La corrupción institucionalizada, como conjunto de prácticas gubernamentales, ha contribuido a la persistencia y profundización de la crisis del agua en la región centro de Zacatecas, tales como la tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales, los bajos niveles de inspección y vigilancia de las extracciones, y los cambios “en el papel” de los volúmenes disponibles de agua para poder otorgar nuevas concesiones.
Así lo afirmó Cindy McCulligh, posdoctorante en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien manifestó que en el estado se subordinan las consideraciones de sustentabilidad ecológica y social a la prioridad del Estado neoliberal de atraer y retener la inversión privada y extranjera, en particular en la industria, la agricultura y la minería.
Precisó que el concepto de “corrupción institucionalizada” no se refiere a los actos individuales de corrupción por parte de autoridades del agua o medio ambiente, sino más bien a un patrón ...
La corrupción institucionalizada ha contribuido en la crisis del agua en región centro de Zacatecas
■ Hay tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales: Cindy McCulligh, posdoctorante en la UAZ
La corrupción institucionalizada, como conjunto de prácticas gubernamentales, ha contribuido a la persistencia y profundización de la crisis del agua en la región centro de Zacatecas, tales como la tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales, los bajos niveles de inspección y vigilancia de las extracciones, y los cambios “en el papel” de los volúmenes disponibles de agua para poder otorgar nuevas concesiones.
Así lo afirmó Cindy McCulligh, posdoctorante en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien manifestó que en el estado se subordinan las consideraciones de sustentabilidad ecológica y social a la prioridad del Estado neoliberal de atraer y retener la inversión privada y extranjera, en particular en la industria, la agricultura y la minería.
Precisó que el concepto de “corrupción institucionalizada” no se refiere a los actos individuales de corrupción por parte de autoridades del agua o medio ambiente, sino más bien a un patrón ...
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La corrupción institucionalizada, como conjunto de prácticas gubernamentales, ha contribuido a la persistencia y profundización de la crisis del agua en la región centro de Zacatecas, tales como la tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales, los bajos niveles de inspección y vigilancia de las extracciones, y los cambios “en el papel” de los volúmenes disponibles de agua para poder otorgar nuevas concesiones.
Así lo afirmó Cindy McCulligh, posdoctorante en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien manifestó que en el estado se subordinan las consideraciones de sustentabilidad ecológica y social a la prioridad del Estado neoliberal de atraer y retener la inversión privada y extranjera, en particular en la industria, la agricultura y la minería.
Precisó que el concepto de “corrupción institucionalizada” no se refiere a los actos individuales de corrupción por parte de autoridades del agua o medio ambiente, sino más bien a un patrón ...
Luego que la corte constitucional fallara a favor de una demanda interpuesta por el polo democrático, en la que se impedía la minería y la extracción de hidrocarburosen las zonas protegidas, una empresas canadiense ha interpuesto una multimillonaria demanda en contra del estado colombiano, se trata de Eco Oro Mineral Corp con sede en Canadá, haciendo uso de sus derechos legales, entregados por el gobierno en los marcos puntuales del tratado de libre comercio firmado por Colombia.
Especial mentiras de la Asociación Minera de Putaendo y de los Andes Copper.
Se estima que la caravana con el mercurio líquido dará una vuelta de más de 2.400 kilómetros para llegar al puerto local, que está a unos 775 kilómetros de distancia de la mina.
Cien toneladas de mercurio fueron despachadas desde una mina argentina con rumbo al puerto de San Antonio. Los residuos de este químico son trasladados en camiones desde la mina Veladero, en San Juan, y serán llevados al puerto chileno para ser embarcados a Alemania, según informó 
Cusco. Después de varias postergaciones, el viernes empezó el juicio oral en contra de 10 exdirigentes que entre diciembre del 2011 y febrero del 2012 impulsaron las protestas contra una supuesta 
En el país tenemos al menos 45 conflictos (OCMAL, 2018) serios y muy complejos derivado de las más de 20 millones de hectáreas vigentes concesionadas a las empresas mineras. A ellos, se sumarán los conflictos socioambientales generados por las mineras que se están explotando para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
En la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIAMR) del NAIM, se indica que: “se calcula un volumen aproximado de 35,448,000 m3 de material requerido para la nivelación del terreno, la fuente de suministro serán los bancos localizados en los municipios de Ecatepec, Chimalhuacan, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco” (GACM, II-83). Es decir, el material requerido tan sólo para nivelar el terreno corresponde al volumen de 6,394 albercas olímpicas o 381 veces más del material que se utilizó para la construcción del Estadio Azteca. Pero ¿de qué material esta hablando la MIAMR?
De manera particular se señala que durante la Fase 1, una vez que se retiren 7 millones de m3 (por las excavaciones del terreno), “el volumen para relleno será de 15,986,000 m3, el tipo de material que se empleará será tepetate y tezontle” (GACM, II-83). Este relleno se obtendrá de “bancos de préstamo” que “son las excavaciones a cielo abierto destinadas ...
Cada vez queda menos tiempo de vigencia al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María. La validez del documento expira en agosto. Si se quiere continuar con el proyecto después de la fecha límite, tendrían que elaborar un nuevo estudio, pues han pasado 5 años desde que se presentó.
Conocedores de esta cuenta regresiva, desde la empresa Southern esperan que la licencia de construcción sea emitida pronto. Éste es el único permiso que, desde el estado, queda pendiente para su operación.
Voceros de Southern enfatizaron que cuentan con estudios de ingeniería y todos los requerimientos ambientales exigidos. Esto comprende la subsanación de 14 observaciones hechas por el Ministerio de Energía y Minas, el año pasado.
Desde la empresa existe confianza en obtener el visto bueno. Sostienen que el esfuerzo conjunto de comunidades locales y trabajo en equipo de la compañía aportaron a una “justa y honesta evaluación del proyecto”. Así lo reporta Diario Gestión:
227 organizaciones y redes guatemaltecas e internacionales firmaron la carta que fue entregada hoy a instancias del gobierno guatemalteco y la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. En ella se denuncia la demanda de US$300 millones de dólares de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA) en contra del estado centroamericano por ser un intento descarado de socavar la voluntad de las comunidades afectadas por su proyecto así como la decisión de las cortes en Guatemala. La empresa presentó su demanda en diciembre de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Miembros de la resistencia pacífica ‘La Puya’ presentaron la carta a representantes del gobierno durante una cita en el Congreso, incluyendo representantes de los Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, además del Procurador de los Derechos Humanos, entre otros.
Las organizaciones firmantes constatan que la demanda “representa un nuevo ataque al sistema judicial de Guatemala”. Señalando un aumento de presión sobre la Corte Constitucional por parte del Presidente Jimmy Morales por decisiones judiciales tomadas ...
Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.
El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.
“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.
También se refirió a los abusos de autoridad, las negociaciones incompatibles que se han hecho desde el ejercicio de funciones pública. Además de otros tipos de delitos que se pueden dar en el departamento de Colón, debido a la creación de una mina que perjudica a toda la comunidad y solo ...
I. Introducción al conflicto territorial de Azacualpa
A. El origen del conflicto territorial en Azacualpa. Los acuerdos y confrontaciones entre la población y las empresas mineras
La comunidad de Azacualpa en el municipio de la Unión, departamento de Copán, Honduras, es escenario de un conflicto territorial constante y de largo aliento. Tiene sus orígenes en 1998, cuando en la zona inició operaciones la compañía minera Greenstone Minerals, de capital canadiense (Orellana Peña, 2016). La problemática en Azacualpa evidencia las implicaciones de la actividad minera en los territorios de Honduras, bajo una política estatal que promueve el extractivismo de forma desmedida.
Prueba de lo anterior son las acciones de destierro que provocó la minera en sus primeros años de operación. Esta empresa minera generó el desplazamiento de tres aldeas en el municipio: San Andrés Minas, San Miguel y Azacualpa. En el caso de San Andrés, la empresa minera gestionó con el Gobierno la reubicación total de la comunidad. Mientras que, en el caso de San Miguel y Azacualpa, el desplazamiento fue parcial (CESPAD, 2017).
Estos desplazamientos han tenido enormes consecuencias para las comunidades. En los últimos años, la dinámica de la contienda territorial ha estado ...