Esta publicación se propone generar debates. Plantea como problema inicial que nuestro mundo atraviesa una crisis civilizatoria que, a raíz de las lógicas capitalistas, patriarcales y profundamente coloniales que organizan la sociedad humana de hoy, amenaza la vida de las generaciones futuras, incluso la supervivencia de nuestra especie. El planeta es finito, y el modo de vida depredador de la Naturaleza que se nos presenta como “desarrollo” nos ha llevado a irrespetar estos límites.
El cambio climático, que provoca una multiplicación de sequías, inundaciones, tormentas tropicales, olas de calor o de frío, es solamente uno de los indicadores de esta crisis. Según los científicos, para mantener el calentamiento global en un rango de dos grados centígrados, lo que se considera manejable para nuestra sociedad humana, deberían quedar bajo tierra la mitad de las reservas mundiales probadas de petróleo y gas.
En América Latina, en la actualidad, el modelo económico que se expande a gran velocidad es el extractivismo, un modelo que agrava estas lógicas depredadoras.
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La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) encontró fallas en el manejo ambiental en los tres proyectos mineros a cielo abierto encajados en el Corredor Biológico Mesoamericano.
Una nueva norma expedida el 6 de enero para impulsar la inversión en proyectos mineros afectaría derechos de las comunidades campesinas al modificar y hacer más débiles algunos requisitos y procedimientos.
En Brasil, Zamin Ferrous, la trasnacional que impulsó la creación de Aratirí, enfrenta diversas acciones judiciales por incumplimiento de compromisos ambientales y por deudas con gobiernos estaduales. El secreto que rodea las negociaciones con Aratirí alimenta las dudas sobre sus verdaderas intenciones.
Los páramos son asociados principalmente a la producción de agua; sin embargo, éstos ecosistemas cumplen muchas más funciones, entre las que cabe resaltar su papel como retenedores y fijadores de carbono. Sumado a esto se destaca su belleza paisajística, dada por su vegetación nativa, sus lagunas y demás cuerpos de agua, además de la fauna que habita en él.
¿Pueden los municipios decidir si se hace o no explotación minera en su territorio? ¿Cómo conciliar los intereses de las autoridades nacionales con los de las territoriales a la hora hacer minería? Esas son algunas de las preguntas que desde hace más de un año no tenían una respuesta certera y hacían parte de lo que algunos expertos llamaron un limbo jurídico. Mientras unos municipios tomaban decisiones —como el de Piedras (Tolima), que convocó a una consulta popular en la que el 99% de los habitantes dijo no a la minería—, algunas normas (específicamente el decreto 934 de 2013) habían buscado frenar el interés ciudadano.