El gobierno mexicano tiene perfectamente identificados los grandes conflictos agrarios, sociales y ambientales que afrontan las comunidades indígenas del país, y en el caso del pueblo wixárika del Norte de Jalisco y de Nayarit, el registro de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (Codipim) del gobierno de la república, que preside Jaime Martínez Veloz, es de cinco asuntos.
Eso hace que del total de los casos regionales, quince (ocho de ellos en Jalisco), la tercera parte tenga que ver con las comunidades wixaritari de la Sierra Madre Occidental; por clasificación de problemas, predominan los conflictos mineros (seis), seguidos de agrarios, de derechos indígenas, de seguridad y justicia, medioambientales y de construcción de infraestructura.
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Por fuera del “espacio de diálogo” organizado por el gobierno y al que las Asambleas por el Agua renunciaron denunciando que el Ejecutivo propició el “desprestigio calumnioso” de los ambientalistas, vecinos autoconvocados de San Carlos organizaron una nueva instancia de debate sobre la explotación minera en Mendoza denominado “Encuentro con el Pueblo”.
Se llama Constelación y pertenece a una compañía canadiense. Tiene una proyección de 50 años para extraer oro, plata y cobre. Afectaría uno de los glaciares más extensos de la cordillera. Todavía sacude a la población el último derrame de cianuro de Barrick Gold en Veladero y el gobierno del sanjuanino de Sergio Uñac busca darle luz verde a este mega proyecto minero. Los negociados entre empresas y gobiernos desoyen la Ley de Glaciares y la lucha de las comundiades que denuncian saqueo y contaminación.
La minería ilegal dentro de la Reserva Nacional Tambopata, ubicada en la región Madre de Dios, supera las 450 hectáreas, lo que equivale a 615 campos de fútbol.
La vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, explicó el renovado impulso oficial a la industria minera. La minería es destructora de las economías regionales, contaminadora y sin peso en la recaudación fiscal. Sin embargo , esta es la respuesta hacia empresas y Canadá frente al desastre de Barrick Gold en Veladero y el creciente malestar social contra la actividad minera haciendo como que aquí no pasa nada y si pasa, es porque lo anteriores lo hicieron mal.
Manifestantes que bloquean el acceso a la mina mexicana Peñasquito, operada por Goldcorp, dijeron el viernes que mantendrán su protesta hasta que logren un acuerdo sobre sus demandas de puestos de trabajo, compensaciones por daños ambientales y el uso del agua. A finales de agosto Reuters informó que la mina había estado lidiando con una prolongada filtración de selenio, un mineral potencialmente tóxico en altas concentraciones, y de la que no se había informado hasta entonces a las poblaciones aledañas.
En Chile, donde la minería desempeña una parte importante de la economía, las regiones mineras poseen altos niveles de indigencia de su población. Las comunas del norte del país que tienen como principal actividad económica la minería registraron una tasa promedio de pobreza por ingresos de 10,4%, aunque existen marcadas diferencias entre los nueve territorios incluidos en la Casen 2015.
EN PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección en materia de contaminación de suelo a la empresa Industrial Minera México, ubicada en el municipio de Santa Bárbara, Chihuahua, con motivo de un derrame de 290 toneladas de jales ocurrido el pasado 26 de septiembre.
La entidad aseguró que estas podrían suponer una “extralimitación de las funciones” de alcaldes y gobernadores. También criticó el gasto público que se requiere para realizarlas. A pesar de que la consulta popular que se realizará en Ibagué, Tolima, para que los ciudadanos decidan si quieren, o no, que haya minería en el territorio fue recibida con buenos ojos, la Procuraduría aseguró este jueves que “las entidades territoriales no son competentes para realizar consultas populares sobre actividades de la industria extractiva”.