20/05/2026
Silvia Bardales Q.
Fotografías: Juan Zapata y Valia Aguirre

Defender el agua, el territorio y la salud en el Perú sigue siendo una labor de alto riesgo. En pleno 2026, las comunidades de Cotabambas y el Valle de Tambo continúan pagando con su libertad el costo de oponerse a un modelo extractivista que ignora su voz. Mientras en Arequipa la memoria de los caídos sostiene la resistencia de 15 años contra el proyecto Tía María, en Apurímac el hostigamiento legal no da tregua, entrampando a 18 comuneros en un desgastante laberinto de audiencias reprogramadas. Estas dos regiones, golpeadas por el abandono estatal y la represión policial como respuesta a los conflictos socioambientales, hacen latente un debate imprescindible en pleno proceso electoral: ¿Por qué defender su tierra debe costarle la vida a un ciudadano?

Cotabambas: más de una década de procesos judiciales
“Mi delito simplemente ha sido tratar de ayudar a sacar a los heridos”. A casi once años de las protestas contra el proyecto minero Las Bambas, Javier Mamani todavía enfrenta procesos judiciales, audiencias y el temor permanente de volver a prisión. Su historia no es excepcional. En distintas regiones del Perú, decenas de dirigentes, agricultores y defensores ambientales continúan siendo investigados o procesados por protestar contra proyectos extractivos como Las Bambas o Tía María. El caso de Javier Mamani resume el impacto humano de la criminalización de la protesta social contra los defensores.

Javier, agricultor y comerciante de Cotabambas, fue detenido durante las protestas en defensa de sus territorios (septiembre de 2015) y en contra del proyecto minero ‘Las Bambas’. Según relata para Wayka, acudió a la zona luego de escuchar que había personas heridas. Como se recuerda, la represión policial dejó como saldo 4 personas muertas.

“Mi delito simplemente ha sido tratar de entrar a la mina, ayudar a sacar a los heridos. Nada más”, afirma.

Mamani denuncia que fue víctima de una “siembra” policial dentro del campamento minero. “Me han puesto una dinamita en mis medias. Me han sembrado”, sostiene. Según cuenta, los policías le encontraron un cartucho explosivo que, asegura, nunca le perteneció. “Ellos, ¿cómo sabían que tenía algo en el pie? Ahí se nota clarito que ellos me han puesto”, declaró.

Tras su detención, fue obligado a firmar un acta mientras permanecía incomunicado. “Firmé por miedo a que me maten”, recuerda.

El agricultor pasó seis meses en prisión preventiva y, hasta el día de hoy, continúa enfrentando un proceso judicial. Aunque en 2020 varios comuneros fueron absueltos, la Fiscalía apeló la decisión, manteniendo los procesos abiertos.

Esta persecución penal golpeó con dureza el entorno más íntimo de Mamani. “Uno de mis hijos dejó de estudiar ingeniería ambiental porque tuvo que trabajar en vez de mí”, lamenta. El costo emocional también fue extremo: “Atravesé una crisis tan profunda que hasta pensé en suicidarme”, confiesa

El drama en el conflicto de Las Bambas, sin embargo, va más allá de los procesos judiciales; se ha cobrado vidas. Al recordar a los comuneros fallecidos y a las decenas de heridos que dejaron las movilizaciones contras Las Bambas, Mamani cuestiona con indignación el abandono del Estado. “Hay viudas, hijos que crecieron sin padres. ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie”.

Tía María: quince años de resistencia

Ese mismo dolor y la misma exigencia de justicia se respiran en las calles de Islay. En el Valle de Tambo, la defensa del agro frente al proyecto minero Tía María también ha dejado una factura humana igual de devastadora: ocho civiles fallecidos a causa de la represión policial. Con procesos judiciales que arrastran a decenas de agricultores y una resistencia que ya cumple 15 años, Tía María demuestra que el verdadero conflicto no radica en la viabilidad técnica de una mina, sino en el respeto a la autodeterminación de un pueblo. En Islay, la frase «Agro sí, mina no» dejó de ser un simple lema para convertirse en un pacto social que ha resistido a cuatro gobiernos consecutivos y a reiterados intentos de imposición minera por parte de Southern Copper.

Acción de protesta de agricultores del Valle del Tambo
La historia de Agripina Juana Paucar Quispe, agricultora del distrito de Deán Valdivia, está ligada a la resistencia del Tambo desde 2011. “Estamos presentes para defender la agricultura, el medio ambiente y el agua es vital para nosotros”, sostiene.

Para la defensora, el proyecto Tía María es una amenaza inminente contra la vida agrícola del valle. “Southern está contaminando y destruyendo los cerros de La Tapada. Todo el Valle de Tambo va a ser afectado”, advierte de manera tajante.

Sin embargo, la defensa del valle ha tenido un costo brutal, marcado por la violencia policial. “Las balas pasaban por nuestros cuerpos. Hemos sido pateados, maltratados. Han matado a nueve compañeros”, concluye, sintetizando el nivel de violencia que enfrentan los pobladores que defienden el Valle de Tambo

David Velazco Rondón, abogado y defensor legal de dirigentes del Valle de Tambo
El abogado David Velazco Rondón, y defensor legal de los dirigentes del Valle de Tambo, explica que la oposición al proyecto no nació de manera improvisada, sino que es el resultado de un sólido proceso de organización comunitaria. “La población fue informada de que el proyecto minero afectaría gravemente su derecho a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado. Ante este escenario, la población se organizó y se opuso”, señala el especialista.

Esta postura quedó registrada en 2009, durante una consulta vecinal realizada en el Valle de Tambo que evidenció un rechazo contundente al proyecto. “Alrededor del 97% de la población manifestó que no estaba de acuerdo con el proyecto minero”, precisa Velazco.

Para el defensor, la insistencia en imponer Tía María ignora de forma deliberada una economía local que ya es exitosa.“Estamos hablando de pequeños agricultores que exportan sus productos. Ellos decidieron continuar con su modelo de desarrollo y el Estado debería respetarlo”, concluye.

El derecho a protestar frente al discurso “antiminero”
En medio de la campaña electoral, diversas candidaturas candidaturas a la presidencia y al Congreso han promovido el extractivismo como único sinónimo de progreso económico, mientras comunidades y organizaciones ambientales cuestionan el costo social y ambiental de estos proyectos.

Desde sectores empresariales y políticos, las comunidades movilizadas suelen ser calificadas como “antimineras” o incluso vinculadas a actos violentos. El abogado David Velazco Rondón rechaza esta narrativa. “La población del Valle de Tambo está demostrando que no tiene vinculación con actos de violencia”, afirma.

De igual manera, este discurso antiminero criminaliza el derecho a la protesta. El abogado recuerda que el derecho a la protesta está protegido constitucionalmente. “Tienen todo el derecho de protestar públicamente cuando no los escuchan o no los atienden. Pueden hacer marchas, plantones. Es un derecho constitucional”, sostiene.

Además, señala que las comunidades han optado reiteradamente por mecanismos legales e institucionales para manifestarse y defender sus derechos. Por ejemplo, actualmente, dirigentes del Valle de Tambo mantienen una demanda de amparo por la presunta caducidad del Estudio de Impacto Ambiental -EIA de Tía María. Según Velazco, el EIA habría perdido vigencia en 2019 al no ejecutarse actividades dentro del plazo legal establecido.

“Ellos usan los instrumentos de un Estado constitucional y democrático de derecho. No usan la violencia como forma de solución de sus conflictos”, enfatiza.

Sin embargo, las investigaciones y procesos penales continúan multiplicándose. Velazco advierte que existe una estrategia de instrumentalización del derecho penal contra dirigentes sociales y narrativas que buscan sostenerla. “Hay una estrategia por parte del Estado de utilizar el derecho penal para distraer y desmovilizar a los dirigentes”, denuncia.

Criminalización y disputa política
El dirigente social Jorge Mamani considera que el conflicto de Tía María es inseparable del modelo económico y político que atraviesa el país. “Este es un problema político, es la aplicación del modelo neoliberal”, afirma.

Jorge Mamani, agricultor y defensor del Valle de Tambo
Para el dirigente, las decisiones estatales han ignorado sistemáticamente la voluntad de las comunidades. “En 2009 se hizo una consulta popular y la negaron completamente”, sostiene.

Mamani denuncia además que las protestas han sido respondidas con represión y criminalización. “Cuando el pueblo sale a las calles, ¿qué hicieron? Mayor represión”, afirma.

El contexto electoral también atraviesa el conflicto. Según Velazco, las posiciones de las candidaturas presidenciales han influido directamente en la percepción política del Valle de Tambo. “Es la única región donde Jorge Nieto ganó como candidato presidencial porque se ganó la simpatía a partir de su compromiso con la lucha de la población”, comenta.

Agripina Paucar también expresa desconfianza hacia sectores políticos que promueven la expansión minera. “Nosotros queremos que el recurso hídrico sea para el Perú, no para las transnacionales”, sostiene.

Valle del Tambo

Productos agrícolas del Valle del Tambo mostrados en la protesta de agricultores en Lima
Hostigamiento legal sistemático

El informe sobre criminalización de personas defensoras de derechos humanos y ambientales en el Perú, elaborado por Red Muqui advierte que entre 2020 y 2025 se consolidó un escenario de “represión con resultados letales para los manifestantes” y un uso expansivo del derecho penal contra defensoras y defensores ambientales.

Según este informe, la urgencia de este debate no es solo local. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha vuelto a poner bajo la lupa la criminalización en las Américas, denunciando que el hostigamiento judicial y policial contra los defensores de la tierra sigue siendo una práctica sistemática. Asimismo, las Naciones Unidas han encendido las alarmas sobre el Perú, alertando que quienes defienden el medio ambiente se enfrentan a constantes campañas de estigmatización y al uso desproporcionado de la fuerza policial (CIDH, 2025). Ante esta preocupante realidad, este análisis plantea una revisión crítica que cruza la jurisprudencia, la doctrina penal y la coyuntura política nacional. Para ello, se evalúan los fallos de las Cortes Superiores, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Corte IDH, desarmando sus fundamentos jurídicos y el uso que hacen de las pruebas para medir el impacto real que tienen sobre la vida de las comunidades.

Al examinar en el estudio los fallos contra defensores de derechos humanos y ambientales, se hace evidente un patrón de tipificación desproporcionada, donde reclamos legítimos por el agua o el territorio son procesados bajo figuras como disturbios, extorsión, motín o entorpecimiento de servicios públicos.

Mientras tanto, comunidades como Cotabambas y Valle de Tambo siguen enfrentando procesos judiciales que se prolongan durante años. “Ya me dejen tranquilo. No soy ningún delincuente”, pide Javier Mamani.

El extractivismo en el debate político

En un país donde los conflictos socioambientales continúan creciendo y donde el agua y los recursos naturales se convierten cada vez más en territorios de disputa política y económica, los testimonios de defensores ambientales muestran un rostro del debate político poco visto: el de quienes aseguran que protestar por su territorio todavía puede costarles la libertad, la salud mental o incluso la vida.

En plena coyuntura electoral, de cara a la segunda vuelta, el conflicto por Tía María también volvió a convertirse en un punto de disputa entre las candidaturas presidenciales. Mientras Keiko Fujimori cuestionó públicamente la reciente decisión judicial que suspendió nuevamente la autorización del proyecto minero, Roberto Sánchez expresó una postura contraria y señaló que “Tía María no va”.

Para las comunidades del Valle de Tambo, estas posiciones reflejan dos maneras distintas de entender el desarrollo y la relación entre el Estado, las empresas extractivas y los territorios. El debate no solo gira alrededor de la inversión minera, sino sobre quién decide el futuro de las comunidades y bajo qué condiciones.

Velazco sostiene que el conflicto evidencia cómo ciertos sectores políticos continúan reduciendo la discusión a una lógica económica, dejando de lado el impacto social, ambiental y cultural sobre las poblaciones.

En ese contexto, organizaciones y defensoras ambientales bajo el lema “Agro sí, Mina no” advierten que propuestas electorales alineadas con el extractivismo podrían profundizar los conflictos sociales y la criminalización de quienes defienden el agua, el territorio y la agricultura frente al avance de proyectos mineros sin licencia social.

Agricultores de Valle del Tambo
Según reportes financieros de la propia empresa, Las Bambas es una de las mayores productoras de cobre del país y ha generado millonarias ganancias a partir de la explotación minera en territorios comunales. A su vez, según la empresa Southern Copper Corporation ha comprometido inversiones por US $948 millones para el proyecto minero Tía María y espera consolidarse como uno de los motores de crecimiento económico del sur peruano. Sin embargo, para las comunidades, las promesas de desarrollo y empleo de los proyectos mineros no se han traducido en mejoras estructurales. Peor aún, las demandas de los defensores continúan siendo abordadas desde la criminalización y no desde el diálogo. Además, lejos de resolverse, sigue latente en medio de la actual coyuntura electoral y del avance de discursos políticos que priorizan la expansión minera sobre los derechos de las comunidades.

«Nos tratan como delincuentes por defender la vida”: el precio de oponerse a la minería en el Perú

19/09/2024
Foto: Aprodeh
El día jueves 12 del presente mes, la defensa legal de 11 dirigentes campesinos condenados de las comunidades campesinas de Cotabambas y Grau en Apurímac, mediante adelanto de sentencia por el Juzgado Unipersonal de Cotabambas en Apurímac, interpuso un recurso legal solicitando el quiebre (nulidad) del juicio oral en el que fueron juzgados en primera instancia y, al mismo tiempo, solicitó la realización de un nuevo juicio oral, conforme lo establece el Código Procesal Penal cuando entre sesiones de la Audiencia se superan 8 días en procesos no complejos o 16 días en caso de procesos declarados complejos

En efecto, con fecha 25 de julio de 2024, al considerar el juez del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, que no iba a terminar la redacción íntegra de la Sentencia, sólo adelantó unos argumentos y señaló el sentido de su fallo, con cargo a leerse en la siguiente sesión de Audiencia el íntegro de la Sentencia y notificarla a las partes procesales (Expediente No. 41-2016).

Sin embargo, dicho magistrado no ha cumplido con leer el íntegro de la Sentencia y notificarla dentro del plazo de ley, por lo que la defensa legal de dichos dirigentes campesinos condenados, argumentando el respeto al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, a que se conozca la verdad y a que se respete el debido proceso judicial recogidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú y el código procesal penal, ha solicitado se anule el juicio oral y se lleve a cabo uno nuevo en el que sí se respeten estos derechos. El proceso actual lleva ya casi 9 años desde que ocurrieron los hechos y 2 años de juicio sin sentencia.

En efecto, como se recordará, a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional iniciaron una serie de protestas públicas. Esto se dio ante el desinterés del Estado peruano de atender sus demandas por afectación a sus derechos fundamentales, generada por la actuación de la empresa MMG Las Bambas (propietaria del mencionado proyecto minero) que, entre otras cosas, venía afectando su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una brutal e indiscriminada represión contra los integrantes de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos campesinos que no hacían otra cosa que ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la protesta social. Este proceso judicial se volvió emblemático porque fueron denunciados y luego acusados 17 dirigentes de las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero antes referido, en el intento del gobierno y la empresa de desmovilizar a los campesinos que protestaban encarcelando a sus dirigentes.

En relación a ello, la FUNDACIÓN ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ – FEDEPAZ y COOPERACCIÓN, instituciones que vienen asumiendo el patrocinio legal de los dirigentes campesinos, reiteran su protesta y rechazo a esta grave vulneración del debido proceso judicial, expresado en la violación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y exigen, al Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas, que declare el quiebre del juicio oral y ordene la realización de uno nuevo por otro juzgado. Finalmente, reiteran la condena a la estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos fundamentales colectivos e individuales, se oponen a las, también, arbitrarias decisiones criminalizadoras con el único propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

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