Resolución del Tribunal fue publicada ayer en el diario El Comercio
Mediante Resolución N° 007-TE/2016 de fecha 25 de mayo del 2016, publicada el día de ayer miércoles 8 de junio en el Diario El Comercio, el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, declaró fundada la queja presentada por la RED MUQUI en contra de la periodista Cecilia del Pilar Valenzuela Valencia y del diario El Comercio por la publicación el miércoles 14 de octubre del 2015, de la columna “La filiación política de la mafia de las lentejas”.
En dicha columna la periodista, con expresa mal intención en el tratamiento de la información, que finalmente fue pública en su columna, “utiliza interesadamente” la Disposición Fiscal N° 20-1015-1D-FECCOR-MP-AR de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado de Arequipa (Caso N° 15060156000-2015-03-0), para indicar, como si fuese verdad, que la citada Fiscalía “… acusa a los dirigentes del frente (Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo) de extorsionar al Estado, a los arequipeños y la empresa minera Southern, y sostiene que se organizaron con la complicidad de las ONG Red Muqui y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Las mismas que, según la acusación fiscal, entregaron a los dirigentes el dinero para pagar, 30 soles diarios, como jornal, a los huaraqueros que en Cocachacra se hicieron llamar ‘espartambos’…”.
Concretamente, Estados Unidos y algunos países europeos se han puesto como meta crear marcos jurídicos para regular la minería en el espacio. Pese a las enormes distancias que separan la Tierra de otros objetos del sistema solar, diversas naciones ya han comenzado a apostar por hacer negocios en el espacio exterior.
El acuerdo entre el Gobierno de Brasil y las empresas responsables del derrame de 50 millones de toneladas de residuos de hierro en el sureño estado de Minas Gerais será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo a Sputnik Nóvosti la experta Camila Asano.
Se estrena video viral en contra de la MAL LLAMADA Ley de «Protección» Glaciar, que actualmente está siendo tramitada en la Cámara de Diputados. Esta ley, al aprobarse, legalizaría la intervención y destrucción de nuestros glaciares por parte de la megaminería, mediante engañosas y ambiguas categorías de protección.
La Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba ha formulado acusación contra los efectivos policiales José Elgio Coba Requena, Carlos Edilberto Rosales Ruiz y Edgar Eduardo Torres Guzmán, por el asesinato de los campesinos Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama, y por el intento de asesinato de los campesinos Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez y José María Ramírez Guevara, ocurrido el 2 de diciembre de 2009 en el Sector Cajas Canchaque de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, provincia de Huancabamba, Región Piura. Dicha Fiscalía ha solicitado se imponga 25 años de pena privativa de la libertad para los tres policías implicados.
El agua, la tierra y la vida silvestre de Panamá se agotan y deterioran debido a la contaminación, concesiones y uso irracional de los recursos, afirman expertos en el medio ambiente.
Una alta concurrencia ha tenido el encuentro nacional sobre amenazas de la minería industrial que se realizó en Castro, Chiloé, entre el y el 4 de junio, destacándose participaciones de delegaciones de organizaciones defensoras de los territorios. El evento fue convocado por el Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH). La presencia de 310 concesiones mineras en Chiloé, 209 de exploración y 101 de explotación, podrían generar gravísimos impactos a nivel ambiental, social y económico debido a la destrucción territorial».
Campesinos, activistas y grupos indígenas sugieren suspender las licencias hídricas y mineras antes de que se deterioren los recursos naturales. Panamá tiene cerca de 75 mil 517 kilómetros cuadrados de extensión, y en 30 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional hay concesiones mineras en trámite u operación.
La llamada «minería ecológica» no existe ,y menos aún en ecosistemas frágiles como los ubicados al sur del río Orinoco, donde se encuentran las ultimas reservas de agua potable no contaminadas de Venezuela, así como bosques tropicales, protegidos por decretos de Parques Nacionales, Monumentos Naturales (tepuyes), reservas forestales como el Caura, La Paragua, Imataca, la cuenca estratégica del rio Caroní, de la cual dependen más del 65 por ciento de la energía eléctrica que surte a Venezuela, asociadas a las represas del Guri, Macagua I,II, III y Caruachi.
El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, le pidió al Gobierno nacional que se garanticen esquemas de seguridad para los líderes indígenas, sindicales, sociales y defensores de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente que han resultado amenazados en Tolima por oponerse a varios mega proyectos de minería en esa región.