Un estudio realizado por expertos de diferentes áreas de la salud de los Estados Unidos determinó que las acciones del Grupo México en la remediación de la zona contaminada por el derrame tóxico en 2014, son insuficientes. Según la investigación, el desastre ambiental afectó a 22 municipios del Estado de Sonora, dejando a la población con graves problemas de salud y un “ecosistema sin vida”. El 70 por ciento de los habitantes de siete poblados tienen problemas de salud debido al desastre ambiental ocasionado por la empresa Grupo México, que afectó a los alrededores de los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 de agosto del 2014.
Estos especialistas de los ámbitos de la salud, socio-económicos y derechos humanos, indicaron que el 70 por ciento de los habitantes de siete poblados tienen problemas de salud debido al desastre ambiental ocasionado por la empresa Grupo México, que afectó a los alrededores de los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 de agosto del 2014, informó El Imparcial.
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Este miércoles 6 de abril recién pasado, una comitiva de la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares[1], concurrió a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, a denunciar la vulneración de una serie de derechos, que se consagraría de ser aprobado el proyecto de ley de “protección” de Glaciares. El cual se está discutiendo en la comisión de Medio Ambiente, luego de que el proyecto original fuese completamente reemplazado, mediante tres indicaciones sustitutivas impuestas por el ejecutivo, respondiendo a las presiones ejercidas por la gran minería al Gobierno, representadas por el Consejo Minero y Codelco. Se puede apreciar que las indicaciones son idénticas a la ley que proponía el Consejo Minero.
Treinta comuneros llegaron desde Apurímac a comienzos de marzo y se han instalado en los exteriores de la Defensoría del Pueblo para reclamar un diálogo con la empresa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”. El informe destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicables a este tema.
La plataforma unitaria contra las minas de potasa en La Bal d’Onsella y El Perdón ha denunciado la información que ofrece Geoalcali y algunos consistorios de la merindad de Sangüesa sobre la creación de puestos de trabajo y una explotación minera (proyecto Muga) para más de 40 años. Información “interesada con datos especulativos” que “incluso contradice lo que está escrito en el proyecto presentado en el Ministerio”. Así, recuerdan que el proyecto de explotación habla de una duración de 18 años, que los contratos de la empresa serán 50 y el resto serán subcontratados.
El último reporte de tendencias de inversión minera en exploraciones a nivel mundial (SNL Metals & Mining) señala que durante el 2015 hubo una caída de -19% de las inversiones globales respecto al 2014, con lo cual se produce una reducción por cuarto año consecutivo. Este nivel de inversión es el más bajo en los últimos seis años. De hecho, el retroceso de la inversión mundial en exploraciones ha sido abrupto desde el 2012 con una caída acumulada de -55% (ver gráfico).
“Todo lo que sucede en la cordillera, dónde está el emprendimiento, termina en el Atlántico”, señaló. Se estima que la rotura del caño generó cerca de un millón de litros de solución cianurada. La contaminación atravesaría varias provincias hasta llegar al río Colorado.
El alcalde enfatizó que no importa que sean empresas extranjeras o nacionales, deben acatar los ordenamientos legales del estado y municipio donde trabajan.
En total, 17 fuentes hídricas en La Guajira se han secado debido la actividad minera de la empresa El Cerrejón, según denuncia Angélica Ortíz, vocera de Fuerza Mujeres Wayúu. La combinación de las formas de privatización de las aguas, por apropiación y contaminación producto del modelo extractivo, son las principales causas por las cuales actualmente el pueblo indígena de la Guajira está muriendo de sed y hambre.
Las familias campesinas del municipio de Yunchará, El Puente y Las Carreras se encuentran en estado de emergencia por la contaminación de las aguas del río San Juan del Oro, a consecuencia de la actividad minera en los municipios de Tupiza y Villazón, por lo que piden a las autoridades a intervenir de inmediato.