 16 mil millones de dólares. Demanda interpuesta en el marco del TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos.
Más de nueve mil ciudadanos exigen a las autoridades del estado de Hidalgo frenar el ecocidio que se pretende llevar a cabo con el proyecto de movilización de los jales de la zona urbana de Pachuca al municipio de Epazoyucan.
El presidente Evo Morales indicó que la inversión para este proyecto es de 422 millones de dólares, de los cuales el 85% se financia con crédito chino, mientras que el restante 15% sale del tesoro boliviano.
El día de hoy, jueves 31 de marzo de 2016, el Juzgado Primero de Letras de Intibucá, Honduras, con instrucciones de la Jueza Victorina Flores Orellana, ha resuelto dejar sin valor y efecto la medida de prohibición para salir de ese país a Gustavo Castro Soto a la que estaba sometido desde el 7 de marzo.