La ley que crea la empresa de Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) es “saqueadora” para Potosí, por las bajas regalías, 1.8 %, que otorgará al departamento, según el diputado Gonzalo Barrientos, de la opositora Unidad Demócrata (UD), sobre un negocio que prometía miles de millones de dólares pero que al final puede quedar reducido a unos iniciales 285 MM/$us al año, un poco más que la exportación de aceite crudo de soya (254 MM/$us al 2016)
La actual regalía aplicada al litio y sus derivados, según la nueva ley minera, señala una alícuota de 3 % sobre el valor bruto de venta, que va en su mayor parte a la Gobernación regional (85 %) y en 15 % a los municipios productores, de manera que el monto que percibirían los potosinos no rebasaría los 9 MM/$us en el primer año, con base en la actual cotización y perspectivas exportadoras.
La legislación que crea YLB es “un insulto para el pueblo potosino” dijo el parlamentario de una de las regiones más adversas a las políticas del actual régimen del presidente Evo Morales, que afrontó dos prolongados paros cívicos, de 19 en 2010 y 27 días en 2015, en demanda popular por mayores beneficios de la bonanza estatal asentada en la renta hidrocarburífera y los precios de minerales, que, sin embargo, ha desembocado en la desaceleración actual de la economía.
Según Barrientos, la ley fijaría que sólo el 1.8 % de regalías sea para Potosí, lo que lleva a que los mayores beneficiados sean el Gobierno central y las transnacionales, dijo el diputado a la cadena Erbol.
Una propuesta de distribución de las utilidades considerada en 2014 establecía que hasta el 55 % de las ganancias serían retenidas por el Estado y un 45 % remitido a la región productora, pero se desconocía si sería tomada en cuenta tras la nueva ley de minería y metalurgia sancionada también en 2014
El periódico El Potosí, reportó este fin de semana que cuando la ciudad recordaba este sábado 472 años de fundación, oficialistas y opositores debatían sobre los proyectos de una fábrica de cemento y la industrialización del litio del Salar de Uyuni.
Atribuyó a Barrientos, la insistencia que el proyecto del litio dejará magros beneficios y que en aplicación de la Ley Minera se podría asignar solamente el 1,8 por ciento de los beneficios del «oro gris» a Potosí.
El jefe de bancada delMovimiento Al Socialismo (MAS, en el gobierno desde 2006), David Ramos, destacó que la sede del proyecto de litio será Potosí en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 371 de la CPE, lo que fue desmentido por Barrientos.
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, lamentó la aprobación de la ley que crea la empresa del litio porque, reiteró, no reconoce el hecho de que el litio se encuentra en ese Departamento.
La nueva empresa tiene el objetivo de completar la cadena productiva de la industrialización de litio en el país y sustituirá a la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) que se encontraba a cargo de la Corporación Minera de Bolivia(Comibol).
El ministro de Energías, Rafael Alarcón, indicó que la nueva empresa estatal arrancará con inversión garantizada de 700 millones de dólares, en crédito financiado por el Banco Central, que correspondía a la ex GNRE.El gobierno espera certificar hasta fin de año con una firma internacional las reservas de litio que posee el país, había anunciado el ministro Alarcón en febrero pasado.
INGRESOS Y UTILIDADES
Los recursos bolivianos de litio están principalmente en el Salar de Uyuni, una explanada de 10.000 kilómetros cuadrados situada a 3.700 metros sobre el nivel del mar, considerado el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo.
En 2011 el Gobierno indicó que en esa zona hay unas 100 millones de toneladas de litio, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó nueve millones.
Hace una semana el ex gerente de la GNRE y actual viceministro de Tecnología Energética, Luis Alberto Echazú, dijo que el 5 % de toda su extensión cuenta con suficiente cantidad para ser explotada durante 100 años.
Según el viceministro,para la industrialización se evalúa dos diseños de consorcios extranjeros, bajo la modalidad de “contratos de asociación”. También el ministro Alarcón dijo que el viceministro alemán de Infraestructura Digital, Rainer Bomba, expresó el interés oficial de su país de participar como socio en la industrialización del litio.
El gobierno boliviano, que desde su planta experimental exportó el año pasado las primeras 10 toneladas de carbonato de litio al mercado chino, por valor de unos 70 mil dólares, ha decidido encarar por su cuenta todo el proyecto del litio.
Tras el desfile de franceses, japoneses, coreanos y otros ejecutivos de diversos países, rechaza tener socios extranjeros para esa industria si es que, entre otras condiciones, no ofrecen la instalación de plantas de producción de baterías para coches eléctricos en el desierto de sal de Uyuni, con el fin de industrializar esas reservas
Para el desarrollo de la industria del litio, se prevé una inversión de 617 millones de dólares hasta 2018. Otros 115 millones fueron ya invertidos hasta 2014. El total previsto para las tres etapas bordea los 900 millones de dólares, incluida la fabricación de baterías, que supone unos 400 MM/$us, según la Memoria 2012 de la ex GNRE.
Pero analistas del sector, como Juan Carlos Zuleta estiman que por su trayectoria extractivista el gobierno sólo está interesado en el litio no en los acumuladores de energía, cuyos primeros ejemplares fueron desarrollados con todos los componentes importados de otros países.
Previno en 2014 Zuleta que “el tiempo se acaba para el país: si no logra corregir de inmediato su estrategia para asegurar su introducción en el mercado del litio mundial los altos y/o inestables precios del litio podrían establecer un mecanismo pernicioso que desaliente un mayor desarrollo tecnológico de las baterías de litio y conduzca al mundo hacia la utilización de sustitutos”, aunque aclaró que “nuestro país es el único lugar de la Tierra que con precios relativamente bajos y estables podría garantizar el inicio y la consolidación del sexto paradigma tecno-económico con el litio como su factor clave”.
Los cálculos oficiales al 2018 son vender el carbonato de litio a un precio de siete mil dólares la tonelada —por 30 mil toneladas métricas (TM) estimadas se obtendría unos 210 millones de dólares en ingresos, no utilidades— mientras que la misma cantidad del tipo cátodo la exportaría eventualmente en unos 17 mil dólares (500 MM/$us en ingresos) y de una calidad más alta, a 22 mil, si es que se producen. La exportación de 350.000 TM de potasio generaría otros 75 MM/$us, afirmó por su parte Zuleta.
El salar de Uyuni cuenta además con importantes cantidades de boro y magnesio, aunque los mayores recursos corresponden al potasio incluso más que al litio.
En 2014, se previó que a venta de 30.000 toneladas al año de carbonato de litio y 700.000 de cloruro de potasio podría suponer un ingreso bruto de 430 MM/$us, según un estudio multidisciplinario publicado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Agrario y Laboral (CEDLA)
Descontados los costos, el excedente aproximado sería 200 MM/$Us, según la propuesta entonces vigente:cerca de 45 % para los potosinos, es decir, unos 90 MM/$us, aunque las expectativas habrían bajado sustancialmente, según el diputado Barrientos representante potosino en la Asamblea Plurinacional.
En la publicación, Pablo Poveda del CEDLA, estimó por ventas anuales de 395 MM/$us en la segunda etapa, industrial, una ganancia anual de 194 MM/$us, correspondiendo el 30% a los municipios de Colcha K, Uyuni y Llica (58.2 MM/$us) además de 19.7 MM/$us por regalías del 5% del valor bruto de ventas, a semejanza de las aplicadas entonces al boro/ulexita. Sin embargo, con la nueva ley y la alícuota vigente, las expectativas cayeron estrepitosamente pues, con esas cifras, la regalía para gobernación y municipios no pasaría de los 12 MM/$us.
Imbabura emerge como una de las nuevas zonas de interés minero metálico del país. En la provincia, cinco áreas se han otorgado en concesión, otras cinco están inscritas y 33 están en trámite. Las cifras son del Ministerio de Minería. Los títulos habilitantes para personas o empresas interesadas en la exploración minera se asignan mediante dos modalidades: la primera es la entrega directa, como ha sucedido con la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami), en la zona de Cotacachi. Ahí, la Enami -en alianza con la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco)- desarrolla el proyecto Llurimagua, en el valle de Íntag. Se estima que en la zona hay cobre y molibdeno. La otra modalidad es mediante subasta y remate. Según Santiago Chamorro, subsecretario regional de Minería, a cargo de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Napo, Orellana, Pichincha y Sucumbíos, la idea es que las empresas presenten propuestas y se escoja a la mejor oferta.
El rectorado de la Universidad Mayor de San Simón dio 48 horas para que el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) desaloje los ambientes del CESU, para trasladar a ese predio el Instituto Confucio que enseña el idioma Chino Mandarín.
Hace algo más de una década, como consecuencia de un desastre ambiental en una mina en Brasil, las empresas mineras iniciaron una reflexión sobre los graves perjuicios que podrían provocar eventos climáticos extremos en sus procesos productivos. En el caso mencionado, las lluvias torrenciales provocaron la rotura de un dique de contención de desechos mineros, generando un daño ambiental de magnitud en el Estado de Río de Janeiro y el colapso de las operaciones. Este tipo de evaluación comenzó a formar parte de la agenda de reflexión del Consejo Internacional de Minería y Metales.
La población de Cajamarca en Colombia, lleva varios años expresando a viva voz que no quiere minería en su territorio.
La realidad panameña ante el modelo extractivo minero en el 2016, se enmarca en la corrupción y evidente continuidad del Gobierno Nacional, de ceder concesiones mineras en todo el territorio. Luego de la asunción por parte del presidente Juan Carlos Varela, se emprendió los esfuerzos para determinar los procedimientos para una reforma al Código Minero que data de 1968, sin embargo, el conflicto de intereses, manifestado por la clase empresarial – minera y la supuesta voluntad oficialista, empantanó los esfuerzo de las organizaciones ecológicas y comunitaria rural por actualizar las leyes que otorgan operaciones para los proyectos mineros, como una estrategia para una moratoria que fulminará el fin de este modelo de desarrollo.
El Foro “Minería y desarrollo: perspectivas desde la Sociedad Civil” ha sido un momento de debate entre diferentes actores, a pesar de la ausencia de representantes de la minería industrial que fueron invitados, como: Cámara Minera de Nicaragua y HEMCO, S.A.
Las mineras están volviendo a realizar transacciones después de años de austeridad que paralizaron las inversiones en producción futura. Los presupuestos de exploración están aumentando y las mineras buscan adquirir activos a través de asociaciones o compras directas. Goldcorp seguirá buscando oportunidades, dijo Garofalo en la entrevista el lunes, aunque señaló que los grandes depósitos son cada vez más difíciles de encontrar. Inversión inicial sería de US$ 260 millones.
El extractivismo depredatorio de la minería deja escasos beneficios y muchos lastres.