
15/01/2021
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En 2018, SQM llegó a un acuerdo con Chile que le permitió elevar la producción en el Salar de Atacama, un ecosistema frágil cuyos habitantes indígenas temen que la minería pueda poner en peligro.
Cuando se logró el acuerdo, SQM prometió hasta USD 15 millones anuales para promover el “desarrollo sostenible” de esas comunidades.
Pero en lugar de aliviar tensiones, los fondos generaron controversia ya que una asociación indígena clave los rechazó, diciendo que son una distracción y pide anular el contrato de SQM con el Estado por no consultar primero a los indígenas.
La disputa ha puesto en aprietos al gobierno, responsable de distribuir los fondos -que suman unos US$25,3 millones-, según una revisión de Reuters a documentos, junto con entrevistas con SQM, líderes indígenas y autoridades chilenas.
En el 2020, un grupo de altos funcionarios y ministros se reunió dos veces para ver la forma de entregar los fondos pese a la intransigencia del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), según documentos obtenidos por Reuters bajo la Ley de Transparencia. En junio, acordaron buscar acuerdos con cada comunidad individual, eludiendo al colectivo, muestran los documentos.
Tres años después ...