Con el voto aprobatorio de seis congresistas y pese a la férrea oposición de organizaciones indígenas y de la sociedad civil, esta mañana se aprobó en la Comisión de Pueblos el proyecto de Ley 3941, que, según el Gobierno, buscaría dinamizar la economía en favor de las zonas de mayor exclusión social.
Los cuestionamientos no se han hecho esperar y organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios han calificado el acto de arbitrario, en razón de que el proyecto se aprobó con un quórum de solo seis congresistas, de un total de 12 miembros, tres de los cuáles eran accesitarios.
Un hecho que también ha motivado críticas ha sido que en los momentos previos a la aprobación, no se le otorgó la palabra a los representantes de la organización nacional indígena Aidesep ni al Pacto de Unidad, que agrupa a seis organizaciones indígenas de caráter nacional.
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Como parte de sus actividades institucionales, Fedepaz (integrante del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú-OCM) realizó una nueva visita a la Comunidad de Supayacu el pasado 30 de marzo y hemos constatado que la tensión ha aumentado, a raíz de diversas señales intimidatorias que un sector de la Comunidad de Naranjos está emitiendo contra todas aquellas personas que no están de acuerdo con la renovación del convenio con Exploraciones Águila Dorada SAC, que algunos de sus dirigentes vienen negociando.
Nueva Trinidad, ubicado a más de 103 kilómetros al nor-oriente de San Salvador no parece figurar en la mente de un capitalino o capitalina. Pero este municipio de Chalatenango, con dos mil 113 habitantes tiene una ubicación maravillosamente estratégica, que no se escapa de la mentalidad de grandes empresas transnacionales mineras. Y Nueva Trinidad, pequeña, lejana; es valiente y desafiante porque se ha negado rotundamente a la minería metálica.
Para nadie es un secreto la emblemática contaminación de Chañaral compuesta por 350 millones de toneladas de relaves mineros provenientes de la gran minería, cuya composición es de diversos componentes químicos y metales pesados, y la responsabilidad legal es la minera estatal CODELCO-CHILE que utilizó la bahía de este puerto como un verdadero tranque natural desde 1938 hasta 1989.
La secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, María Isabel Ortiz Mantilla, dio a conocer que impulsa una iniciativa que plantea prohibir obras y trabajos de exploración y explotación minera en las áreas naturales protegidas.
En diciembre, el Ministerio entregó, luego de un pedido del movimiento Uruguay Libre y en base a la ley de acceso a la información pública, un resumen de 190 páginas sobre el proyecto minero y una lista de temas declarados confidenciales. 
El documento, presentado por el Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (SOMO), con sede en Amsterdam, demuestra que mientras el país heleno sufre las medidas de austeridad impuestas por la Comisión Europea, el BCE y el FMI, la recuperación económica está siendo socavada por la arquitectura financiera transnacional para evitar el pago de impuestos.
LA IGLESIA NO SE DEJA COMPRAR
Barrick Gold fracasó el miércoles en su intento de que se desestime una demanda en una corte estadounidense que la acusa de ocultar las dificultades de un megaproyecto minero en Chile y Argentina y de elevar fraudulentamente su valor de mercado en decenas de miles de millones de dólares.