La primera de estas investigaciones tiene que ver con la presencia de la empresa en resguardos indígenas emberakatios del alto Andagueda en Chocó.
La segunda es una investigación por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero en Santander de Quilichao, Veredas del Palmar, San Vicente y Santa Rita, en inmediaciones del río Quinamayó, en donde se hace mención de la existencia de un título minero para la explotación de cobre, plata, zinc y oro.
El Observatorio de Territorios Étnicos cuestiona la existencia de la consulta para el otorgamiento del título y denuncia la presencia de mineros ilegales en la zona.
La tercera denuncia, y quizás la más grave, se presenta en los municipios de Yolombó, San Roque y Caracolí en Antioquia, en donde se investigan negocios jurídicos realizados entre personas señaladas de pertenecer a grupos paramilitares, narcotraficantes y despojadores de tierras con la empresa AgloGold Ashanti a través de Gramalote Colombia.
La consulta popular minera, que fue aprobada por el concejo de Ibagué, pasó el control de legalidad ante el Tribunal Administrativo del Tolima y en consecuencia la Registraduría se encargará de la organización para que los ibaguereños acudan a las urnas.
¡COMO CONGA EN CAJAMARCA, TIA MARIA EN AREQUIPA; EN APURIMAC LAS BAMBAS NO VA!
Representantes de diversos territorios y organizaciones que forman parte de la Coordinación de Territorios en Defensa de los Glaciares se apostaron a las afueras de la Expomin 2016, en el Espacio Riesco, para increpar y repudiar al Consejo Minero por su participación y por sus reiteradas presiones para lograr un proyecto de protección de glaciares a la medida de la minería. Dando como resultado, un proyecto que finalmente no garantiza la protección de ningún glaciar, si no más bien regulariza y legaliza la intervención de los glaciares facilitando la explotación minera en las altas cumbres de nuestro país.
El Salvador, fue el escenario para VI encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, los días 23 y 24 de abril de 2016.
En un nuevo intento para arrebatarles los ricos terrenos del ejido El Bajío, las mineras Peñoles y Penmont acusaron a 11 campesinos de “asociación delictuosa” ya que se acusa a los humildes campesinos de robar más de 460 millones de litros de una solución cianurada rica en oro.
Ambientalistas salvadoreños realizaron un plantón frente a la sede de Banco Mundial en San Salvador para exigir a esa instancia resolver la demanda millonaria que la transnacional minera Pacific Rim interpuso contra el Estado salvadoreño por negarles los permisos de exploración y explotación de metales.
En esta zona de bosques de pino, encino y laurel, donde todavía transitan pumas, jaguares, venados y jabalís, los comuneros tienen, desde hace al menos tres décadas, como principal actividad el aprovechamiento forestal, además de una embotelladora de agua, el ecoturismo y la elaboración de artesanías.
Con más de medio centenar de personas nutridas por delegaciones de mujeres de distintos sitios de Salvador inició la rueda de prensa ofrecida en la Plaza Salvador del Mundo en ciudad San Salvador, en la que diversas voces de Mujeres latinoamericanas junto a Olivia la hija mayor de Berta Cáceres la reivindicaron y enfatizaron que su vida se ha multiplicado en todas las Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales de América Latina. La rueda de prensa contó con la participación de Yanira Cortez Procuradora Adjunta de la Defensa del Ambiente de el Salvador y de Margarita Posada del Foro de Salud de el Salvador, Vidalina Morales de la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES de Santa Marta y Gloria Chicaiza en representación de la Red Latinoamericana de Mujeres.
Mediante una carta enviada al parlamento, el directorio de la Junta de Vigilancia del Río Mostazal y sus afluentes, manifestó su preocupación por la tramitación de una ley que atenta contra sus derechos y que pone en peligro la vida de los valles transversales del norte, como es el valle del Limarí.