Los activistas de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (Decoin) recibieron un espaldarazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Programa de esta entidad para el Desarrollo entregó el premio Ecuatorial 2017 a 15 organizaciones en África, Asia y América que trabajan en soluciones locales para la gente, la naturaleza y la capacidad de recuperación o de adaptación de las comunidades.
Entre los que recibieron el galardón está Decoin, que desde hace 20 años brinda apoyo a las comunas del valle de Íntag, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, que luchan contra la expansión minera.
Ese esfuerzo les ha permitido conservar más de 12 000 hectáreas de biodiversidad andina y proponer alternativas de subsistencia en 38 comunidades campesinas, explica Carlos Zorrilla, uno de los miembros de Decoin.
La producción de café orgánico y el turismo comunitario están entre las opciones, que han tendido raíces en este valle de clima subtropical. Entre los ganadores se encuentran iniciativas novedosas como una propuesta de solución del conflicto de Malí, África, para proteger al elefante que está en peligro.
La Decoin emprendió una lucha en 1995 cuando ingresaron a la localidad ...
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Para los ambientalistas, los trabajos de minería ejecutados por las grandes empresas afectarán al páramo en su totalidad, sin importar si limita o no con este ecosistema.
Aunque las empresas mineras ubicadas cerca al Páramo de Santurbán han manifestado que los proyectos están diseñados para generar un menor impacto al ecosistema, para Gonzalo Peña Ortiz, especialista en Ingeniería Ambiental, esto no es cierto y terminará afectado completamente este lugar y el agua que surte a Bucaramanga y su área metropolitana.
“El daño es irreversible para el sistema paramuno, esto se presenta por el hecho de sacar millones de toneladas de material de sus entrañas para luego procesarlos. Es físicamente imposible que vuelva a ser lo mismo”, explica Peña Ortiz.
Para el ambientalista, los trabajos de minería que se realizarán en la provincia Soto Norte (Matanza, California, Vetas, Tona, Charta y Suratá) llevarán a que el páramo pierda sus funciones primordiales de reserva de agua: “en otras palabras el daño se producirá por la rotura y extracción de los materiales, independientemente de la tecnología que utilicen y de los compuestos empleados en la actividad minera”.
Ante estas afirmaciones, José Hernán Valencia, especialista en ...
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La cifra de afectados por uno de los desastres ambientales más grandes registrados México, el vertido hace ya tres años de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora por parte de la empresa minera Buenavista –del Grupo México– no deja de ascender.
Actualmente, tal y como indica el diario mexicano ‘La Jornada’, el número de personas a las que se les ha detectado residuos tóxicos en sangre y orina ha ascendido de 360 a 381.
Según indica el citado medio, el responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), Lázaro Euardo Ávila, ha informado de que todas las personas son atendidas y monitoreadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a través de análisis de sangre y orina cada cuatro meses.
Y es que, según publica ‘La Jornada’, un estudio a cargo del Grupo Microanálisis –un laboratorio que realiza trabajos específicos para Eveas– los habitantes de lugares cercanos al río Sonora continúan consumiendo agua con altos niveles de plomo, arsénico y hierro.
Dicha situación llevó a que Grupo México, una vez ocurridos los hechos, se comprometiera a instalar un total ...
Gran parte de las empresas mineras y de hidrocarburos que operan en México carecen de políticas de transparencia sobre sus beneficiarios, generan graves afectaciones sociales y medioambientales, y pagan una cantidad ínfima de impuestos, en comparación con las ganancias que obtienen.
Regeneración, 3 de julio de 2017.- De acuerdo con el informe Las actividades extractivas en México: estado actual 2016, la organización advierte, en primer lugar, que la participación de algunas empresas trasnacionales despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación ambiental.
Uno de los aspectos más destacados en el estudio es que tanto la minería como la extracción de hidrocarburos reciben trato de privilegio en las leyes mexicanas al ser consideradas actividades de utilidad pública, lo cual las pone por encima de otras labores económicas o sociales, e incluso del respeto a la naturaleza o los derechos humanos.
De esa forma, indican los autores del estudio, “los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones, los ecosistemas, el clima y el futuro de México, en un contexto donde, además, el Estado le apuesta a la extracción de gas y petróleo no convencional (…) ...
Son notorias y muy alarmantes las modificaciones que introduce el reciente Acuerdo Federal Minero firmado entre el Presidente de la Nación y 14 gobernadores. Detrás de una fachada discursiva que propone una mejor gestión del ambiente, este acuerdo en realidad dispone todo lo contrario. El mismo busca consolidar un modelo minero netamente extractivista, ideado en la década de los noventa, a expensas de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales.
Hace tiempo que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), conformada por las grandes transnacionales del sector, viene realizando un poderoso lobby que, por un lado, apunta a profundizar el generoso marco jurídico y económico que beneficia la actividad; por otro lado, desconoce y pasa por encima de la normativa ambiental provincial y nacional, gestada en la última década al calor de las luchas socioambientales. En efecto, este Acuerdo tiene la tarea de atacar los escollos que, desde la óptica de la CAEM, vienen a “ensombrecer” el despliegue de la actividad.
Así, ante la evidente ausencia de Licencia social (siete provincias sancionaron leyes que prohíben la actividad, como consecuencia de las movilizaciones populares), el acuerdo obliga a incorporar ...
(Europa).- Stop Uranio pide a la Diputación de Salamanca que actúe y haga algo tras el inicio de las obras de desvío de una carretera “sin permiso” hecho por Berkeley.
Stop Uranio ha lamentado que la empresa minera Berkeley haya iniciado el desvío de la carretera SA-322 que comunica Retortillo con Villavieja de Yeltes (Salamanca) “sin contar con los correspondientes permisos” y ha pedido a la Diputación de Salamanca que actúe sobre este caso. A este respecto, la plataforma ha recordado que la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, en su reunión de 1 de febrero de 2017, dejó “claro” que para realizar esta construcción debía contar con autorización de uso excepcional de uso de suelo rústico y licencia urbanística.
La actuación de Berkeley “al margen de la Ley”, y tras el atestado levantado por la Guardia Civil, “ha obligado al ayuntamiento de Retortillo a abrir expediente sancionador a la empresa minera mediante Resolución de alcaldía de fecha 17 de febrero, a la vez que ordenar la paralización de las obras que se estaban ejecutando sin los oportunos permisos”.
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Pobladores de La Puya, San José del Golfo, llegaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) a realizar un plantón para exigir que el máximo tribunal resuelva los fallos para detener la actividad minera en esa zona.
Unas 100 personas, vecinos de San José del Golfo, pertenecientes al Movimiento de Resistencia Pacífica La Puya, llegaron a la Corte de Constitucionalidad a manifestar con pancartas, mantas, bocinas y música.
Los pobladores piden a la CC que resuelva los fallos de las acciones interpuestas que buscan detener la actividad minera en el lugar.
Fuente:http://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/pobladores-de-la-puya-piden-a-la-cc-fallos-contra-mina
La compañía minera australiana OceanaGold desistió de invertir en minería metálica en El Salvador y ayer finalmente cumplió con la orden girada por un tribunal del Banco Mundial (BM), de pagarle al Estado una compensación de $8 millones.
El próximo 4 de julio, en la ciudad de Ica, se realizará la audiencia final del caso del ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca y varios otros dirigentes sociales de esa provincia de Cusco.
Como se sabe, el largo proceso judicial es consecuencia del paro provincial de mayo de 2012, que en su momento fue convocado por las principales organizaciones sociales de la zona y liderado por el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE).
Luego de varios días de paralización y enfrentamientos, el gobierno de entonces declaró el Estado de Emergencia. Inmediatamente, se ordenó la detención de varios dirigentes sociales y del alcalde Mollohuanca, que fueron trasladados, en un primer momento a la ciudad del Cusco y posteriormente a Ica, lugar donde se ha llevado todos estos años el proceso judicial, imputándoles los delitos de atentado contra la seguridad pública, entorpecimiento de los servicios y disturbios.
El arresto del alcalde de Espinar desató una ola de protestas a nivel nacional e internacional. Bajo fuerte presión y buscando crear mejores condiciones para superar la tensión y los enfrentamientos en toda la provincia de Espinar, el gobierno de Humala tomó ...
Ejidatarios y activistas ambientales en Veracruz exigen que se detengan los proyectos mineros que amenazan a seres humanos, flora y fauna.
La biodiversidad que se aloja en los cerros que flanquean el Golfo de México, desde Alto Lucero hasta Actopan, está nuevamente amenazada por los proyectos mineros de El Cobre 2 y Caballo Blanco, este último autorizado recientemente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que ejecute trabajos de exploración.
Pese a la oposición de ejidatarios y activistas ambientales, y a las múltiples suspensiones en los últimos 5 años, las compañías canadienses Almaden Minerals y Candelaria Mining Corp han insistido en explotar oro, plata y otros minerales en esta región localizada a unos 40 kilómetros al norte del puerto de Veracruz y a 5 kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.
Para La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), la actividad minera en la región es inviable en los aspectos ambiental, social y de seguridad para los cerca de 10 mil habitantes de las comunidades aledañas.
En dos proyectos diferentes, las compañías extranjeras prevén recuperar en el mediano plazo una inversión no cuantificada, pero sí estimada ...