En mayo de 2016, la CIDH requirió al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por la contaminación causada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Recién la semana pasada comenzaron las evaluaciones médicas y mediciones de la concentración de metales pesados en los beneficiarios.
El 14 y 15 de octubre pasados, comenzaron a realizarse en el centro médico de la ciudad mediciones de concentración de metales pesados en sangre y orina y evaluaciones médicas al grupo adicional de personas afectadas por la contaminación proveniente del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Ello ocurrió cinco meses despues de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara tales acciones al Estado peruano mediante la ampliación de la medida de protección otorgada originalmente en 2007, con la cual el número de beneficiarios subió de 65 a 79.
Un reciente informe elaborado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), bajo el título de “La marca canadiense”, refiere que la violencia generalizada es común y corriente en las actividades de las compañías mineras canadienses en países latinoamericanos.
La investigación, a cargo del profesor de la Escuela de Salud Pública (ESP) Dante Cáceres, midió la contaminación del aire en colegios y residencias de niños entre 6 y 15 años seleccionados al azar. «Los resultados son preocupantes porque si existe este tipo de material particulado, que tiene altos niveles de metales pesados, muchos de ellos pueden tener efectos en su salud a largo plazo», afirmó el académico.
La protesta de las comunidades cercanas a Las Bambas dejó un muerto hace dos semanas tras un fuerte enfrentamiento con la policía que intentó despejar la carretera en una zona andina del tercer mayor productor mundial de cobre.
El nuevo director de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque, afirmó a Reuters que el Gobierno también está conversando con la Cruz Roja para crear un programa de entrenamiento policial para un mejor manejo de las protestas.
Tenemos que aceptarlo públicamente. En medio del conflicto en la zona de influencia de Las Bambas, los equipos de investigación de Perú 21, los de la Hora N y los de Lampadia (en realidad estos dos últimos parecen ser los mismos), nos han puesto en evidencia. 
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No cabe duda que la implementación del modelo extractivista como opción de “desarrollo” por parte de los Estados contraviene los esfuerzos existentes a nivel global y regional para amortiguar la crisis climática y ambiental. Con cinismo y engaños, se vulneran tratados y convenios internacionales más elementales con los que se pretende un mínimo para frenar la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad biológica.
El Vicepresidente de la República se reunió el sábado pasado con las autoridades de Cotabambas para entablar diálogo sobre el conflicto en Las Bambas. Manifestó que dentro de 45 días se presentará el Plan Integral de Desarrollo en Cotabambas. 
El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, firmó la resolución, en la que trabajaron tanto el Ministerio de Minería como Fiscalía de Estado, y que fue comunicada a la Justicia Federal, a la minera Los Pelambres, a la Cancillería y a la Secretaría de Minería de la Nación, suspendiendo un cuestionado acuerdo para «aislar» el basurero tóxico que Minera Los Pelambres alojó en esa provincia. Sin embargo, fuentes oficiales explicaron que interpretan que la compañía no tiene ninguna intención de sacar las 52 millones de toneladas de rocas y que sólo hará la tarea de mitigación.