En municipios serranos de Puebla la molestia se siente en las calles, la población no está dispuesta a que el agua que consumen cotidianamente sea contaminada por la llegada de empresas mineras canadienses. En Ixtacamaxtitlán, Santa María Totoltepec y Tetela de Ocampo todo es incertidumbre, nadie ha hablado de manera oficial al respecto.
Durante un recorrido del medio Excélsior por varias localidades poblanas se pudo comprobar que la molestia generalizada está gestando una sublevación ante la pasividad de sus ayuntamientos para atender la preocupación de la gente: el inicio de actividades mineras para extraer oro, plata y cobre.
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El quinto informe de Biodiversidad elaborado por el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) para el Desarrollo y el Ministerio de Ambiente identificó las principales causas por las cuales se presenta una pérdida de biodiversidad en el país.
Al filo del mediodía de este miércoles, en señal de protesta, decenas de ambientalistas tomaron y clausuraron por espacio de casi una hora las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur. Asimismo, iniciaron un plantón indefinido en la explanada del Palacio de Gobierno, para protestar en contra de la megaproyecto minero Los Cardones, el cual pretende extraer en diez años más de 20 toneladas de oro a cielo abierto, en la reserva de la biosfera de la Sierra de La Laguna.
Cuando hace cuatro años un grupo de indígenas huicholes mexicanos pidió al cineasta argentino Hernán Vilchez que contara su historia, no intuía que se encontraría con una de las culturas más ricas de Latinoamérica y que formaría parte de la lucha por salvar el territorio sagrado de Wirikuta.
La minería degrada la percepción positiva del turista acerca de cualquier destino, y esto le podría ocurrir a La Paz, advierte Agustín Olachea Nogueda, presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz (Emprhotur), ante la probabilidad de que dos proyectos mineros se instalen al sur de la ciudad, La Pitalla y Los Cardones.
La primera Cumbre Social sobre el Proyecto de Ley Minera concluyó en la ciudad de La Paz con el reclamo de que no sea aprobada la normativa consensuada solamente entre el presidente Evo Morales y quienes se dedican a extraer minerales del territorio boliviano. Luego de una marcha por el centro paceño, que finalizó ante los policías que resguardan la entrada a la plaza Murillo, las y los indígenas, campesinos y citadinos de todo el país advirtieron con más y mayores movilizaciones si el Gobierno nacional continúa con su manía de complacer a toda transnacional que quiera llevarse del país los recursos naturales que, constitucionalmente, pertenecen a bolivianas y bolivianos.
Indígenas de la Sierra Norte de Puebla permanecen en “alerta” ante el posible regreso de la minera de origen chino JDC Minerals, que obtuvo la concesión de las autoridades mexicanas para la explotación de 100 hectáreas de su territorio; no así la aprobación de la comunidad nahua que en noviembre de 2012 logró expulsar a los empresarios. Ésta es una de las 392 concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía en Puebla. La Auditoría Superior de la Federación documentó que en el sexenio de Calderón el pago por derechos mineros significó sólo el 2.2 por ciento de las ganancias de las trasnacionales. En tanto, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México indica que la recaudación impositiva, puesta en vigor en enero pasado, es insuficiente. La minería se ha convertido en un sector de saqueo, daños ambientales y división social, señalan defensores ambientalistas.
Más de 60 campesinos de los corregimientos de San José, Remance, San Juan y Los Hatillos de San Francisco de Veraguas en Panamá, aglutinados en la Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE, y miembros del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 asistieron y rechazaron la reapertura de la Mina Remance en el Foro Público para el Estudio de Impacto Ambiental categoría III.
Tres iniciativas privadas proponen llevar agua de los ríos del sur de Chile al árido norte mediante buques o tuberías submarinas y subterráneas. El objetivo: calmar la sed minera de este país, el primer productor mundial de cobre. Los proyectos 
Habitantes de Natabuela (Antonio Ante) de la Ciudad de Cotacachi y de la Zona de Intag, en especial de Pucara y Apuela, confirman el ingreso de aproximadamente 200 policías, una ambulancia y 2 camionetas del GIR que resguarda a la ENAMI-CODELCO para entrar por la fuerza a la Comunidad de Junín, mientras el municipio de Cotacachi se encuentra resguardado por policías.