Un reciente informe elaborado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), bajo el título de “La marca canadiense”, refiere que la violencia generalizada es común y corriente en las actividades de las compañías mineras canadienses en países latinoamericanos.
En El Salvador, al menos cinco activistas comunitarios opuestos a una mina de la corporación canadiense Pacific Rim fueron asesinados entre 2008 y 2011, entre ellos una mujer con ocho meses de embarazo. En Guatemala, once mujeres afirman que fueron víctimas de violación en grupo por parte de las fuerzas de seguridad durante una relocalización forzosa para hacer sitio a una mina de la Skye Resources. En México, en 2008, dos empleados en uniforme de la compañía Blackfire apalearon a un destacado activista opuesto al funcionamiento de una mina. Un año más tarde, este activista resultó asesinado.
Vecinos de los pueblos de influencia de la mina acudieron a la concentración organizada por la Plataforma Stop Uranio. Cientos de vecinos protestan frente a las instalaciones de Berkeley, empresa australiana que pretende abrir una mina de uranio en Retortillo, Salamanca, España.
«A mí me eligieron para defender este territorio, nuestro territorio. Y es lo que voy a hacer». Con esta rotunda afirmación, el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, empezó a abanderar una de las más importantes discusiones en temas ambientales de los últimos tiempos: la autonomía de los territorios frente a la explotación de su subsuelo.
Luego del mayor alud tóxico en Latinoamérica provocado por la rotura de uno de los diques de colas de la minera Samarco, 1.200 personas siguen desplazadas, en viviendas temporales y a la espera de un nuevo asentamiento en la región de Mina Gerais, Brasil. Ver video.
De nueva cuenta, Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista Berta Isabel Cáceres Flores, asesinada en Honduras el 3 de marzo pasado, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cree una comisión internacional independiente para investigar el crimen de su madre.
Organizaciones del Tolima que promueven la defensa de los recursos naturales marcharon para reclamar del Consejo de Estado una decisión sobre el futuro de la consulta popular promovida por el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. La marcha se realizó para reclamar al Consejo de Estado que autorice la consulta popular en Ibagué.
La ONG Educa Oaxaca, dio a conocer que el pasado 7 del actual, más de 500 istmeños de la zona oriente, pertenecientes a los municipios de Chahuites, Tapanatepec, Ixhuatán, Reforma, Niltepec, San Francisco del Mar y Zanatepec, en una asamblea se pronunciaron en contra de la mina a cielo abierto que empresas canadienses pretenden instalar en 19 mil hectáreas de bosque en los Chimalapas.
El 20 y 21 de octubre de 2016 se llevó a cabo el Seminario Internacional “Hacia una política pública de protección integral de defensores de derechos humanos”, organizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, con la participación de organizaciones nacionales e internacionales para un intercambio de experiencias en la construcción de una política pública de protección a defensores/as de derechos humanos en el Perú.
Este miércoles 26 de octubre, en las afueras del Ministerio del Ambiente, pobladores y afectados del valle de Íntag, denunciaron ante los medios de comunicación, los daños que se empiezan a evidenciar a causa de las actividades mineras en fase de exploración avanzada en el proyecto Llurimagua, ubicado en Cotacachi, Imbabura.
Empresas de Japón, Francia, Corea del Sur, China y Australia proyectan instalarse en el norte argentino; los seduce las últimas medidas de Macri.