Andres Mckinley, representante de la Universidad Centroamericana (UCA) junto a miembros de ADES y la International Allies Against Mining in El Salvador demandaron la prohibición total de la minería en el país, indistintamente la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para el Estado salvadoreño.
“Esta demanda es injusta, de Pacific Rim/Oceana Gold, ante el CIADI, organismo del Banco Mundial que tiene una demanda por 250 millones de dólares. Desde el año 2009 el Estado salvadoreño ha gastado 12 millones de dólares… en los últimos siete años… cuando esos recursos pudieron utilizarse en salud, educación, seguridad, producción alimentaria”, afirmó.
Las organizaciones consideran que la acción legal de la transnacional minera era “abusiva”, al no recibió el permiso de la Unidad de Minas e Hidrocarburos del Ministerio de Economía para la explotación de oro y plata en el municipio de San Isidro, departamento de Cabañas, por tanto no calificaba con sus permisos según leyes de El Salvador.
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