La organización
Familia Pasta de Conchos interpuso quejas que por fin fueron escuchadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien este pasado 9 de diciembre, en su Comunicado de Prensa CDG417/18, dio a conocer la Recomendación 62/2018, en la que definió que la extracción de carbón en las poblaciones del Municipio de Sabinas y en al Área Natural Protegida en la Región Carbonífera del estado de Coahuila son ilegales, que no cuentan con concesiones, ni con Estudio de Impacto Ambiental; que violan los usos del suelo y los derechos humanos; la seguridad jurídica, el medio ambiente, la vivienda adecuada, la salud, la vida, la integridad personal, al agua, la propiedad, el saneamiento, la circulación y residencia. Del mismo modo se violan disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de Bienes Nacionales, así como otras disposiciones relativas con el asentamiento humano, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y el Plan Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Sabinas. No nos sorprende que entre los dueños de estas minas ilegales aparezcan exfuncionarios públicos y funcionarios actuales como; el ex regidor de Sabinas, Álvaro Jaime Arellano, ...
Desde tempranas horas pobladores de Fuerabamba y Cotabambas, en Apurímac, acudieron a Cusco para esperar al presidente Martín Vizcarra y exigirle que levante el estado de emergencia en el corredor minero del sur.
“Estamos recibiendo abusos, nuestra casa ha sido violada por la minera Las Bambas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, la Presidencia del Consejo de Ministros y por todos”, exclamó uno de los pobladores.
Desde el 2010 el corredor minero del sur es escenario de conflictos sociales que originaron protestas, bloqueos de carreteras, entre otrosa., por el rechazo de los campesinos a las mineras MMG Limited, dueña de Las Bambas; Hudbay Perú, que explota Constancia; y Glencore, que tiene en sus manos Antapaccay y Coroccohuayco. Todas extraen, principalmente, cobre.
Incluso en los años 2015 y 2016 las huelgas y enfrentamientos con la Policía dejaron cinco fallecidos.
La protesta fue considerada por el Ejecutivo como un conflicto activo en escalada. Por lo que el presidente Martín Vizcarra decidió este año declararlo en estado de emergencia por 30 días en el mes de setiembre. Este plazo fue ampliado sucesivamente.
Además, los pobladores ...
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en Perú.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH) sobre la criminalización de los Sres. Juan Carlos Ruíz Molleda, abogado de derechos humanos que trabaja en el Instituto de Defensa Legal (IDL)
Durante cinco días, varias comunidades campesinas del distrito de Haquira (Apurímac) realizaron una paralización contra la empresa minera Anabi. La medida de protesta fue levantada este martes sin alcanzar ningún acuerdo con la empresa.
Entre los motivos de la protesta está el pedido de retirar la presa de relaves de Anabi, por ser un peligro permanente para la población de Haquira. Como se recuerda, meses atrás dicha presa de relaves colapsó, lo que ocasionó la muerte de cientos de truchas. Luego de ello, la empresa ha pretendido reparar el daño causado mediante el repoblamiento de truchas en el río. Sin embargo, las comunidades de Haquira consideran que este episodio muestra que la presa es un riesgo constante, y por ello piden su retiro y su reubicación en otra zona.
Fueron cuatro las comunidades que se manifestaron en esta oportunidad: Patán, Pauchi, Piscocalla y Huancascca. La protesta se produjo tras varios intentos de diálogo y envío de diversas cartas y oficios por parte de las comunidades, las mismas que no fueron atendidas oportunamente.
Otra de las razones de la protesta tiene que ver con la ausencia de desarrollo económico en la zona, ...
El dos veces rechazado proyecto minero “Tía María” se acerca a horas decisivas. La empresa Southern Perú ha incrementado la presión pública sobre el Gobierno para que le otorgue la licencia de construcción, la última autorización que le falta. ¿El apuro? En agosto próximo vence el plazo de vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado el 2014.
Si el Gobierno no le otorga la licencia de construcción antes de agosto, la empresa tendrá que hacer nuevos estudios, lo que implica un mayor gasto.
La semana pasada, la empresa anunció el relanzamiento del polémico proyecto y presentó cifras de encuestas realizadas en la zona, donde supuestamente se vería un mayor apoyo popular a la actividad minera. Según las encuestas contratadas por la empresa, en el Valle del Tambo el 66% consideraría que el proyecto Tía María beneficiaría a la población. Sin embargo, no se ha hecho pública la ficha técnica de esas encuestas, lo que no permite conocer su margen de error, muestra ni otros elementos relevantes.
Lo cierto es que las organizaciones sociales de la región continúan sosteniendo una fuerte oposición al proyecto. 
En el municipio de San Lorenzo, Departamento de Nariño se realizó este 25 de noviembre la Consulta Popular Legítima contra la megaminería, pero también en favor de defender los bienes comunes como el agua y la tierra. Esta medida fue tomada por la comunidad campesina y en general, porque están trabajando por la vocación agrícola con enfoque agroecológico en este territorio del suroeste colombiano. El 98,46% de los votantes dijeron NO a la exploración y explotación minera en metales e hidrocarburos.
Los resultados de la consulta tuvieron una votación de 6.764 personas de los cuales 6.660 (98,46%) dijeron NO a la exploración y explotación minera en metales e hidrocarburos y el 0,78% votó por el SÍ. La actividad fue mandatada por el Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo Norte de Nariño y Sur del Cauca (TCAM), siendo esta la figura territorial que el movimiento campesino y popular ha establecido legítimamente para llevar a cabo los planes de desarrollo de las comunidades, representado en el Comité por la protección del agua, la vida y el territorio del municipio de San Lorenzo.
Seguidamente, los alcances de esta consulta popular recoge al Consejo Municipal de San Lorenzo, ...
En este capítulo de la serie Extractiv-Istmo. El desarrollo del México imaginario y la resistencia del México verdadero, se analizan los impactos del modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de recursos naturales, a costa del terreno en donde se encuentren localizados, de los ecosistemas existentes y de los pueblos que habiten ese sitio.
Los daños que estos modelos de desarrollo causan siempre son para las comunidades a las que se despoja de su territorio, bienes naturales, paz social y salud, mientras que las enormes ganancias económicas que produce esta explotación ni siquiera se quedan en el país.
El desarrollo se entiende desde esta óptica en una forma de modernizar la pobreza, no de acabar con ella, mientras los grandes capitales .
En este artículo el autor define el fenómeno y sus características y evalúa los impactos negativos que tiene sobre las políticas estatales a través del denominado “efecto derrame”. La frecuencia con que los extractivismos se entretejen con ilegalidades, alegalidades y corrupción lleva al autor a plantear que en su mayoría conllevan en sus prácticas el signo de la violencia. Para estos extractivismos realizados con fuerte violencia se ha acuñado un nuevo término: extrahección.
Los llamados extractivismos se han convertido en un drama social y ambiental que se repite en casi todo el planeta. En América Latina aparecen en todos los rincones del continente: desde las perforaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador al monocultivo de soja en las sabanas del centro de Brasil, desde la megaminería chilena al fracking en la Patagonia de Argentina.
Este tipo de explotación de la naturaleza no es nueva, pero más allá de su larga historia, el particular contexto de la década de 2000 hizo que se multiplicara en todo el continente americano. Eran tiempos de optimismo y expansión económica, de cambios políticos y muchas ilusiones. Pero de todos modos, América Latina volvió a apostar por extraer ...
La organización confía en que esta propuesta se frene, ya que “abre la puerta al expolio del territorio, vulnera la ley estatal de suelo y el artículo 45 de la Constitución”
Ecologistas en Acción instó este viernes los grupos parlamentarios de las Cortes en la oposición a rechazar una proposición de ley del PP “que autoriza las actividades extractivas en cualquier suelo rústico con protección” y que los ‘populares’ trasladarán al Pleno del próximo miércoles. A juicio de la organización verde, la negativa a esa medida supondría la protección del medio rural de Castilla y León “de los intereses especuladores de las empresas mineras”.
En este sentido, Ecologistas en Acción reclamó al resto de grupos parlamentarios que tiren abajo esta propuesta, ya que “abre la puerta al expolio del territorio, vulnera la ley estatal de suelo y el artículo 45 de la Constitución Española”.
La finalidad real de la modificación de la Ley de Urbanismo que promueve el Grupo Popular es, “como él reconoce, desbloquear proyectos mineros especulativos objeto de oposición en toda Castilla y León”. La organización ecologista apeló a la responsabilidad del resto de grupos parlamentarios para frenar con su ...
Organizaciones civiles y académicos demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República que se respeten los procedimientos de consulta en comunidades y pueblos indígenas para que se garantice su consentimiento previo, libre e informado, antes de la asignación de alguna concesión.
En un manifiesto, ante las iniciativas de reforma a la Ley Minera, presentada por las senadoras Jesús Lucía Trasviña Waldenrath y Angélica García Arrieta, expusieron que la actual legislación ha permitido poner a disposición de las empresas, las tierras y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, porque consideran la actividad minera como de utilidad pública y preferente, sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.
Además, señalaron que este marco normativo otorga amplias y excesivas prerrogativas a los concesionarios mineros, compensadas por escasas obligaciones y sobre todo, es contrario a los derechos de comunidades rurales, mestizas e indígenas, así como al respeto al medio ambiente.
De esta manera, reclamaron que se realicen foros públicos de discusión del nuevo marco normativo con la participación de integrantes de ...