El período está influenciado por el proceso electoral nacional. Pese a que en el debate electoral se han
incorporado algunos puntos sobre la problemática minera, la precepción desde la región Cajamarca es que se han
dejado de lado aspectos claves en los planes de gobierno como el de la participación ciudadana, el ordenamiento territorial, la descentralización, el control ambiental, la sostenibilidad o incluso los pasos necesarios para la implementación de un modelo post extractivista.

Este periodo viene marcado por el planteamiento de temas importantes de agenda en la provincia de Espinar:
la propuesta de reformulación del Convenio Marco y la disconformidad con la construcción del mineroducto
de Las Bambas. Por otro lado, existe preocupación en la provincia sobre el futuro de los diferentes proyectos
que se vienen desarrollando en la zona, sin que exista, según pobladores y autoridades, la suficiente información.

El Gobierno Regional cumplió con el compromiso de dar seguimiento al Pacto Político por la Gobernabilidad Regional,
suscrito durante la campaña, y participó de la III Convención de la Sociedad Civil. En la declaración final se
han establecido ya algunos temas, ejes y acuerdos a los que se ha comprometido el Gobierno Regional.

Las protestas y movilizaciones han sido el eje central del periodo en la región Apurímac. Tanto en Cotabambas,
Grau, como en Aymaraes, las poblaciones han elevado sus reclamos contra las empresas Xstrata-Las Bambas
y Ares. Las principales demandas de los pobladores giran en torno al tema de la contratación de mano de obra local,
los impactos ambientales, el encarecimiento del costo de vida, entre otros puntos.

El caso de Doe Run Perú se complejiza cada vez más y se le abren al Estado peruano diversos frentes:
el Congreso de los Estados Unidos, la propia Comisión Especial de Proinversión del Congreso peruano,
el arbitraje internacional y finalmente el proceso concursal ante INDECOPI, suspendido por el momento.