En los dos sexenios panistas el gobierno ha otorgado a las empresas mineras –la mayoría de capital extranjero– 25 mil concesiones que comprenden más de 51 millones de hectáreas; esto es 26 por ciento del territorio nacional, denunció María del Carmen Ventura Patiño, profesora investigadora del Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán, durante su conferencia magistral “Territorio y territorialidad, políticas agrarias”.
En el primer Coloquio de Estudios sobre el Campo y las Ruralidades en México, en el Colegio de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Puebla, la académica aseguró que las mineras actúan como enclave, profundizan la soberanía del país en el territorio, pagando de 5 a 111 pesos por hectárea. “La minería viene a cuestionar la propiedad, no sólo en la dimensión territorial, sino simbólica, ellos deciden el precio, la distribución de tierras, las maneras de explotación de los recursos naturales y la vida de los habitantes”, señaló.
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Dada la cifra de 20 muertos civiles en protestas sociales durante el régimen de Ollanta Humala, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDH) lanzó la campaña “Ni un muerto más”.
Mientras se reanudan las protestas contra el proyecto Conga, una reciente encuesta realizada en Cajamarca reveló que para el 73,4 % de la población “de ninguna manera” debe realizarse el proyecto minero.
Empresa dueña de Yanacocha seleccionada a índice de empresas líderes manejadas sustentablemente.
Las amenazas de las mega industrias mineras en los sitios sagrados indígenas mereció especial atención en la discusión pública en el marco del XI Festival de cine y video indígena “Por la Vida, Imágenes de Resistencia” que se llevó a cabo en las ciudades de Bogotá y Medellín (Colombia) hasta el 6 de octubre.