Desde la llegada en 2008 de la empresa minera Media Luna a la región de Nuevo Balsas, los pescadores de la laguna de la presa de la hidroeléctrica El Caracol han tenido perdidas millonarias en la pesca por la presencia de cianuro en el agua, que ha sido contaminada. En la región existen varias organizaciones y asociaciones que aglutinan a unos 400 pescadores, que diariamente salen a capturar toneladas de mojarras que se venden a varios intermediarios del país.
Para uno de los pescadores, Pablo Mena, la minera ha ocasionado problemas graves en las regiones de la zona extractora que corresponde a cuatro comunidades.
“Han desaparecido tres comunidades y ahora amenazan con desaparecer hasta nuestros muertos al querer sacar oro del cementerio”. Genaro Rodríguez, ambientalista de La Unión, Copán, dijo esto en un Foro Popular en Radio Progreso el pasado 29 de julio. Genaro nació en la comunidad de Azacualpa y ha visto como poco a poco una empresa minera va dejando destrozos a lo largo de los años.
El éxodo centroamericano tiene entre sus causas el despojo iniciado por Anastasio Somoza y continuado hoy. El caso de la Costa Caribe Norte pone en evidencia un sistema de corrupción generalizada.
Las empresas mineras de Santa Cruz prometen cumplir lo que finalmente nunca cumplen, los intendentes que las defienden, terminan quejándose y el gobierno de la provincia que no tiene la mínima intención de controlar, hace negocios y convalida un saqueo de bienes naturales que de ninguna manera el gobierno nacional de hoy, ha dado muestras de querer detener. Ninguno de los gobiernos provinciales cumple, ninguno controla y todos negocian en complicidad de los intendentes y las cámaras empresarias liderada por multinacionales.
El mismo empresario que avala proyectos de conservación y reforestación en 43 Áreas Naturales Protegidas Federales tiene minas dentro de polígonos de protección, como es el caso de la mina de oro y plata San Felipe, en Baja California, cuestiona la investigadora Jeanneht Armendáriz en este reportaje.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un informe que cuestiona la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas. El informe sostiene que esas actividades condenan a los pueblos originarios.
Ejidatarios de Tenochtitlán, municipio de Ocampo, en el desierto de Coahuila, denunciaron un nuevo derrame de cianuro en las presas de la región, proveniente de la mina de plata que pertenece a la empresa canadiense First Majestic, que podría ser clausurada en caso de que se compruebe la acusación, según informó Raúl González, el delegado de la Profepa en el estado.
Centenares de personas participaron este sábado en la concentración convocada por la Plataforma Stop Uranio en el Cruce de La Fuente de San Esteban (antigua Nacional 620), contra el proyecto de la empresa australiana Berkeley de abrir una mina en el municipio de Retortillo. Según los organizadores se han concentrado alrededor de un millar de personas .
Paralizado quedó el proyecto minero de Biolantánidos, más conocido como “tierras raras” de Penco. Es la única explotación de estos minerales en la región del Bío Bío y en el país, pero que carece de información esencial y que requiere evaluarse con un Estudio de Impacto Ambiental.
Comunidades de la provincia apurimeña de Cotabambas demandan al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que retome la Mesa de Diálogo, en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas. Piden que se establezcan las condiciones mínimas para un diálogo en el que las demandas y reclamos de la población sean tomados en cuenta y procesados adecuadamente.