Por Javier Rodríguez Pardo
Glaciólogos del Conicet contratados por Barrick Gold,  ejecutivos del gobierno al servicio de las mineras,  funcionarios accionistas,  el veto Barrick a la ley de glaciares, los acuerdos de Toronto de la presidente,  las universidades al servicio de las transnacionales extractivas,  el  IANIGLA  asalariado  por mineras para sentenciar glaciares que “únicamente se degradan por el cambio climático”- involucrados además para asesorar leyes de protección de glaciares,  provincias que sostienen a las corporaciones mineras, gobernantes que las proveen de insumos,  diputados y senadores que dibujan comisiones del congreso coligados con los trust mineros, componen un cuadro de inmoralidad, corrupción y despojo del patrimonio nacional que necesariamente hay que denunciar.