Criminalización de la protesta, Perú

RECURSOS QUE DESTINARÁ EL GOBIERNO PARA PROTEGER A LOS DEFENSORES AMBIENTALES SON INSUFICIENTES

Imagen: CooperAcción

Presupuesto fiscal 2023 apenas destinará S/ 45 mil para promover la protección de los defensores ambientales. Activistas piden recursos por S/ 70 millones para ser destinados a los ministerios de Justicia y del Interior.

Desde el año 2019 a la fecha han sido asesinados 26 defensores y defensoras del medio ambiente y de derechos humanos en el país, por ello, con el fin que el Estado proteja su integridad, un grupo de jóvenes activistas realizaron un plantón en el frontis del Congreso pidiendo al Gobierno incorpore 70 millones de soles adicionales en el presupuesto fiscal para el año 2023, considerando que los recursos que destina son insuficientes.


Pese a esta dramática situación, en el proyecto de Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023, el Ejecutivo apenas destina 45 mil soles para la implementación de acciones vinculadas a este tema, advierte Paul E. Maquet, vocero de CooperAcción, una de las organizaciones que integra la Campaña Nacional de los Defensores y Defensoras

El pedido de los activistas es la “incorporación de la sexagésima quinta disposición complementaria final en el “Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023”, solicitando que sean asignados S/ 50’000,000 (cincuenta millones de soles) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, y S/ 20’000,000 (veinte millones) al Ministerio del Interior, para la protección de las personas defensoras.

Maquet resaltó que no hay una partida estatal específica para la protección de los defensores ambientales y, añadió, que los instrumentos que se están implementado para dicho fin son recientes, como, por ejemplo, el Manual para la Protección de los Defensores Ambientales o la Mesa Intersectorial de Defensores.

“Las carencias son evidentes. Por ejemplo se conocía que mineros ilegales llegarían al local de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa para hostilizarlos e incluso quemaron su local. Se tenía la información de ese ataque antes que suceda y advertimos a la Policía para que brinde protección a los defensores, pero no pudieron hacerlo porque no tenían dinero para el combustible del helicóptero. Las necesidades son apremiantes, por eso se pide un presupuesto adicional de 70 millones de soles”, afirmó Maquet.

Hablan los defensores


Vidal Merma, defensor ambiental y de DDHH de Espinar

Una muestra de la constante persecución que sufren los defensores ambientales por parte de los mineros ilegales e incluso de grandes empresas extractivas se encuentra en la historia de Vidal Merma, comunicador indígena y defensor ambiental de Espinar (Cusco)

“He sido criminalizado por difundir cómo las grandes empresas transnacionales han venido atentando contra el medio ambiente. Afronto 12 procesos penales y sufro persecución del Estado por apoyar a los hermanos que defienden sus bosques en la selva. Nos sentimos abandonados, en riesgo, no tenemos ninguna garantía, por eso muchos de nuestros hermanos fueron asesinados. Lamentablemente en el país el Estado no protege a los defensores ambientales”, dijo Merma quien participó del plantón en los exteriores del Congreso.


Por su parte, Liliana Carhuaz, defensora de derechos humanos de La Oroya (Junín), recomendó a las empresas y al Gobierno, respetar el medio ambiente, el derecho a la salud de las personas y respetar los derechos laborales, esto con el fin de que no se repita lo sucedido en su ciudad natal donde la mayoría de la población fue contaminada por plomo debido a las actividades del complejo metalúrgico Doe Run.

“Hemos defendido los derechos de la población, pero hemos sido hostilizados por los dueños del complejo metalúrgico por más de dos décadas por reclamar el derecho a un medio ambiente sano”, añadió.

A partir del 2020 se han contabilizado 104 ataques o amenazas a defensores ambientales, que incluyeron destrucción de bienes privados, difamación, amenazas a la seguridad personal y agresiones físicas, psicológicas o sexuales.


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Criminalización de la protesta, Ecuador

El caso Bosco Wisuma, el profesor asesinado en una protesta contra Rafael Correa quien luego lo reutilizó como propaganda propia

El activista indígena murió en una de las protestas contra la política extractiva del correismo. Su nombre se enarboló luego como emblema en el discurso gubernamental para desviar la atención de las investigaciones sobre su homicidio
Yalilé Loaiza 16/10/2022
La muerte de Bosco Wisuma conmocionó al movimiento indígena, que sostiene que el fallecimiento del activista se dio por la represión policial durante las protestas del 2009.
La muerte de Bosco Wisuma conmocionó al movimiento indígena, que sostiene que el fallecimiento del activista se dio por la represión policial durante las protestas del 2009.
El profesor indígena bilingüe del pueblo shuar, Bosco Wisuma, murió hace 13 años en una protesta en contra de la política extractiva del gobierno de Rafael Correa. Wisuma, que también era activista en contra de la minería, recibió el disparo de un perdigón. Aunque su muerte no ha sido aclarada por completo, Wisuma se convirtió en un nombre recurrente en el gobierno de Correa y uno de los sentenciados por su asesinato ni siquiera estaba en el lugar donde Wisuma murió.

Desde el 27 de septiembre de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocó a sus bases para manifestarse en contra de la Ley de Minería, aprobada por el gobierno, y la Ley de Aguas que el Ejecutivo había propuesto a la Legislatura.

La ley de minas de Rafael Correa fue un polémico cuerpo legal que permitió el ingreso de la minería a gran escala y aumentó el control estatal en el sector. Desde que se conoció sobre el proyecto, el sector indígena reclamó que la ley beneficiaría a las grandes compañías, perjudicando las actividades artesanales y provocaría mayores niveles de contaminación.

En cambio, la ley de Aguas pretendía nombrar una Autoridad Única del Agua (AUA), designada por el presidente para decidir sobre las políticas hídricas públicas. La Conaie manifestó que esa normativa privatizaría el agua, además pedía que la autoridad única del agua sea un consejo donde participen indígenas y sectores sociales y no una persona.

Aunque la protesta indígena fue de escala nacional. El levantamiento con mayor fuerza sucedió en Macas, en la provincia amazónica de Morona Santiago, a 380 kilómetros de Quito. De acuerdo con un artículo de Luis Ángel Saavedra publicado por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), “los shuar enfrentaron fuertes operativos de represión implementados por la policía nacional”.

En ese contexto, y tres días después del inicio de las manifestaciones, el 30 de septiembre de 2009, Bosco Wisuma que estaba en el puente sobre el Río Upano, en Macas, murió de un disparo. En esa jornada, según informó una comisión legislativa que se creó en el gobierno de Correa para investigar los hechos, hubo alrededor de 40 policías heridos por perdigones.

Ese 30 de septiembre, en el puente con Wisuma estaban 16 manifestantes shuar, pertenecientes al pueblo indígena amazónico del mismo nombre y que es el más numeroso de la selva ecuatoriana.

La muerte de Wisuma conmocionó e indignó al movimiento indígena, principalmente al pueblo shuar, y las protestas se radicalizaron, hasta que el 5 de octubre, luego de un diálogo con el gobierno se lograron acuerdos, entre ellos que se cree una comisión legislativa que investigue la muerte del activista shuar. Esto mientras la Fiscalía General del Estado realizaba sus propias investigaciones.

Las investigaciones revelaron el caos y los claroscuros alrededor de la muerte de Wisuma.

Una versión oficial sin piso

La Fiscalía señaló a Fidel Kaniras como autor del disparo que mató a Wisuma. Pero esta versión no tenía el suficiente sustento. Los dos testigos shuar que la entidad utilizó para argumentar su hipótesis, pues decían que vieron a Kaniras dispararle a Wisuma, presentaron versiones contradictorias. Por ejemplo, no pudieron relatar en qué lugar estaban cuando vieron a Kaniras. Los testigos shuar fueron los hermanos Alberto y Freddy Anwasha, quienes fueron testigos protegidos, pero luego el gobierno los abandonó, según Saavedra: “ahora no están en su comunidad y nadie sabe a dónde han ido”.

Kaniras no pudo haberle disparado a Wisuma porque las pruebas de balística demostraron que la distancia que lo separaba de Wisuma hubiera provocado que el profesor y activista recibiera al menos 25 perdigones y no 1.

Los perdigones son proyectiles metálicos, generalmente de plomo, que están contenidos en cartuchos de escopetas. Cuando se los dispara, estos se dispersan y pueden realizar varios impactos en un solo tiro.

Dos expertos intervinieron en el caso: la forense francesa Tania Delabarde y el perito argentino Roberto Meza Niella, que ha investigado otras muertes extrañas en Ecuador, como el caso del general Jorge Gabela o el homicidio del oficial César Coronel Olivo.

Meza Niella confirmó que la muerte de Wisuma fue por el impacto de un perdigón. Mientras Delabarde determinó la trayectoria interna del perdigón, sin embargo no pudo señalar de dónde provino el proyectil. La experta francesa sugirió que se examine el perdigón que se había encontrado, porque sus características diferían de los perdigones artesanales que, según el gobierno, tenían los manifestantes shuar.


Folleto del Ministerio de Justicia sobre la muerte de Wisuma. Las autoridades correístas trataron de responsabilizar a los manifestantes shuar de haber matado al activista.
El gobierno de Rafael Correa descartó que la muerte de Wisuma haya sido causada por la Policía Nacional, pues aseguraron que la institución no utiliza ese tipo de armas. Sin embargo, los indígenas aún mantienen que Wisuma fue víctima de la represión policial.

Las autoridades correístas buscaron acusar a los manifestantes shuar de la muerte de Wisuma y aseguraban que el perdigón que mató al activista era similar a los que hirieron a los miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, las pericias de la propia Fiscalía indicaron que “no es posible determinar la posición del disparador, el que podría haber estado en un radio mínimo de 50 metros”, según recoge Saavedra en su artículo en Inredh. En ese radio, indica el articulista, “estaban shuar y policías y hubo heridos en los dos bandos y con la misma clase de perdigones”.

“Me parece absurdo que se esté afirmando algo no contrastable. Nosotros hemos sostenido y sostendremos que este es un crimen de Estado y no vamos a compartir absolutamente nada. No es posible que estando al otro lado, de frente, se diga que fueron perdigones salidos de los propios manifestantes que mataron al compañero. Me parece algo absurdo realmente”, dijo el entonces prefecto de Morona Santiago y miembro de la Federación Shuar, Marcelino Chumpi a los medios, según los archivos de El Comercio.

Que las autoridades nieguen que la Fuerza Pública utilice perdigones para reprimir a los manifestantes no es nuevo. Recientemente, en junio de 2022, durante las protestas indígenas en contra del gobierno de Guillermo Lasso, uno de los fallecidos, Henry Quezada, murió por el impacto de 99 perdigones en su cuerpo. El entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo que la Policía Nacional no utilizó ese tipo de armamento y trató de culpabilizar a otros manifestantes. Sin embargo, un reportaje periodístico de Karol Noroña, especializada en seguridad, refutó la versión oficial sobre la muerte de Quezada.

Luego de la muerte de Wisuma, el presidente Rafael Correa se comprometió a investigar y esclarecer el caso e incluso nombró a una escuela en honor al activista. Correa utilizó a Wisuma como elemento discursivo para desviar la atención de las acusaciones del movimiento indígena sobre la represión.


José Acacho fue sentenciado en relación al crimen de Wisuma, pese a que no estaba en el lugar de la muerte del activista. Acacho luego fue asambleísta.
Incluso la justicia de aquel entonces sentenció como responsable del crimen a José “Pepe” Acacho, un líder shuar sin que siquiera haya estado en el lugar de los hechos. Acacho también era presidente de la Federación de Indígenas Shuar del Ecuador y director de radio Arutam. Según el gobierno, los mensajes radiales emitidos desde ese medio comunitario promovieron la violencia en las manifestaciones indígenas. A Acacho se lo procesó por terrorismo y sabotaje, según recoge el especial Sobrevivientes, de Plan V.

Así como Acacho, durante el correísmo, hubo otras voces críticas acusadas de terrorismo y sabotaje, como el caso de Francisco Endara Daza, que participó en las manifestaciones del 30 de septiembre de 2010 en contra de Rafael Correa. Justo un año después de la muerte de Wisuma. A Endara Daza lo condenaron por aplaudir.

Acacho, que fue detenido en septiembre de 2018, recibió un indulto presidencial de Lenín Moreno, que también fue vicepresidente de Correa y es acusado de traidor por el partido correista.

La política extractiva de Correa

Apenas dos años de su llegada al poder, Rafael Correa demostró con sus políticas públicas que se distanciaba de las promesas realizadas a los movimientos de izquierda que lo apoyaron para que gobernara desde Carondelet.

Las políticas que implementó para favorecer a proyectos extractivos –como la minería a gran escala– mostraron que Correa se distanciaba de los principios plasmados en la Constitución del 2008 que él impulsó y que aún sigue vigente.

En ese momento, el gobierno inició con la explotación de las minas al sur de la Amazonía ecuatoriana. En esta zona viven los pueblos indígenas shuar y saraguros, quienes se oponen a la minería a gran escala y que fueron reprimidos varias veces durante la administración de Correa.


Durante las protestas del 2015 en contra del gobierno de Rafael Correa, los miembros de la comunidad indígena Saraguro fueron reprimidos por la fuerza pública. (Foto: Conaie).
En agosto de 2015, hubo varias jornadas de protesta en contra del gobierno de Rafael Correa. Los manifestantes, incluyendo al movimiento indígena, mostraron su descontento con las políticas gubernamentales relacionadas al medioambiente y los intentos de Correa de permitir la reelección presidencial indefinida. La organización internacional Human Rights Watch alertó que los “miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas utilizaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes durante protestas contra el gobierno en agosto de 2015″.

Uno de los casos más emblemáticos de esas protestas del 2015 fue la represión a los indígenas saraguros, quienes se manifestaban pacíficamente. Según Inredh, “por estos hechos 31 personas fueron procesadas, de ellas 2 fueron sobreseídas antes de iniciar el proceso. De las 29 personas, actualmente 12 fueron llamados a juicio y 2 sentenciados a 4 años de prisión por el presunto delito de paralización de servicio público”.

De acuerdo con Plan V, desde finales del 2013, cuando Correa aún estaba en el poder, varios integrantes de las comunidades shuar y saraguro aparecieron asesinados con signos de tortura, “pero el Gobierno por todos los medios trató de silenciar estos casos visibilizados por los dirigentes de las comunidades y estableciendo que eran producto de rivalidades internas”.

De la represión a la propaganda

La propaganda gubernamental de Rafael Correa era un despliegue impresionante que permitió al gobierno llegar con su mensaje a su militancia que incluso ahora defiende al expresidente, prófugo de la justicia ecuatoriana que está asilado en Bélgica. La muerte de Wisuma fue parte del aparataje propagandístico del correísmo, así como los caídos durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, conocida como 30S.


El correismo nombró una escuela en nombre del activista y profesor Bosco Wisuma, que murió protestando en contra de las políticas de Rafael Correa.
En su artículo sobre la muerte del profesor y activista shuar, Saavedra señala que “Bosco Wisuma murió defendiendo los derechos de su pueblo pero, cosas de la política, su memoria terminó siendo una iconografía del gobierno al cual rechazó”.

En octubre de 2019, durante las protestas indígenas que duraron 11 días, la Conaie increpó al expresidente Rafael Correa por querer ganar atención política a costa de las manifestaciones y publicaron en su cuenta oficial de Facebook: “¡Miserable! Rafael Correa. Rechazamos el oportunismo descarado, el correísmo nos criminalizó y asesinó a compañeros durante 10 años, hoy pretende aprovecharse de nuestra plataforma de lucha. No olvidamos a José Tendetza, Bosco Wisuma, Fredy Taish, asesinados por su aparato estatal Esta es la lucha del pueblo ecuatoriano, ni con Moreno, ni con Correa, ni con Lasso, ni con Nebot”.

Entre 2009 y 2014, cinco activistas contra la minería, incluido Wisuma, murieron en circunstancias extrañas y no esclarecidas. Estas muertes son parte de los más de 30 asesinatos sucedidos durante el correísmo, en los que los familiares de las víctimas reclaman una responsabilidad gubernamental.
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/10/16/el-caso-bosco-wisuma-el-profesor-asesinado-en-una-protesta-contra-rafael-correa-quien-luego-lo-reutilizo-como-propaganda-propia/

Agua y Minería, Bolivia

Las compuertas de la represa Tacagua se abren

este lunes para nutrir de agua a más 7000 hectáreas de siembra de alfa alfa, cebada y avena que son nutrientes para los ganados ovino y vacunos de más 2.500 familias que se dedican a la producción lechera de la zona.
Colectivo Casa
La actividad es el inicio de la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riegos N° 2 Tacagua para la gestión ante la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro para la promulgación de la Ley de Declaratoria de Patrimonio Departamental a represa ubicada en el municipio de Challapata distante a 121 kilómetros al sur de la ciudad de Oruro.

La declaratoria tiene su importancia “por su valor hídrico y símbolo del desarrollo agroproductivo lechero del municipio de Challapata, provincia Abaroa del departamento de Oruro del Estado Plurinacional de Bolivia, al ser la segunda represa más importante de nuestro país, protegiéndose y tutelando el agua, la producción y la alimentación, desde la jurisdicción territorial del Municipio de Challapata”, sostuvieron los dirigentes de Tacagua.

La declaratoria obedece ante cualquier intención de autorizar la explotación minera en los cerros que circundan la represa con capacidad de almacenar 45 millones de metros cúbicos de agua al año.

Tacagua empezó su funcionamiento en el año 1961, en diferentes puntos se puede apreciar los paisajes de colores azul, verde y café del cielo, agua, sembradíos y cerros que circundan la zona.

Challapata es la capital agroganadera del Departamento de Oruro gracias a Tacagua. Es un punto de parada por los buses de transporte interdepartamental donde visitantes nacionales y extranjeros, adquieren los ricos quesos, tostado de haba, el yogurt y la leche para ser saboreados en sus hogares.

concesiones contiguas, las que abarcan aproximadamente una superficie de 78 kilómetros cuadrados. Los pedidos de explotación van desde minerales complejos (plata, plomo, zinc), hasta de antimonio.

A finales de 2019, la empresa minera El Buen Samaritano junto a la Autoridad de Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) convoca a una consulta previa para septiembre a las comunidades de Acallapu y Tolapajru, que serían directamente afectadas. Los representantes dan a conocer su rechazo a la actividad minera.

LA MINERÍA CONSUME EXCESIVA AGUA

La operación minera demanda grandes cantidades de agua, además que su tratamiento y expulsión, pone en riesgo la pureza de las aguas de la represa de Tacagua, como también las aguas subterráneas.

Frente a la contaminación minera heredad por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), en otras regiones del departamento, además de otros países, los regantes de Challapata se oponen al ingreso de la minería, puesto que puede ocasionar una migración y degradación de suelos, siendo el beneficio económico efímero y el daño ambiental de largo plazo, además de perderse hectáreas aptas para el cultivo.

La declaratoria departamental de Tacagua como patrimonio orureño motiva a los habitantes de Oruro a evitar la contaminación de la zona, que ya se encuentra afectada por los cambios climáticos, en los ciclos de lluvias, y el ingreso de la minería puede ser fatal para su futuro como región agroganadera.

Criminalización de la protesta, Perú

Después de más de7 años de proceso judicial

02/09/2022
Condenan injustamente por delito de disturbios a defensora de
derechos humanos que en defensa de la tierra y el ambiente se opone al
proyecto minero “Tía María”
Al mismo tiempo, en el mismo proceso absuelven a otras 10 personas defensoras
El día de hoy, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa procedió al adelanto de lectura de
sentencia por la cual condena, por delito de disturbios y lesiones leves, a una de las agricultoras
defensoras del Valle del Tambo.

Igualmente, absuelve a otras 10 personas agricultoras defensoras de mismo valle por los delitos de
tortura, disturbios y lesiones leves en el proceso judicial contenido en el Expediente No. 4116- 2016.
Como se recordará entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo,
en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de
manifestaciones públicas en contra de la decision estatal de autorizar la ejecución del Proyecto
Minero denominado Tía María, al considerar que iba afectar el medio ambiente y las tierras
agrícolas; así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo
su derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Asimismo, protestaban en forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la
Consulta Vecinal, realizada el 27 de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle
del Tambo le dijo no al Proyecto minero y si a la agricultura.
Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represion indiscriminada contra los
agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses y, al mismo tiempo, el gobierno y
la empresa Souther Peru denunciaron falsamente la comisión de diversos delitos a dichos
agricultores que no hacían otra cosa que ejercer, de manera legítima, su derecho fundamental a la
protesta social.

Este proceso judicial se volvió emblemático por la firme decision de los agriculores del Valle del
Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú y
una de las primeras en Latinoamérica en la que la población, en forma abrumadora se opuso al
desarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en
desarrollar el Proyecto Minero Tía María.

En este proceso judicial, el Ministerio Público acusó a las agricultoras y agricultores de los delitos de
tortura, disturbios y lesiones leves. Con relación a ello, el antes citado Juzgado Unipersonal, si bien
decidió absolver a Elida Maritza Ticona Hinojosa de delito de tortura, sin embargo, con un
razonamiento absolutamente equivocado decidió condenarla por los delitos de disturbios y lesiones
leves.

Finalmente, señaló que no se había acreditado la comisión de los delitos de tortura, disturbios y
lesiones leves por parte de otras 10 personas agricultorasde, por lo que decidió absolverlos.
En relación a ello, en este proceso judicial, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz –
FEDEPAZ (organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú),
contando con el fundamental apoyo institucional de RED MUQUI, asumió la defensa legal de 2 de
las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda
responsabilidad penal, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la sentencia, al mismo
tiempo expresa su indignación por la que considera una injusta sentencia en la parte que condena
a la defensora Elida Maritza Ticona Hinojosa, con la convicción de que deberá ser absuelta por la
segunda instancia.

Expresa igualmente, que este largo proceso de más de 7 años evidencia que las defensoras y los
defensores fueron acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también,
en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos
aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales
y empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

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Agua y Minería, Perú

CAMPESINOS DEL SUR ANDINO DEMANDAN PROTECCIÓN DE CABECERAS DE CUENCA

Imagen: Red Muqui 07/07/2022
El miércoles 06 de julio, se desarrolló el Foro público “Miradas y perspectivas de cabeceras de cuenca, donde nace la vida” con la participación de especialistas y dirigentes de Apurímac, Puno y Cusco.

El evento, que se desarrolló en la Casa campesina del Centro Bartolomé de las Casas en la ciudad del Cusco, buscó articular saberes de especialistas y de dirigentes campesinos de las regiones del sur andino, que busquen alternativas para la preservación del agua frente a retos como el cambio climático.

El evento fue organizado por la Red Muqui, CooperAcción, Cedep Ayllu, Centro Bartolomé de Las Casas, APRODEH, Derechos humanos sin fronteras, Arariwa, IDECA, Isaías, Cadep.

La primera exposición estuvo a cargo del biólogo Wilfredo Chávez, responsable de la unidad de estudio del Instituto de manejo de agua y medio ambiente- IMA, quien señaló la importancia de la Ley de recursos hídricos y la Ley 30640 que destaca importancia de cabeceras de cuenca. En ese sentido dijo que es un concepto difícil de definir, y sobre todo de establecer hasta dónde son las cabeceras de cuenca en los territorios. Asimismo, que no hay una metodología clara para establecerlo.

“La norma no es clara sobre los instrumentos para garantizar la conservación de las cabeceras de cuenca. Los límites de las cabeceras de cuenca son difusos, el agua no entiende de límites. El agua puede discurrir en una cuenca de manera subterránea. No todas las cuencas tienen las mismas características, tienen diferentes rocas”, puntualizó Chávez.

Por su parte Ana Leyva, de CooperAcción, recordó que la identificación y delimitación de las cabeceras de cuenca le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua del Perú.

“¿Quiénes van a hacer la zonificación de las cabeceras? Las empresas en sus Estudios de Impacto Ambiental. Esto es grave. Tenemos que actuar ante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú que lo aprobó», señaló Leyva.

Asimismo, Henry Córdova del MOCICC recordó que los gremios empresariales como la SNMPE y la SNI reaccionaron en contra de las cabeceras de cuenca, pues señalaron que esa concepción atentaría contra la inversión privada. En esa línea recordó que cuando uno va a Cusco, Cajamarca, Piura, ve que hay un permanente conflicto con las poblaciones por la protección de las cabeceras de cuenca, por lo que las poblaciones son perseguidas. Por eso hay que exigir al Estado que se defina técnicamente las cabeceras.


Imagen: Red Muqui

Por su lado el Ingeniero Edwin Mancilla, del Concejo regional del cambio climático, dijo que es muy importante contar con las áreas de conservación, que van a significar que se podrá cuidar esas zonas. El agua necesita un cuidado especial, sobre todo frente al cambio climático como gran amenaza.

«Recién en adelante se va a tomar en cuenta la zonificación de las cabeceras de cuenca de acuerdo a los criterios que está señalando la Autoridad Nacional del Agua del Perú, pero las concesiones mineras que se dieron y están en cabeceras, ¿no se va a hacer nada?», señaló Mancilla.

Por otro lado, también intervinieron diversos líderes campesinos del sur andino, haciendo comentarios y contando sus experiencias de luchas por la preservación de las cabeceras de cuenca.

«Hemos visto quemas en los cerros de Cusco y el gobierno regional no tiene capacidad para apagar incendios. Cuando hemos sido dirigentes hemos apagado incendios con el pueblo. Como Federación Departamental Campesina del Cusco hacemos la siembra y cosecha del agua para su uso racional, pero ¿el Estado?», sostuvo un dirigente de la Federación Departamental Campesina del Cusco.

Un dirigente campesino de Chamaca, Chumbivilcas, señaló que «nosotros en las comunidades donde vivimos cerca a las cabeceras de cuenca, no sabemos lo que hace el Estado con nuestros territorios. ¿Cómo quieren codifican las cabeceras de cuenca? Defendemos el territorio y el agua para nuestro presente y futuro».

En un segundo momento de las exposiciones, intervinieron especialistas como Wallter Choquevilca, docente de la Universidad Tecnológica de los andes, quien destacó que la importancia de entender las cuencas como ecosistemas, un sistema integral y delicada convivencia donde todos los seres vivos estamos en interrelación. Puso de ejemplo que no puede haber actividades intensivas de ganadería o agricultura en la parte alta de la cuenca, pues afectarán a la parte baja de la misma.

Por su parte Marcela Machaca, de la asociación Bartolomé Ariypalla de Ayacucho, señaló que la cuenca no puede ser vista desde una concepción solo utilitaria. También señaló que el cambio climático está impactando con la reducción de glaciares y a las cabeceras de cuenca. Por eso es clave rescatar los conceptos quechuas del buen vivir y la convivencia con la tierra, para no sobre explotar los bienes de la naturaleza.


Imagen: Red Muqui

Posteriormente el foro tuvo un momento participativo. Las y los participantes realizaron grupos de trabajo, donde intercambiaron experiencias y saberes. Finalmente, el foro concluyó con exposiciones y reflexiones de los asistentes sobre el rol que cumplen las cabeceras de cuenca en las regiones y qué se debe de hacer para la protección y preservación de las mismas, con un enfoque del buen vivir y con demandas dirigidas al gobierno de Pedro Castillo para que se norme y asuma políticas públicas concretas para la preservación de las cuencas, como el tema de una ley de ordenamiento territorial. Se formó, asimismo, una comisión especial entre los asistentes, para redactar un memorial que será dirigido al gobierno central y autoridades regionales.
Puede ver la transmisión del evento en este enlace: https://bit.ly/3aigSQG

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Agua y Minería, Bolivia, Criminalización de la protesta

En Oruro, mineros atacan y queman carpas de comunarios que protestaban por contaminación

ESTABAN EN VIGILIA
El ataque y cómo quedó una carpa. Foto: comunarios del Ayllu Acre Antequera.
UNITAS 09/06/2022
Luego de tres semanas de vigilia, trabajadores de la empresa minera Illapa atacaron con dinamita la noche del martes a los comunarios del Ayllu Acre Antequera del departamento de Oruro, que habían instalado dos puntos de vigilia en contra de la desertificación y la contaminación que esta empresa hacía en tierras de la comunidad. Hay una comunaria herida, además de carpas y enseres de los pobladores que fueron quemados.

El pasado 15 de mayo, comunarios del Ayllu Acre Antequera del municipio de Antequera de Oruro habían instalado estas dos vigilias en contra de la instalación de tuberías que atraviesan por la comunidad y que sirven para expulsar la sobreexplotación de agua que esta minera está realizando, según denuncia del dirigente Hernán Roque, miembro del consejo de Justicia de este ayllu.

Según Roque, la noche del martes un grupo de trabajadores mineros llegó a uno de los dos puntos de vigilia que los comunarios habían instalado y con dinamitas expulsaron a la totalidad de ellos. “Han venido a desbloquear con dinamitas, nos han arrinconado, sobre todo eran mujeres y personas mayores (en la vigilia). Han quemado nuestras carpas donde dormíamos en la noche”, denunció el dirigente en entrevista con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.

Indicó que luego de retirar a los comunarios de la vigilia, procedieron a quemar sus carpas y enseres, además de denigrar a las mujeres que estaban en protesta. Una de las comunarias fue herida. “Han golpeado a una hermana que tiene al parecer las costillas rotas”, precisó y mencionó que fueron al municipio de Huanuni y presentaron una denuncia contra la empresa minera por estos abusos, además de la portación de dinamita.


De acuerdo con Roque, el problema con la empresa Illapa, que es filial de la empresa transnacional Glencore, data de 2018, cuando descubrieron que la minera extraía más agua de lo que su licencia ambiental le permitía, de 140 litros por segundo a 400 litros por segundo, según estimaciones de los propios comunarios.

Es justamente a causa de ese hecho que se han presentado tres problemas en la comunidad: el primero es la desertificación de las tierras, hay una falta de agua para la producción en la comunidad; el segundo tiene que ver con la contaminación que esta situación está provocando; y el tercer conflicto son las inundaciones en la mina que, frente al alto uso del líquido, obliga a la empresa a instalar tuberías que están atravesando por el territorio de la comunidad.

Roque indicó que la Gobernación de Oruro se comprometió a enviar una comisión de la Secretaría de Medioambiente para verificar la situación que está atravesando la comunidad, no obstante, hasta la fecha, no se ha presentado. La vigilia fue levantada debido a este ataque.
https://erbol.com.bo/seguridad/en-oruro-mineros-atacan-y-queman-carpas-de-comunarios-que-protestaban-por-contaminaci%C3%B3n

Agua y Minería, Chile

Chile amortigua el golpe de la prohibición de los glaciares en las gigantescas minas de cobre

24/05/2022
Imagen referencial. / Crédito: Codelco.
El Gobierno de Chile está estudiando una aplicación gradual de la propuesta de prohibición de la minería cerca de los glaciares para limitar el impacto en algunas de las mayores minas de cobre del mundo y sus proyectos previstos en las alturas de los Andes.

En una entrevista el lunes, la ministra de Minería, Marcela Hernando, identificó alrededor de 20 sitios mineros que están en áreas protegidas, alguno de ellos cerca de glaciares, como El Teniente y Andina de Codelco y Los Bronces de Anglo American Plc.

“Tiene que haber un período para esa transición”, dijo. “Uno entiende que a partir de ahora, ninguna tarea nueva podrá estar cerca de los glaciares”.

Hernando habló después de que la Convención Constitucional aprobara una ampliación de la gobernanza medioambiental que también incluye la remodelación de las normas sobre el agua. BTG Pactual calcula que las nuevas protecciones para los glaciares y otras zonas sensibles ponen en riesgo una quinta parte de la producción de cobre de Chile. Se trata de un gran problema, ya que la industria se enfrenta a la creciente demanda del metal de las baterías en la transición energética.

Suponiendo que la carta se ratifique en un referéndum en septiembre, el gobierno del presidente Gabriel Boric, de 36 años, tendrá que encontrar el equilibrio adecuado entre la revisión de las normas medioambientales y sociales y el mantenimiento del atractivo de Chile para los inversores en un momento en el que la construcción de minas es cada vez más difícil y costosa. La Convención está debatiendo las medidas de aplicación de la nueva carta magna.

Sin duda, la industria ya está avanzando en esa dirección, cambiando a la energía renovable y al agua de mar en medio de una sequía de 12 años, buscando formas de sustituir el diésel y comprometiendo más a las comunidades locales.

Pero el ritmo ha sido demasiado lento, dijo Hernando. Por ello, el Estado debe desempeñar un papel para acelerar los esfuerzos de ESG a través de iniciativas público-privadas o, en el caso del litio, mediante la creación de una empresa nacional, dijo.

No está claro cómo afectaría la propuesta de ampliación de la gobernanza medioambiental a la extracción de litio en los salares del desierto de Atacama. Los productores ya están explorando nuevas formas de operar que no impliquen el bombeo de salmuera en gigantescas piscinas de evaporación, dijo Hernando.

“En ese sentido, la nueva constitución podrá acelerar este proceso y me parece que es absolutamente positivo porque nadie puede ignorar el daño que se ha producido en el Salar de Atacama durante tantos años”.

El Gobierno también quiere potenciar la fundición nacional invirtiendo en plantas estatales e introduciendo nuevas tecnologías a través de asociaciones público-privadas. Está trabajando en un proyecto para mejorar la planta de Paipote, gestionada por la empresa estatal Enami, y está interesado en modernizar otras fundiciones construidas hace décadas. “Lo ideal” sería que Chile ampliara sus siete plantas actuales, dijo.

Es el último intento de un gran productor de materias primas por captar más valor en las fases posteriores del proceso, en un momento en que la pandemia y la guerra de Ucrania aceleran la ruptura de los lazos comerciales tradicionales y estimulan los esfuerzos por fomentar las industrias locales, especialmente las que participan en la transición a energías más limpias. Pero impulsar el procesamiento local también implica grandes inversiones y más uso de energía y emisiones. Hacerlo lejos de los centros de demanda de Asia y Europa también puede ser un reto, sobre todo teniendo en cuenta que a China le sobra capacidad.

“Tenemos que potenciar la capacidad de fundición de nuestro país y con ello estamos hablando de industrialización, pero sostenible y sin descuidar nuestro ambicioso objetivo de neutralidad en carbono”, dijo Hernando.

Chile también está en conversaciones con Argentina y Bolivia sobre la forma de añadir valor a sus industrias mineras, en particular en lo que respecta al litio, y México se ha sumado recientemente a las conversaciones, dijo Hernando.

El gobierno también busca que la minería contribuya más al gasto social. Planea aumentar los impuestos para el sector, aunque la carga total no debería superar el 50%, dijo Hernando. La consultora Plusmining calcula que la carga fiscal actual ronda el 40%.

La medida más justa, que también tiene en cuenta la calidad del yacimiento, es un impuesto ad valorem de entre el 1% y el 3%, que es una forma de pagar una especie de derecho de explotación, diferente de los impuestos sobre la renta, dijo Hernando.

La nueva carga impositiva hará que las empresas sigan invirtiendo en Chile, dijo: “Tenemos que seguir siendo un país competitivo en esta materia”.

Restó importancia al riesgo para la industria minera si se elimina la referencia al modelo de concesiones del país en la nueva Constitución.

“Lo que estamos haciendo es nivelar nuestro sistema legislativo en materia minera a lo que ocurre en otros países”, dijo Hernando. “Hay cosas básicas y fundamentales que deben estar establecidas en la Constitución y el resto debe ser regulado por simples leyes”.
Fuente: Bloomberg

Chile amortigua el golpe de la prohibición de los glaciares en las gigantescas minas de cobre

Criminalización de la protesta, Mexico

Familia del asesinado defensor ambiental mexicano Mariano Abarca solicita permiso para apelar al Tribunal Supremo de Canadá

19/04/2022 Otros Mundos AC
Comunicado de la Familia Abarca, Abogados de la familia, MiningWatch Canadá y Otros Mundos sobre el caso #JusticiaParaMariano – A 19 de abril de 2021
(Ottawa, Chiapas) La familia del asesinado defensor ambiental mexicano, Mariano Abarca, espera que el Tribunal Supremo de Canadá allane el camino para que el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública investigue a la Embajada de Canadá en México. Será la primera vez que el tan denostado sistema de denuncias en torno al sector público de Canadá se someta al escrutinio del más alto tribunal.

Mariano fue asesinado a tiros en 2009 tras denunciar los impactos sociales y medioambientales de una mina de barita canadiense en su pueblo natal, Chicomuselo, Chiapas. Blackfire Exploration, con sede en Calgary, abrió su mina en Chiapas en 2007 y, desde el principio, la empresa solicitó y recibió un importante apoyo de la embajada canadiense. Esto incluyó el envío de una delegación de alto nivel a la oficina del gobernador de Chiapas para presionar a las autoridades estatales a fin de que protegieran a la empresa y sofocaran las protestas, a pesar de saber que Mariano estaba recibiendo amenazas de los empleados de la empresa y de que la policía había actuado a raíz de una denuncia de la empresa para arrestar y detener a Mariano durante ocho días. Siete semanas después, Mariano fue asesinado a plena luz del día frente a su restaurante.

Creyendo que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire ponía a Mariano en mayor riesgo, su familia presentó una denuncia en 2018 en virtud de la ley para responder a abusos por la administración pública de Canadá. Al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública, cuya responsabilidad es examinar las denuncias recibidas y garantizar la confianza en el servicio público, se le ofrecieron casi 1000 páginas de pruebas de una solicitud de acceso a la información, documentando las acciones de la Embajada. El Comisionado se negó a aceptar, y mucho menos a leer, las pruebas, y decidió de todas formas, no iniciar una investigación.

En febrero del 2022, la Corte Federal de Apelación confirmó la decisión del Comisionado basándose en gran medida en un mero tecnicismo. Según los jueces, como se citaba la evidencia en base al acceso a la información en las notas en pie de página y no se entregaba físicamente al Comisionado, éste no tenía obligación de leerlas. En segundo lugar, utilizando una lógica similar, la Corte se negó a considerar los argumentos de las tres partes intervinientes en el caso, incluidos los relativos a las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y la importancia de que el Comisionado sea una oficina de acceso público, porque estos argumentos no se presentaron originalmente ante el comisionado.

El planteamiento del Comisionado pondrá aún más barreras para recibir denuncias bajo esta ley. Canadá ya ha sido clasificado como el peor de 62 países en cuanto a la protección de quienes denuncian abusos en el sector público según un estudio realizado por el Proyecto de Responsabilidad Gubernamental, con sede en Washington, y la Asociación Internacional de Abogados, con sede en el Reino Unido.

“Se supone que el proceso para denunciar irregularidades cometidos por funcionarios públicos tiene que ser informal y accesible“, dijo Nicholas Pope, uno de los abogados que presentó la solicitud de autorización para recurrir a la Suprema Corte de Canadá el 6 de abril. “Pero ahora es rígido y formalista y sólo conseguirá disuadir aún más a la gente de presentarse. En este caso, el resultado final es que los actos y omisiones de la Embajada de Canadá que pueden haber contribuido al asesinato de un defensor de los derechos humanos han quedado sin investigar.”

“Se nos estan negando nuestro derecho a conocer la verdad sobre la presión que la embajada canadiense ejerció sobre las autoridades mexicanas y cómo eso pudo haber jugado un papel en el brutal asesinato de mi padre“, dice José Luis Abarca, uno de los cuatro hijos de Mariano. “Sabemos que nada nos devolverá a mi padre, pero queremos que Canadá tome medidas significativas para evitar que esto ocurra en el futuro“.

La relevancia de este caso para la política de relaciones exteriores canadiense es innegable para Gustavo Castro, miembro de Otros Mundos Chiapas, organización que trabajaba con Mariano antes de que fuera asesinado y que sigue apoyando a la familia:

“Una investigación en este caso abriría las puertas a un serio ajuste de cuentas sobre cómo los cuerpos diplomáticos canadienses proporcionan un apoyo irrestricto a las corporaciones canadienses a costa de la gente y el medio ambiente en México y otras partes del mundo. Creemos que esta es la razón por la que se ha rechazado una investigación hasta ahora y esperamos de verdad que la Corte Suprema de Canadá vea su tremenda importancia y brinde la oportunidad de hacerla avanzar.“

Contactos para los medios:
• Para entrevistas con los abogados o la familia: +18733761465 Kirsten Francescone,
MiningWatch Canada
• Otros Mundos – Área de comunicación +52 967 301 7928
• Shin Imai, Professor Emeritus, Osgoode Hall, Universidad de York en Toronto, +1647-524-
2312

Agua y Minería, Perú, Salud y Minería

EXPERTOS ALERTAN SOBRE EL RIESGO DE DERRAME DE RELAVES TÓXICOS SOBRE EL RÍO RÍMAC

CooperAcción. 09/04/2022
Imagen: Mancomunidad municipal del valle Santa Eulalia
A raíz de la última denuncia de organizaciones sociales sobre la rotura de una represa de relaves tóxicos de la mina Huampar que estaría contaminando los ríos Santa Eulalia y Rímac, CooperAcción organizó el último jueves 7 de marzo un espacio de conversación vía Twitter denominado: “Derrame de relaves en el Rímac: El peligro es real”


Este espacio de intercambio tuvo como invitados a Ana Leyva, Subdirectora de CooperAccion y a Dionel Martinez, geógrafo y maestrando de la FU Berlín y la PUCP. Ambos comentaron que en la zona afectada existen un sin número de pasivos ambientales, entre ellos relaves mineros que ponen en riesgo los medios de vida de las poblaciones de la zona y también de los más de 10 millones de personas en la ciudad porque precisaron que el agua que viene desde la parte alta del Rímac es consumida por la capital de Lima.

Ana Leyva indicó que una represa de relaves o relavera es un depósito de desechos de la producción minera que contienen químicos de alto riesgo y que son un peligro para la vida. Estos desechos químicos van a quedarse permanentemente, es decir están para siempre en el lugar, así la mina haya dejado de operar. Precisó que la posibilidad de falla está siempre presente, y que con el tiempo esta se puede agravar.

Por lo tanto, según Leyva, es muy importante que las relaveras se construyan garantizando el máximo de seguridad que se pueda tener. Sin embargo, asegura que eso no viene ocurriendo en el Perú, pues las normas vigentes peruanas no están actualizadas y adaptadas a estándares internacionales.

Por su parte Dionel Martinez advirtió que a nivel de toda la cuenca del río Rímac se llegaría fácilmente a más de 80 pasivos ambientales. Estos pasivos son de diferente tipología, entre los cuales se encuentran los relaves mineros. Martinez precisó que existe una cuestión interesante relacionada al abastecimiento de agua para Lima y el Callao, y es que desde mediados del siglo pasado la cuenca del río Rímac es la que abastece principalmente de agua potable a la ciudad de Lima.

Caso Ariana


Ambos expertos señalaron con preocupación el caso de la mina Ariana como una alarma inminente de contaminación para el agua de consumo humano de más de 10 millones de peruanos. Esta mina se construye justo donde se encuentra el sistema de lagunas y el trasvase de aguas del río Mantaro al río Rímac que abastecen de agua potable a las ciudades de Lima y Callao.

Señalaron que es sumamente preocupante que existan proyectos mineros cerca a los ríos y quebradas. Finalmente, hicieron un llamado de atención a las autoridades competentes para que se garanticen criterios de prevención, mejorar los TDR para la elaboración y ejecución de proyectos y exigieron la reglamentación de la ley de cuencas.

Escucha el space completo aquí: “Derrame de relaves en el Rímac: El peligro es real” https://twitter.com/i/spaces/1DXxyDOpeknJM

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Criminalización de la protesta, Mexico

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado

27/02/2022
Don Roberto, el único habitante de Salaverna, Zacatecas, que se resiste a dejar su hogar y entregar el pueblo a una minera del magnate Carlos Slim, fue vinculado a proceso y este lunes enfrenta su audiencia en la cual podría ser encarcelado.
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Don Roberto de la Rosa Dávila, el último habitante de Salaverna, Zacatecas, que se niega a desplazarse de su hogar para que una mina del magnate Carlos Slim Helú expanda su operación a cielo abierto, tendrá una audiencia este lunes 28 de febrero a las 11 de la mañana, por lo que exige no ser encarcelado por defender a su pueblo de la extracción de cobre en una zona semidesértica con estrés hídrico.

SinEmbargo informó previamente que este chivero fue vinculado a proceso por presunta amenaza a tres trabajadores de la empresa filial Ocampo Mining (Grupo Frisco), por lo que podría ser condenado hasta a cinco años de prisión. En abril de 2020, a inicios de la pandemia, don Beto, como se le conoce, tuvo un altercado con empleados de la minera, quienes se encontraban cercando la comunidad y electrificando el perímetro. El 3 de diciembre, la Jueza Blanca Aguilar le dictó como medida cautelar no acercarse a ellos, lo que le imposibilita acceder a su casa ya agrietada por las obras de desplazamiento de las otras familias.

En vísperas de la audiencia ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Concepción del Oro, fue a recargar su celular a un poblado y desde ahí llamó a este medio para mandar un mensaje.

“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos”, dijo. “No sé nada sobre la audiencia, nunca había estado en estos líos, pero mi abogado pretende sacar una salida alterna”.


Don Roberto. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO

La alternativa, según su defensa legal, es ofrecer una indemnización a los empleados que supuestamente amenazó, pero el campesino no cuenta con el dinero para pagar sus terapias psicológicas.

“Que las pague el Estado, yo soy insolvente, no tengo dinero. [Grupo Frisco] tiene el mayor capital en América Latina y nosotros no tenemos nada, traigo –ríe– ropa regalada”.

Mientras cientos de familias han sido desplazadas por el crimen organizado en Fresnillo y poblados aledaños, Roberto resiste a la presión de la minera de la personas más adinerada del país.

Desde agosto, está exiliado en un cabaña a sólo dos kilómetros abajo de Salaverna porque la entrada está bloqueada con una cerca y dos casetas de vigilancia, y a su hijo –también llamado a la audiencia– las autoridades municipales le advirtieron que “algo le iba a pasar” si intentaba volver al poblado, según denunció. Vive con sus chivas y unos perros. Dice que su hijo “ahí anda, agüitado”, pero lo anima diciendo que deben defender a su pueblo.

“Si nos encierran, es una injusticia, pero nosotros hicimos lo debido”, afirmó.


Cañaba donde se refugia el chivero.
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

En Mazapil, el municipio minero donde está Salaverna con 44 por ciento en pobreza (Coneval, 2020), operan desde hace una década dos grandes proyectos mineros: Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más importante de América Latina de la compañía canadiense Goldcorp —que ya secó pozos de agricultores y afectó el cultivo de miel— y Tayahua, la mina subterránea de cobre que opera desde 1972 y que adquirió Slim en 1998, cuyos planes de convertirla en una de cielo abierto “implica la destrucción” de la comunidad de Salaverna, evaluó el artículo académico “Dos conflictos mineros en Mazapil”.

“No es justo que el invasor a nuestras tierras, que fue a derrumbar nuestro pueblo, ande suelto y ahora nos esté acusando de delincuentes a nosotros, cuando los daños que nos han causado son más graves”, afirmó Don Roberto.

EL DESALOJO CON VIOLACIONES

En la víspera navideña de 2016, sin orden judicial la policía estatal y ministerial de Zacatecas, gobernado entonces por Alejandro Tello, desalojó a habitantes de Salaverna. Trabajadores con dos maquinarias tipo bulldozer destruyeron la iglesia, escuela y la casa de la señora Teresa y su hija Leticia aún con muebles dentro, “vulnerando con ello la legalidad y seguridad jurídica”, expuso la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDHEZ/746/2016).

La población de Salaverna registraba 303 habitantes en 2010, año en que comenzó el conflicto. La mayoría era campesino o ganadero, y los otros laboraban en la mina. Pero tras el desalojo permanecían aproximadamente sólo 50 habitantes de cinco familias, entre ellas Don Roberto y su hijo Roberto Cuauhtémoc.

El resto fue orillado a abandonar la comunidad y por 15 mil pesos aceptaron ser reubicados en un fraccionamiento vecino a la cabecera municipal denominado “Nuevo Salaverna”, sin escuela, iglesia ni áreas verdes, el cual fue ofrecido en comodato por la minera Tayahua (Grupo Frisco), “hecho que se constituye como un evidente desplazamiento forzado”, determinó la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.

Pero Don Beto no aceptó y, aunque su pueblo está en ruinas y con grietas por las detonaciones de la mina, no planea hacerlo. No por él, dijo, sino para evitar daños ambientales para la generación futura por la minería de cielo abierto que deja profundos tajos en el suelo y absorbe grandes cantidades de agua.
Entrada a Salaverna clausurada. FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO


Desde hace una década la empresa de Carlos Slim planea convertir la mina en tajo abierto, pero el yacimiento está debajo de las casas de Salaverna. En esas mismas fechas, y en el marco de detonaciones internas, la compañía alegó que el lugar donde está asentado el poblado le pertenece legalmente y advirtió que existe un riesgo de hundimiento de suelo debido a “una falla geológica natural”, por lo cual solicitó al gobierno local las medidas de desalojo.

Pero los habitantes de Salaverna argumentaron que son posesionarios desde “tiempos inmemorables”, pues nacieron ahí y atribuyen los hundimientos, como el de 2012 en el Cerro “El Farito”, a diversas detonaciones y operación minera subterránea. Así consta la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal.

Con apoyo del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), los inconformes llevaron el caso a la Secretaría de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano (SEDATU) para la regularización de 4 mil 650 hectáreas. Ya en la reunión en las oficinas en la Ciudad de México, comenzó a temblar. Era el 19 de septiembre de 2017.

Entre el terremoto, las elecciones de 2018 y la pandemia, a más de diez años de haber estallado el conflicto, no avanza el cambio de uso de suelo de mina subterránea a cielo abierto, por lo que el proyecto de expansión se mantiene frenado y Don Beto podría ser encarcelado.

Roberto, campesino de Zacatecas contra mina de Slim, pide no ser encarcelado