“Muchos gobiernos de América Latina criminalizan la protesta social y eso hace que defender el medio ambiente sea jugarse la vida”. Gustavo Castro Soto, defensor de la Tierra y del Medio Ambiente, testigo del asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres, acogido en el programa de protección de Amnistía Internacional en España, ofreció ayer su testimonio sobre las dificultades que padecen las comunidades indígenas para defender su territorio de la especulación.
“Nos preguntamos por qué hay tantas muertes en América Latina, y la verdad es que la culpa de todo esto la tienen los gobiernos que venden los recursos a las grandes transnacionales”, indicó Castro. A su juicio, Berta Cáceres, a la que acompañó en su agonía, tenía muy claro que la iban a asesinar, “ella siempre decía que se acababa el tiempo para defendernos”. Gustavo Castro estima que el proceso de empobrecimiento de las poblaciones indígenas se irá agudizando a medida que los gobiernos firmen tratados de libre comercio. “Y en esta lucha, la violencia es cada vez más fuerte contra las mujeres, que son un símbolo de resistencia”, añadió. Ignacio Bernardo, presidente de Amnistía Internacional en Asturias, destacó que no basta con defender los derechos humanos. “Hay que defender a sus defensores, que otros países se juegan la vida”. Celeste Intriago, de la Coordinadora de ONGD de Asturias, señaló que una parte de la lucha es “dar a conocer las situaciones injustas que se dan”. Castro fue uno de los fundadores del Movimiento Mexicano contra las Represas y en Defensa de los Ríos, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero.
Fuente:http://www.remamx.org/2017/05/castro-defender-el-medio-ambiente-en-latinoamerica-es-jugarse-la-vida/
La congresista puneña de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo -la misma que impulsaba y defendía a capa y espada el cuestionado proyecto que atentaba contra la libertad de prensa-, acaba de presentar otra polémica iniciativa: un proyecto de ley que plantea excluir el delito de minería ilegal de la Ley Contra el Crimen Organizado, argumentando que el endurecimiento de sanciones penales no resolverá el problema de la formalización minera.
La Corte Constitucional declaró al río Atrato como un sujeto de derecho y, por ende, el Estado debe garantizar su cuidado. La decisión no surge porqué sí. Este es uno de los ríos más importantes del Caribe, el mar donde vierte sus aguas por 16 bocas diferentes.
Recelo, eso es lo que se vive por estos días en Quindío tras el anuncio, la semana pasada de la suspensión indefinida de los trabajos exploratorios de la multinacional minera AngloGold Ashanti en Cajamarca, Tolima.
El pasado fin de semana la empresa Almaden Minerals emprendió una serie de actos violentos contra quienes en pleno ejercicio de sus derechos han estado actuando conforme a derecho y de forma pacífica evitado el ingreso de la misma a sus tierras. Los agresores Alfredo Martínez y Daniel Santa María, plenamente identificados como trabajadores y golpeadores de la Minera Gorrión filial de de la empresa Almaden Minerals, se presentaron al terreno de don Ignacio Carmona Cruz, poblador de Loma Larga, comunidad localizada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla para, de manera insultante y violenta, intentar circular por el predio del cual Don Ignacio es propietario privado, intentando con ello allanamiento en propiedad, además de amenazarle y violentar su decisión de no entregar su predio a la empresa. No es la primera vez que la empresa Almaden hace gala de actos de intimidación y violencia, toda vez que se niega a acatar y respetar la decisión que han tomado más de 15 comunidades, quienes desde hace algunos años han estado oponiéndose al saqueo, despojo y desolación que la minería dejará en su territorio. Desde hace tiempo las comunidades de la Sierra Norte de Puebla han caminado de forma organizada y pacífica, demostrando los actos de ilegalidad en que recurrentemente ha incurrido la empresa, además de la artera colaboración del gobierno municipal, estatal y federal quienes simplemente desdeñan las leyes mexicanas y desoye a sus habitantes, con lo cual queda una vez más demostrado la gran ruptura que ya hay entre el estado y la sociedad, a cambio de una clara y burda actuación a favor de los empresarios.
La secretaria de Medio Ambiente filipina Gina Lopez, que ordenó cerrar más de la mitad de las minas del país, perdió hoy su cargo en una polémica decisión del Congreso criticada por ecologistas y celebrada por el sector minero. “Agradecemos la rápida resolución sobre el nombramiento de la señora Lopez”, expresó en un comunicado la Cámara de Minas de Filipinas. Lopez tras conocer la decisión acusó a la Comisión de Nombramientos de violar el “derecho de los filipinos a un medio ambiente limpio y saludable”.