En Brasil, Zamin Ferrous, la trasnacional que impulsó la creación de Aratirí, enfrenta diversas acciones judiciales por incumplimiento de compromisos ambientales y por deudas con gobiernos estaduales. El secreto que rodea las negociaciones con Aratirí alimenta las dudas sobre sus verdaderas intenciones.
Los litigios en tribunales de Londres y las acusaciones de gobiernos estaduales de Brasil, que involucran a la multinacional Zamín Ferrous, pueden aportar insumos para el debate –principalmente mediático– entre quienes respaldan los emprendimientos mineros de la empresa Aratirí y quienes alertan sobre consecuencias negativas económicas y ambientales de la proyectada explotación de hierro en la zona de Valentines.
Tales cuestionamientos parecerían revelar las verdaderas intenciones empresariales y financieras de quienes digitan, desde Nueva Jersey y Londres, el proyecto Aratirí, que a estas alturas dista de ser un inofensivo “emprendimiento familiar” de empresarios indios que, a pesar de su “modestia”, prometen inversiones por valor de 2.000 millones de dólares
¿EN QUÉ BAILE NOS METEMOS?
Curiosamente, la forma en que los ejecutivos de Aratirí desmintieron aquí en Uruguay la responsabilidad de una filial de Zamin Ferrous en incidentes ambientales en Brasil, arroja más sombras sobre sus prácticas empresariales. El Ministerio Público del estado de Amapá presentó hace algo más de una semana una acción contra Zamin Amapá Mineraçao SA y contra sus principales accionistas, por la contaminación de un arroyo y otros tres cursos de agua, en la zona donde la empresa realiza extracción de minerales. Los demandantes pidieron la retención de los bienes de la empresa y el bloqueo de cuentas bancarias por 200 millones de dólares. Las demandas también incluyen los efectos de acumulación de barro en los arroyos, que provocó la evacuación de vecinos obligados a abandonar sus propiedades. Zamin Amapá también enfrenta cargos por las demoras en la reconstrucción de la terminal de carga del mineral, que en marzo de 2013 se derrumbó, arrastrando consigo camiones y grúas; cuatro obreros murieron y otros dos fueron declarados como desaparecidos.
La respuesta de la empresa ha sido tajante: la contaminación fue consecuencia de un vertido ocurrido en 2009, cuando el emprendimiento pertenecía a MMX, un grupo económico digitado por el millonario brasileño Eike Battista; y la tragedia en la terminal de carga se produjo en 2013, cuando la empresa pertenecía a Anglo American. Lo que no explica el grupo Zamin es que, en ambos casos, cuando se hizo cargo de la empresa asumió compromisos expresos para combatir la contaminación y para reconstruir las estructuras de la terminal de carga. Esos compromisos, aparentemente no cumplidos, son los que justifican la demanda de las autoridades estaduales.
EL KNOW HOW
Por su parte, las autoridades del estado de Bahía investigan las circunstancias en que se aprobó la licencia para operar en una terminal portuaria en Ilheus, puerta de salida de la producción de hierro de una mina a cielo abierto en el sur del estado, calificada como la más importante inversión de Zamin Ferrous en Sudamérica. La resolución incluía una declaración de intención para la construcción de una vía férrea que uniría la zona de producción con el puerto oceánico. Dos días antes del anuncio, Zamin Ferrous vendió el 50 por ciento de las acciones de la firma Bamin (Bahía Mineraçao) a su socia la Compañía Euroasiática de Recursos Naturales (ENRC), que ya detentaba el otro 50 por ciento, en 750 millones de dólares. ENRC es identificada como comercializadora de materias primas de Kazajistán, aunque el gobierno kazajo tiene sólo 11,65 por ciento de las acciones, el resto es de inversores privados. La venta se ventila ahora en tribunales ingleses, porque Zamin reclama el pago de la última cuota, que ENRC no quiere pagar porque el acceso al puerto quedaría interdicto si se confirma que la licencia fue obtenida de manera irregular, salteándose 38 condiciones de la autorización ambiental acordadas entre Zamin Ferrous y el Ministerio Público brasileño.
La estela de las inversiones de Zamin Ferrous en Brasil opaca también un proyecto autorizado en 2011 para la exportación de hierro de Cruzeta, en la región de Seridó, Río Grande del Norte, que incluía la construcción de un puerto privado que recibiría hasta 5 millones de toneladas de mineral en el período 2012-2014. La inversión estimada de Susa Mineraçao trepaba a los 700 millones de reales. Después de haber realizado apenas tres embarques por 75 mil toneladas en un año y medio, Susa es perseguida por la justicia por las deudas que mantiene con la autoridad portuaria, superiores a los 2 millones de reales, y los problemas planteados por unas 10 mil toneladas de mineral abandonadas en una zona del puerto por donde transitan otras mercaderías.
DEL DICHO AL HECHO
En una carta divulgada a propósito del anuncio de la inversión en Uruguay, el presidente de Zamin Ferrous, Pramod Agarwal, afirmaba: “Queremos representar una fuerza a largo plazo para el bien de la economía y del ambiente en los países en los que operamos, entablando relaciones con los gobiernos estatales y nacionales mediante el empleo, las mejoras en infraestructura y con el cumplimiento de las normas más importantes de los procedimientos ambientales”. Pero la clave de la estrategia de Zamin parece ser el de desbrozar el camino para empresas de mayor porte, mediante “asociación con gobiernos regionales y federales para desarrollar activos, soluciones logísticas y una infraestructura claramente definida”. En resumen: el negocio de Zamin Ferrous es obtener licencias y acordar criterios de explotación para después vender la empresa a otros inversores con capacidad económica y logística para una verdadera producción.
Como revelan los antecedentes de Zamin en Brasil, la licencia para operar un puerto de salida del mineral es una condición ineludible. Tal fue el punto de arranque del lobby que desplegó el ingeniero Fernando Puntigliano, una vez que abandonó la presidencia de la Administración Nacional de Puertos y se convirtió en director de Aratirí. La insistencia de la empresa por obtener la autorización para construir un puerto privado en las costas de Rocha provocó cierto malestar en el presidente José Mujica, pero finalmente el entredicho se solucionó de modo que Aratirí contaría con una terminal portuaria.
Las negociaciones por las condiciones de preservación ambiental, en cambio, han insumido más tiempo y aún no se conocen con exactitud los términos acordados. Los compromisos, que se incluirán en los términos del contrato final, se mantienen en estricta reserva, y ese secreto alimenta las dudas. Los antecedentes no arrojan luces, más bien oscurecen el panorama.
Si las intenciones de Aratirí –como prácticamente fue admitido en sus documentos y exposiciones– consisten en desbrozar el camino para otros inversores, el desplome de los precios internacionales del mineral de hierro hace poco atractivos los yacimientos de Valentines, cuyos rendimientos efectivos son extremadamente bajos. Sin embargo, si se acepta la definición de Zamin Ferrous como una empresa “júnior”, el riesgo alto es un componente calculado, inherente a este tipo de inversiones. Así, el negocio consiste en invertir poco, obtener las mayores ventajas en compromisos estatales de infraestructura y evitar en lo posible las mayores rigideces de control ambiental. Si se da la ecuación, entonces el paquete queda pronto para su venta.
La cuestión es establecer en qué medida el gobierno tiene presentes los antecedentes de Zamin Ferrous y en qué medida es consciente de que negocia con una empresa “júnior”, cuyo principal objetivo es financiero y su estrategia es “morder y huir”.