Hace cinco meses, el día 5 de noviembre de 2015, el distrito de Bento Rodrigues, en la ciudad de Mariana (Minas Gerais), fue arrastrado por una ola de lodo contaminado proveniente de la represa Fundão, gerenciada por la empresa minera Samarco, que es controlada por la Vale S/A y por la anglo-australiana BHP Billiton. Por lo menos 19 personas perdieron la vida. Los residuos tóxicos se explayaron por todo el Río Doce, llegando a la costa del estado de Espírito Santo y comprometiendo ecosistemas enteros. La tragedia de Mariana es considerada la mayor tragedia ambiental de la historia de Brasil.
De aquí para allá, no cambió mucha cosa, ni en el medio ambiente, ni en la vida de las personas afectadas. Nadie de la empresa fue condenada. El hecho más reciente es la nueva acción civil pública presentada por el Ministerio Público de Minas Gerais el último lunes (4), que solicitó que la empresa minera sea obligada a contener la fuga de residuos en cinco días.
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Comunicado de prensa
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y Centro para la Diversidad Biológica consideran correcta la decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de negar la autorización en materia de impacto ambiental al proyecto de minería submarina “Don Diego”, que pretendía llevarse a cabo en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, debido a los posibles impactos ambientales para la región.
La revelación de millones de documentos del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y otros medios, ha permitido saber más sobre algunas de las empresas mineras más cuestionadas.
Ciudad Ixtepec fue declarado como territorio libre de minería, por unos mil colonos y representantes de organizaciones campesinas, ganaderas, educativas, comisariados de bienes comunales, colectivos de jóvenes, artistas, promotores culturales y ecológicos -entre otros- del Istmo de Tehuantepec; esto debido a las afectaciones que representa la extracción de minerales a cielo abierto a gran escala (envenenamiento de las tierras, aguas y viento), que han sufrido otros pueblos.
Entre las observaciones que hizo el especialista Robert Moran en la mina Veladero, se destaca que en relación al derrame del 12 y 13 de septiembre de 2015, se han hecho muchas correcciones que no se habían concretado durante 10 años, las cuales fueron señaladas como falencias en el informe que emitió el ministerio de Ambiente de la Nación. Moran informó que la precariedad en materia de seguridad en la mina Veladero durante años es alarmante. Dijo que el glaciar Almirante Brown esta seccionado y cortado a la mitad por el camino minero.
Un estudio realizado por expertos de diferentes áreas de la salud de los Estados Unidos determinó que las acciones del Grupo México en la remediación de la zona contaminada por el derrame tóxico en 2014, son insuficientes. Según la investigación, el desastre ambiental afectó a 22 municipios del Estado de Sonora, dejando a la población con graves problemas de salud y un “ecosistema sin vida”. El 70 por ciento de los habitantes de siete poblados tienen problemas de salud debido al desastre ambiental ocasionado por la empresa Grupo México, que afectó a los alrededores de los ríos Bacanuchi y Sonora, el 6 de agosto del 2014.
Este miércoles 6 de abril recién pasado, una comitiva de la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares[1], concurrió a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados, a denunciar la vulneración de una serie de derechos, que se consagraría de ser aprobado el proyecto de ley de “protección” de Glaciares. El cual se está discutiendo en la comisión de Medio Ambiente, luego de que el proyecto original fuese completamente reemplazado, mediante tres indicaciones sustitutivas impuestas por el ejecutivo, respondiendo a las presiones ejercidas por la gran minería al Gobierno, representadas por el Consejo Minero y Codelco. Se puede apreciar que las indicaciones son idénticas a la ley que proponía el Consejo Minero.
Treinta comuneros llegaron desde Apurímac a comienzos de marzo y se han instalado en los exteriores de la Defensoría del Pueblo para reclamar un diálogo con la empresa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el informe “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”. El informe destaca el alcance y la complejidad de las problemáticas causadas por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicables a este tema.