El grupo de Autoconvocados por la Vida de Tinogasta , mediante un comunicado elaborado tras asamblea, exige a las autoridades locales y provinciales «información verdadera sobre las posibilidades de ejecución de proyectos mineros en el departamento», ya que entiende que «afecta la vida de todos los habitantes tinogasteños y de las futuras generaciones».
Tras las declaraciones del ex presidente de la CAMYEN David de la Barrera sobre la posibilidad de apertura de un proyecto de iguales dimensiones que Bajo La Alumbrera en Tinogasta, hubo sorpresa entre los asambleístas que cuentan con un informe actual de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM), que establece que los proyectos en Tinogasta están inactivos.



El fondo marino es una reserva poco explotada con valiosos depósitos minerales. Pero, ¿cómo puede afectar la minería submarina a la vida en el océano? Para descubrirlo, nos acercamos a un barco de investigación en medio del Atlántico.
La firma internacional Barrick Gold Corporation anunció que tomó la decisión de avanzar en la explotación de la mina de oro y plata binacional Pascua-Lama, a través de la puesta en marcha de un plan estratégico del lado argentino que permita generar los recursos que serán destinados a concretar una parte de las obras medioambientales que requiere el emprendimiento en el sector chileno, donde la explotación se encuentra frenada por exigencias en ese sentido de parte de la justicia y que tiene el rechazo de las comundades de la región.
Fernando “Pino” Solanas, senador nacional de Proyecto Sur, denunció ante el Juzgado Federal N°1 de San Juan a la minera chilena Antofagasta Minerals por «instalar un megabasurero en territorio argentino con desechos mineros contaminantes violando el artículo 41 de la Constitución y la Ley de Residuos Peligrosos (N°24051)». «La minera chilena Antofagasta Minerals, instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina, creó una escombrera de material contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi 52 hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y contamina con drenaje ácido un curso de agua que alimenta al río San Juan (principal cuenca de la provincia)».
Un representante de la nación Uru Chipaya del departamento de Oruro, informó este martes que la falta de agua en la zona por el desvío del río Lauca, provocó una masiva migración hacia Chile, Argentina y otros países y advirtió que si el Gobierno no asume una política de protección, en poco tiempo más esa cultura habrá desparecido.
La oposición política lamentó este viernes que el Gobierno y los operadores políticos del MAS recién se hayan dado cuenta, diez años después, que las cooperativas mineras realizan operaciones de explotación al margen de la ley, sin considerar que durante ese tiempo, encubrieron todos los actos de ilegalidad y daños ambientales.
Una mina de oro que funciona desde hace tres años a un costado de la presa Picachos vierte desechos contaminantes al agua que es usada por el 70% de los habitantes de este puerto, denunció Sandra Guido, presidenta de la organización civil Conselva, Costas y Comunidades.
Derivado del reportaje publicado hace unas horas por la Agencia Internacional de Noticias REUTERS, en el sentido de que la Minera Peñasquito, perteneciente a la transnacional canadiense Gold Corp e instalada desde el 2008 en el municipio de Mazapil, ha ocultado desde hace tres años los altos niveles de contaminación por selenio y otros metales, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) exige una investigación internacional a fondo tanto a la empresa como a las dependencias federales mexicanas, pues es claro que hay un contubernio y corrupción porque no se ha cumplido con el reglamento preestablecido en la Ley Ambiental.
Más de la décima parte del territorio nacional está concesionado a empresas mineras, señalan datos del cuarto Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.
El nuevo gobierno de Perú afronta una herencia de 150 conflictos socioambientales vinculados a la industria extractiva, en un listado donde destacan los reclamos de la población que convive con el proyecto minero más grande de la historia del país: Las Bambas.