Habitantes de varios poblados de este municipio y grupos ambientalistas denunciaron que la empresa Minera del Norte SA, subsidiaria de Altos Hornos de México, pretende depositar 90 mil toneladas de jales (desechos sólidos altamente contaminantes que se generan al procesar minerales) de yacimientos en Pachuca y Mineral de la Reforma en un predio del ejido Jometitlán, a menos de dos kilómetros de sus viviendas.
Los pobladores de esta localidad, ubicada unos 20 kilómetros al este de Pachuca, capital del estado, manifestaron su temor a sufrir enfermedades por la contaminación del aire y los mantos freáticos que se ubican en el predio de 400 hectáreas, que, según la compañía, le fue “cedido” por los campesinos.
Óscar Estrada Cervantes, representante legal de la Asociación por el Bien Común de Epazoyucan (ABCE), dijo que el traslado de jales sería un “acto criminal”, por la cercanía con las zonas habitadas.
En lo que va del conflicto en torno al proyecto minero Tía María, las torpes intervenciones de miembros del Ejecutivo no han cesado de echar más leña al fuego a un conflicto que cada vez se vuelve más complejo. Allí están las declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros en Arequipa y las posteriores intervenciones de los ministros de Agricultura, Energía y Minas y Ambiente
Representantes de la comunidad nativa Tres Islas recorrieron miles de kilómetros desde la selva de Madre de Dios para llegar hasta el Tribunal Constitucional (TC) en Lima y exigir que éste organismo haga cumplir su sentencia 
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), inició el protocolo de atención para cuantificar el derrame de una solución con baja concentración de cianuro ocurrido en la mina de oro La Herradura donde extrae el grupo estadounidense Permont.
La empresa minera Midais, de origen salteño, denunció penalmente a 35 vecinos de la ciudad riojana de Famatina, incluido a su intendente, Ismael Bordagaray y al sacerdote Omar Quintero por un supuesto «atentado» y «amenazas» en una base perteneciente a la compañía. En diálogo con Radio Sur, Iti Martínez, integrante de la «Asamblea Ciudadana de Famatina» habló de los desafíos de esta nueva lucha, así como de las complicidades entre gobiernos, empresas mineras y el Poder Judicial.
Diversos religiosos de la provincia de La Vega arremetieron hoy contra la empresa minera Falcondo, señalándola como responsable del incendio forestal que ha quemado una zona boscosa de Loma Miranda, afectando unas 5,000 tareas de bosque en las últimas 48 horas.
Gabriel Vallejo, ministro de Ambiente, aseguró que dentro del Plan Nacional de Desarrollo no se autorizó la exploración minera en los páramos y, que por el contrario, se creó un principio de oralidad para el proceso de autorización de licencias.
Las concesiones mineras en el distrito de Cocachacra alcanzan el 96.2 por ciento, en abril de 2015. ¿Es importante que un poblador conozca esta realidad? ¿A quién no le conviene que sea conocida? ¿Es “peligroso” informar como lo afirma un reportaje televisivo?
Desde finales de marzo los campesinos de la provincia Islay, en la región Arequipa, sur peruano, enfrentan a una de las más poderosas multinacionales mineras, Southern Copper, que pretende abrir una mina de cobre en el valle de Tambo. A lo largo de más de un mes han contando con la solidaridad activa de los trabajadores de la construcción, profesores y pobladores urbanos de la Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa.
En Asamblea Popular llevada a cabo el día 10 de febrero de 2015, en esta Agencia Municipal, los abajo firmantes, después de dialogar, analizar y reflexionar, sobre los graves impacto a la salud, la irreversible Contaminación del Aire, el Agua, la Tierra, Bosques, Flore y Fauna en general, que provocaría el modelo extractivo minero, a la vez compartimos información sobre el despojo y de la ocupación territorial de las empresas eólicas, sobre los habitantes del Istmo de Tehuantepec, y revisado los impactos negativos que para los pueblos de oriente tendrán la reforma energética y que se relaciona con la omisión y discriminatoria de toda reforma de participación y el derecho de ser consultados.