Los resultados de la ‘Consulta de buena fe’ que se realizó el domingo pasado en Pacto, parroquia ubicada al noroccidente de Quito, fueron adversos para los planes del Gobierno de extraer recursos minerales de ese sitio.
Del plebiscito participaron 1.820 de los cerca de 6.000 habitantes que tiene esta jurisdicción, informó ayer Adrián Durán, presidente del tribunal electoral especial que se conformó para este proceso.
La consulta no contó con autorización del Concejo Nacional Electoral (CNE), sin embargo, arrojó que el 92% de quienes participaron, es decir 1.681 personas, se pronunció en contra de la minería, frente a apenas 84 moradores que dijeron estar a favor.
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La Administración Distrital, a través de la Secretaría de Ambiente, hizo un llamado a la comunidad y las asociaciones ambientales para que trabajen en conjunto por un referendo o consulta popular para que se prohíba la minería en la capital del país, además de la conformación de la Mesa Ambiental de Ciudad Bolívar.
Un documento revelador expone que habría ocultado información sobre sus avances en masas de hielo sin autorización. Además, infló el valor de mercado del proyecto y dejó sus avances en masas de hielo sin autori un tendal de damnificados que, según una jueza de EE.UU., pueden demandar a la empresa por una cifra millonaria.
Con una gran tristeza recibimos la noticia de la muerte de Don Gregorio Catalán Morales, miembro de la Resistencia Pacífica de La Puya en Guatemala, fallecido el lunes 6 de abril en un accidente de tránsito. Nosotros integrantes del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) pedimos a la justicia guatemalteca que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.
En Uspallata, la megaminera de los rusos –a diferencia de la gestión canadiense, que hacía su lavado de imagen y dinero con bombos y platillos- la hace canuta: se camufla de Santa Claus, se confunde con el Estado y con las instituciones, para que pasen desapercibidas sus donaciones, en un tema tan sensible para la comunidad como es la relación entre el agua, el cianuro, las voladuras, y lo que beben, respiran y aprenden los niños.
Para resolver los problemas de inseguridad en las minas se ha optado por negociar con el crimen organizado, para seguir operando los yacimientos, reconoció Manuel Reyes Cortés, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
A mediados de marzo, la municipalidad de Antofagasta ordenó la demolición de uno de los galpones de acopio de concentrado de cobre, perteneciente a la empresa Antofagasta Terminal Internacional (ATI) del Grupo Luksic, ubicada en el puerto de la ciudad. Esta acción se funda en que la edificación ocupa parte de terreno de uso público. Sin embargo, el Primer Juzgado Civil de Antofagasta dictó orden de no innovar y paralizó el decreto de demolición pues causaría perjuicios irreparables a la compañía.
En un esfuerzo por llevar la discusión al escenario técnico, el Ministerio de Energía y Minas expuso el estudio ambiental de Southern en Arequipa. Para sus técnicos está descartada la contaminación del valle de Tambo, pese a su cercanía. Los técnicos que representan la posición antiminera siguen con dudas. Aseguran que habrá contaminación.
Esta declaración es el testimonio del directivo de la minera ante la Corte Suprema de la provincia canadiense de British Columbia, resultado de la demanda legal que un grupo de comunitarios de San Rafael Las Flores presentó contra Tahoe Resources el 18 de junio de 2014, a raíz de un ataque de parte de la seguridad privada ordenado por el jefe de seguridad de la minera, Alberto Rotondo, en el que los siete demandantes resultaron heridos. 
Defensor adjunto anota que, por ejemplo, la comunidad campesina de Cañaris debería ser un primer lugar de consulta. La Defensoría del Pueblo reveló que le ha recordado al Ministerio de Energía y Minas (MEM) la importancia de realizar el proceso de consulta previa en el ámbito minero.