Desde que se modificó la ley minera en 1992, en esta República agujereada el gobierno federal ha concesionado alrededor de una tercera parte del territorio nacional en beneficio de los barones de la minería, quienes han visto crecer como espuma sus fortunas. El argumento oficial es que –como en el caso del petróleo– la riqueza mineral pertenece a la nación, siempre y cuando ésta permanezca en el subsuelo. Una vez extraída la cosa cambia y queda en manos de particulares, los que –se supone– pagan derechos al erario, y todos quedan contentos (versión oficial) con esta brillante fórmula.
En los hechos los únicos que son felices son los citados barones, puesto que –sólo como ejemplo– en el periodo 2008-2013 el valor acumulado de la producción minera nacional sumó poco más de un billón 234 mil millones de pesos (algo así como 83 mil millones de dólares al tipo de cambio actual) y el erario, por concepto del supuesto pago de derechos, obtuvo a cambio apenas 7 mil 100 millones de pesos (alrededor de 473 millones de dólares), o lo que es ...