La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los defensores de los derechos humanos reconoce en el preámbulo la legitimidad y el valioso trabajo que las personas, los grupos y las asociaciones llevan a cabo en favor de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de la eliminación de las violaciones de derechos humanos, entre las que se encuentran las resultantes de «la negativa a reconocer el derecho de […] todos los pueblos a ejercer plena soberanía sobre su riqueza y sus recursos naturales».
En muchos países del mundo la aceleración de la competencia por la tierra ha llevado a un número cada vez mayor de esas personas, esos grupos y esas asociaciones a denunciar las violaciones de derechos humanos derivadas especialmente de las inversiones a gran escala o de los megaproyectos de inversión llevados a cabo por las industrias extractiva y de explotación forestal o por la agroindustria.
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Comunidades mapuche williche de la Región de Los Lagos interpondrán mañana martes un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valdivia, que busca detener los perjuicios que suponen las concesiones mineras solicitadas sobre sus territorios.
La presidenta de la Confederación Nacional Campesina de Indígenas y Productores Rurales, (CNCINPRO) Rosa María Armendáriz Muñoz, dio a conocer que dados los problemas de contaminación con el derrame de residuos tóxicos en Sonora, las autoridades ambientales deben regular a las empresas.
El pasado 10 de diciembre se cumplió el plazo para que la Empresa Minera Barrosquira implemente el “Plan de Medidas Correctivas” al mal manejo de residuos mineros que causan la contaminación en el caudal del río Sayaquira, del municipio de Ichoca, según la notificación que la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación de La Paz realizó el pasado 19 de noviembre, pero al momento no se conoce de su cumplimiento y la poblaciones aledañas al río están a la expectativa sobre estas sanciones, según el alcalde de esta comuna, Ramiro Orellana.
El movimiento “Uruguay libre de megaminería” denunció este lunes que la información entregada por el gobierno sobre el proyecto de Aratírí difiere con los datos de la empresa y omite aspectos clave que fueron calificados como confidenciales.
Aunque el Ministerio de Ambiente de Colombia realizó una delimitación que protege el 76% del páramo de Santurbán, hizo declaraciones preocupantes sobre el futuro de operaciones mineras a gran escala en la zona. Éstas representan un grave riesgo para el ecosistema y para el agua que éste brinda a casi dos millones de personas, principalmente en las poblaciones de Bucaramanga y Cúcuta.
La autoridad concluyó que en los últimos 19 años la minera ha estado pagando menos regalías de las que debía cancelar por el contrato 078 de 1988. La firma estadounidense pagó bajo protesta.
“El arsénico es un metal pesado…, sin embargo, la exposición prolongada puede causar problemas a la salud, como cáncer, cambios en la coloración de la piel, callos, verrugas e incluso la muerte por sobredosis a niveles elevados. La norma para consumo humano (NOM-SSA1-1994) permite concentraciones de 0.05 miligramos por litro (mg/1), pero en el río Sonora han detectado hasta 0.228mg/l), que representa miles de veces más de lo recomendable.”
En 2015 el caso Reko Diq, que enfrenta desde hace cuatro años a la sociedad TTC -conformada por la canadiense Barrick y el brazo minero del Grupo Luksic, Antofagasta Minerals-, podría al fin resolverse.
El integrante del parlamento de Canadá,