Antes fue con Máxima Acuña y las rondas campesinas. Ahora, los ataques de la empresa Yanacocha en Cajamarca se concentran en el ex regidor y líder ambientalista del distrito de Baños del Inca, Fernando Chuquiruna Gallardo, quien se encuentra detenido en la sede del Poder Judicial de la citada región.
Las circunstancias de su arresto no pudieron ser más tristes para él y su familia. Cuando quedaba poco para despedir el 2015, el 31 de diciembre, Chuquiruna fue detenido.
Esto a raíz de una denuncia que Yanacocha, nada menos que la compañía de oro más grande de Sudamérica, le impuso por el supuesto daño que habría causado a suelo forrajero de la empresa en el anexo La Shacsha-Baños del Inca.
Sin avance petición del Partido de la Revolución Democrática en lo federal sobre la cancelación definitiva del proyecto minero Los Cardones en la zona natural protegida (Biósfera) de Baja California Sur, a causa de la contaminación que generaría a la comunidad “El Triunfo”.
Diversas asociaciones de danzantes seguidoras del Señor de Qoyllority convocaron a una marcha para el 18 de enero en protesta contra las concesiones mineras que amenazan el santuario, ubicado a los pies del nevado Ausangate, en la provincia de Quispicanchis.
De modo conjunto Organizaciones radicales de Esquel, el Frente Radical Amaya (FRACh) y el Movimiento y Renovación Esquel (MYRE) presentaron ayer un escrito en la Legislatura exhortando al bloque de Cambiemos que presente la urgente derogación de la Ley 075/14 (o XVII N° 127) y de inmediato tratamiento y sanción a un nuevo proyecto de ley que se ajuste al texto original presentado por la Unión de Asambleas Ciudadanas en 2014. Dicen que si bien Mario Das Neves había anunciado la derogación el 30 de diciembre, no se produjo aún el instrumento marco.
El tajo a cielo abierto de la Minera San Xavier, a un costado de este pueblo, es lo que queda del cerro que da nombre al municipio Cerro de San Pedro y que puede verse en el escudo oficial del estado, con San Luis Rey de Francia, con dos barras doradas y plateadas a cada costado, y al fondo un campo dorado y otro azul.
Desde que en 2013 el municipio de Piedras rechazó por medio de una consulta popular la minería de oro que estaba promoviendo la empresa Anglogold Ashanti en el Tolima, a través de sus operaciones en la gran mina de La Colosa, varios territorios han tratado de mostrar su descontento con acciones similares. Lo hizo Tauramena, en Casanare, en diciembre de ese año para detener la explotación petrolera; lo intentó Monterrey, también en Casanare, a principios de 2014, para salvar el río Túa, su principal afluente, y lo ha intentado en varias ocasiones Cajamarca, en el Tolima, porque sobre sus tierras está La Colosa y temen que sus aguas y su producción agrícola se vean mermadas. Ahora, después de muchas discusiones y polémicas, le llegó el turno a Ibagué.
Para este 23 de febrero los ronderos de las regiones de Cajamarca y Lambayeque acatarán un paro macroregional en rechazo a la actividad minera que se viene desarrollando en estas localidades vecinas y que está poniendo en peligro el recurso hídrico.
El presente documento es un esfuerzo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policia Comunitaria (CRAC-PC) de la Costa Chica-Montaña de Guerrero, México. El texto contiene información general de la minería a cielo abierto, y principalmente de las concesiones mineras en el estado de Guerrero. En segundo lugar presenta una reflexión acerca de porqué no aceptar la minería en nuestros territorios y como defenderse frente a los intentos de despojo de las empresas. Finalmente da cuenta de cómo ha sido la organización en los pueblos de Guerrero; las asambleas, los acuerdos, las discusiones, a partir de los cuales enuncian cómo la estrategia de la CRAC.
Los futuros proyectos de explotación de yacimientos mineros de tierras raras en la provincia de Ciudad Real están generando desconfianza en los municipios en los que se plantean, lo que ha llevado a colectivos sociales a movilizarse para saber más sobre cómo puede afectar al territorio y sus vidas.
Como una muestra gráfica de que “la institucionalidad administrativa y política no está funcionando”, definió el abogado Marcelo Castillo Sánchez el nuevo hecho de contaminación ocurrido en Alto Mañihuales y que involucraría a minera El Toqui. El profesional, quien interpuso a principios de diciembre una querella en contra de los responsables de la intoxicación por plomo y arsénico en las familias del sector, señaló que en este caso “algunos organismos del Estado no están cumpliendo su rol constitucional”.