88 defensores del medio ambiente fueron asesinados en América Latina durante el 2014, según un reporte de la organización internacional Global Witness. Esa cantidad equivale a tres cuartas partes de los asesinatos de activistas del medio ambiente en todo el mundo, indica el reporte titulado "¿Cuántos más?".
"Cada semana son asesinadas al menos dos personas por tomar posición en contra de la destrucción medioambiental", señala el informe. "A algunos les dispara la policía durante protestas, otros son buscados por asesinos. Mientras que las compañías buscan nuevas tierras para explotar, cada vez más personas pagan el último precio por oponerse", explica el reporte.
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Empresas canadienses controlan alrededor de la mitad de las operaciones mineras en América Latina. Las compañías del país norteamericano han realizado inversiones por más de 50.000 millones de dólares en la extracción de minerales en la región. ¿Y por qué habría de ser de otra manera? De hecho, Canadá es sede de la abrumadora mayoría de las transnacionales de la minería en el planeta.
Una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas en el marco de las protestas que protagonizan los habitantes de la provincia de Islay contra el proyecto minero Tía María, según ha informado el Ministerio de Interior. Se trata del segundo muerto en este ciclo de protestas que llevan un mes y medio: en el 2011 tres personas murieron también por choques con la policía.
En conjunto a organizaciones territoriales de diversos territorios hemos levantado un Encuentro de "Valles Movilizados por la Defensa de los Ecosistemas Glaciares" que se realizará en San Felipe-Putaendo este 9 y 10 de mayo.
El libro “
Mediante un grupo en redes sociales llamado “NO a la explotación minera de Samalayuca” se denuncia que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) dejó fuera a esta zona que anteriormente se encontraba dentro de la protección con el fin de iniciar un proyecto minero de una empresa canadiense.
A 15 años de uno de los desastres ambientales más nocivos que haya sufrido el país, el derrame de mercurio en Choropampa dejó impactos irreversibles en la salud de su población, desolación y pobreza. Hoy 8 de cada 10 choropampinos son pobres, mientras que 6 de cada 10 viven por debajo de la línea de la pobreza.
Organizaciones civiles como el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y el Agua Vale más que Oro, denunciaron que el proyecto minero Los Cardones, en Baja California Sur, pretende instalarse en las inmediaciones de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna “violando derechos mediante argucias legaloides, e incluso violando flagrantemente leyes y reglamentos federales y estatales”.
A lo largo de la cordillera andina meso y sudamericana capitales mineros transnacionales desde mediados de la década del noventa (siglo XX) tienen una importante presencia en la región mediante el desarrollo de la minería a gran escala o mega-minería, impactando en múltiples dimensiones de la realidad.
Lo quieren todo. No se conforman con tener a su favor las leyes, el aparato estatal que las aplica y las políticas gubernamentales para hacerlo posible. Con el argumento de que necesitan garantizar la seguridad jurídica de sus inversiones en el sector energético, en la industria minera e incluso en proyectos de agua, a los que los pueblos indígenas y comunidades campesinas se oponen porque violan sus derechos al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, entre otros el señor Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en una reunión con la Unión Social de Empresarios de México, expresó su interés de que las consultas a los pueblos indígenas, reguladas en la Constitución federal y el derecho internacional, no sean de cumplimiento obligatorio.