La moción ingresada por la organización hace menos de un mes, donde acusaban a sus antiguos defensores Ossa y Cía. de prevaricación, fue aceptada en tribunales y derivada a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad. Los querellantes esperan que tras una nueva revisión, Andrónico y Jean Paul Luksic sean citados para esclarecer el pago de $3.100 millones que Minera Los Pelambres destinó a la firma de juristas en 2016, a cambio de finalizar la histórica batalla legal que ha enfrentado a la localidad de la Cuarta Región con la poderosa empresa metalera.

La querella por prevaricación que presentó el Comité de Defensa de Caimanes el pasado 13 de febrero, contra sus exabogados Ossa y Cía., finalmente fue acogida por el Poder Judicial y traspasada a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad. El documento firmado por 12 pobladores acusa que la compañía de juristas, antiguos defensores del colectivo, actuó en contra de sus intereses al pactar el “Acuerdo Marco de Entendimiento y Cooperación Recíproca” con Minera Los Pelambres, propiedad del grupo Luksic.

La negociación se selló en abril del 2016 y, entre otros puntos, estableció que la minera pagaría $2.400 millones a Ossa y Cía. por concepto de honorarios y 700 millones por los gastos incurridos en juicio, válido por los ocho años que duró su defensa. A cambio, Los Pelambres exigió “llevar al término los juicios actualmente existentes”, lo que fue aceptado por parte de la comunidad mediante sufragio. Sin embargo, el colectivo se mostró reacio a firmar el acuerdo desde el primer momento y se apoyó en Esteban Vilches, su nuevo representante, para emprender la querella que fue aceptada.

Junto con cuestionar este pago, uno de los principales aspectos de la acusación se centra en la empresa que desembolsó la suma. Es por esto que en la parte final del escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se solicita que Jean Paul y Andrónico Luksic sean citados a declarar como testigos para esclarecer el trato acordado con Ossa y Cía., que derivó en el cese de todas las iniciativas legales emprendidas en contra de Pelambres.

LA DEFENSA DE LOS QUERELLADOS

Desde la compañía acusada, Sandra Dagnino define la iniciativa en su contra como “una creación de problema artificial”, y se defiende asegurando que todas las decisiones tomadas por la firma contó con el debido apoyo de la comunidad.

Considera, además, que los 12 querellantes están en búsqueda de una retribución económica y que los alegatos presentados responden a intereses personales, desconociendo el beneficio de la mayoría de la comunidad. Respecto al millonario pago, sostiene: “Hicimos un cobro de honorarios por 8 años de trabajo, donde pusimos todo lo que podíamos exponer a nivel personal, donde mantuvimos la causa, donde fuimos perseverantes en demandar agua y seguridad”.

Más allá de estas palabras, sus dardos apuntan al presidente del Comité, Cristián Flores, como un dirigente que volcó la defensa comunitaria hacia una personal de un momento a otro. “Este discurso es nuevo, es distinto. Hoy día está orientado a plata. Antes, cuando fue un luchador admirable, nunca habló de plata (…) Su planteamiento con el de Vilches, es que nosotros debimos haber atendido los intereses de 12 personas”, argumentó.

Por tanto, los integrantes de la compañía afirman que se sienten confiados respecto a la nueva etapa en que ha entrado el conflicto y el futuro actuar de Fiscalía: “Este proceso va a terminar estableciendo que hay gente que ha cometido delitos, y que no es Ossa y Cía.”

El actual abogado del Comité, Esteban Vilches, asegura que “el problema con Ossa es que de los $3.100 millones totales, 2.400 dicen que son de honorarios, que corresponderían a clientes, pero nadie sabe quiénes son ni sus contratos, por lo que se desconoce cómo llegaron a esa cifra. No tiene respaldo real, ellos dicen que tienen contratos con clientes pero nunca los han mostrado. En cuando al pago por los costes de los juicios, tampoco han demostrado cuáles son. No hay boletas ni transparencia”.

Su principal inconveniencia con el actuar de la firma, está relacionado a que -desde su punto de vista- el acuerdo pactado no favorece en ninguna medida a la comunidad de Caimanes. “Si Ossa y Cía. hubiese cobrado esa cifra, con un trato que fija 200 millones de pago a cada familia, estaría muy bien ganado. Pero lo negociado no alcanza para nada, (las personas) se gastarán los $28 millones que puso Pelambres dentro de un tiempo y ahí se darán cuenta que lo que firmaron nunca los favoreció”.

“Hoy día me querello en contra de los abogados porque son los que traicionaron a Caimanes”, finaliza.

EL ROL DE OSSA Y CÍA. EN EL CONFLICTO

La querella presentada por el Comité en contra de sus exabogados abre un nuevo capítulo dentro de la lista de polémicas que suma la compañía.

Desde su llegada en 2007 a la Cuarta Región, la misión de la firma fue guiar la batalla legal de toda la comunidad de Caimanes en contra de la poderosa empresa metalera. La defensa anotó una histórica victoria en octubre de 2014 cuando la Corte Suprema ordenó restituir el curso natural de las aguas del Estero Pupío, afectadas por el tranque de relave El Mauro emplazado por Minera Los Pelambres y considerado como “un peligro para la vida humana” por el máximo tribunal.

Si bien el magistrado del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, Jairo Martínez, resolvió demoler el muro de contención del tranque en marzo de 2015, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la orden el 8 de agosto del mismo año, bajo el argumento de que la reposición del cauce podía llevarse a cabo sin tener que desmantelar la edificación. Lo planteado por el juez Martínez, entonces, nunca se realizó, y de ahí en más la relación entre el Comité y Ossa y Cía. se desintegró.

Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Roberto Arroyo dejaron de representar oficialmente al Comité de Defensa de Caimanes en octubre de 2015, tras una irreparable “pérdida de confianza” por parte de sus exclientes, luego de que los abogados accedieran a negociar el referido “Acuerdo Marco” con Pelambres.

Tras la ruptura definitiva con el colectivo, Ossa y Cía. siguió representando a la población de Caimanes que no se cuadró con las demandas de la organización encabezada por Flores.

Con el apoyo del resto de la comunidad, tomaron las riendas del proceso de negociación del trato – el que contempló un presupuesto total de 24.700 millones de pesos, más un aumento de 30 millones de dólares si Minera Los Pelambres decidía construir un nuevo relave o bien, agrandar El Mauro- y llevaron a cabo una consulta ciudadana para determinar la adhesión a la propuesta.

La medición arrojó un saldo favorable para los intereses de los abogados y Minera Los Pelambres, aunque no cumplió con una premisa básica del trato: del 70% de quórum mínimo fijado, solo participó el 63,6% de la población habilitada para sufragar.

Tras la insistencia de la parte que votó a favor, que incluso envió una carta en enero de 2016 firmada por más de 400 personas para exigir el cumplimiento del acuerdo, un grupo de representantes legales de la empresa de Luksic y los “asesores legales de la comunidad” sellaron el pacto el 28 de abril del mismo año.

TESTIGOS PODEROSOS

Más allá de la responsabilidad que tuvo la firma en el cierre del acuerdo, la querella del Comité también apunta a la acción de Jean Paul y Andrónico Luksic como orquestadores del pacto. Para ganar esta pugna, aseguran, es necesario contar con sus testimonios en calidad de testigos.

Con la misma firmeza abordan la posibilidad de que la justicia así lo estime: “Yo no tengo muchas dudas de que vayan a citar a declarar a Jean Paul y Andrónico Luksic, por una razón simple: el acuerdo entre la minera y Ossa y Cía. es un muy importante para resolver un conflicto grave y que significa mucho dinero”, sostiene Vilches.

En tanto para el presidente del Comité, Cristián Flores, la relevancia de contar con los testimonios de ambos empresarios es “muy alta, debido a que ellos como dueños de la compañía deben estar al tanto del acuerdo que contrajeron”. Además, asegura que está confiado de que Fiscalía decida citar a los hermanos Luksic: “Nadie está por sobre la justicia y ellos no tendrían motivos para negarse a entregar una información tan relevante como esta”.

Desde Minera Los Pelambres, en cambio, definen esta pugna como una ajena al actuar de la empresa y planean mantenerse al margen hasta que sea estrictamente necesario.

Fuente:http://www.theclinic.cl/2017/03/09/fiscalia-alta-complejidad-investigara-acusacion-pobladores-caimanes-exabogados-millonario-acuerdo-empresa-luksic/

Ambientalistas solicitan a Contraloría revisar proceder del Ministerio Salud por no dictar norma que regule los niveles de arsénico respirable.

La organización Dunas de Ritoque solicitó a Contraloría General de la República que se pronunciara sobre el actuar del Ministerio de Salud, por eventual incumplimiento de deberes, luego que no se dictara una norma de calidad atmosférica para arsénico en la zona.

El 18 de abril de 1994 , el  Ministerio de Salud mediante el  D.S. N°477  dictó una   “Norma Primaria de Calidad del Aire para Arsénico”,  cuya duración fue de 4 meses,  la que  fue eliminada mediante  el D.S. 1364.  El Ministerio de Salud justificó  su decisión  de eliminar  dicha norma debido había que dictar previamente un Reglamento Específico para Elaboración  de Normas Primarias” señalando  que “una norma de tanta importancia como la de calidad del aire para arsénico debe ser dictada en el marco de las nuevas disposiciones legales permanentes”. No obstante  que este Reglamento fue publicado  el 26 octubre del año 1995, y que a la fecha  han pasado 21 años, el Ministerio de Salud todavía  no ha dictado la norma  arsénico.

El   Decreto Supremo N°  185 de año 1992,  decretó que el  Ministerio  de Salud  en un  plazo de  180 días debía decretar una norma  primaria de calidad para arsénico a nivel nacional con el fin de proteger la salud de la población, y que dentro de sus funciones y tareas, contempla la protección de la salu8d humana, para lo cual posee facultades políticas y programas.

El aire de Puchuncaví, Quintero, Calama, Copiapó, Tierra Amarilla   entre otras, contiene altos niveles de arsénico respirable emitido por fundiciones, los que  superan ampliamente  la norma máxima de  la Unión Europea y lo máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en el  año 2015 el límite máximo se sobrepasó en 23 veces en Puchuncaví, 13 veces en Quintero por lo que es urgente incorporar norma de calidad que proteja a la población.

Fuente:http://www.ucvmedios.cl/ucv-radio-noticia.php?nid=33809

Satisfacción causó entre las organizaciones ambientalistas la decisión que tomaron las 12 autoridades técnicas de rechazar el proyecto minero-portuario Dominga, cuya construcción se emplazaría en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo. «Hoy día la institucionalidad sí dio frutos porque los Seremis y el intendente, bajo una exhaustiva revisión al proyecto y a la evaluación ambiental, determinaron que no se puede llevar adelante el proyecto», manifestó la directora ejecutiva de Oceana, una ONG que vela por la protección de los océanos, Liesbeth van der Meer.

Asimismo, señaló que «esta fue una de las instancias en donde nos damos cuenta que las personas que hoy día gobiernan sí están tomando las decisiones correctas». Y agregó que «son pocas estas instancias y por eso hoy día hay que celebrar la decisión del intendente de Coquimbo (Claudio Ibáñez) optó por un desarrollo sostenible de la pesca y del turismo, actividades que van a estar por el resto del tiempo, y no optó por aquellas medidas cortoplacistas». Por su parte, desde el movimiento ciudadano de investigación y creatividad para la conservación, Chao Pescao, indicaron que «estamos bastante conformes con lo que ocurrió. Era de esperarse que esto debería haber sido así debido a que este proyecto era completamente ilegal, con varias irregularidades y también era un proyecto que pretendía ser emplazado frente a reservas marinas y una reserva nacional frente al desierto florido. Era completamente incompatible con el desarrollo de la mega minería».

«Esto recién comienza porque este es un lugar que debemos proteger y debemos desarrollarlo de manera sustentable y ser un ejemplo a nivel mundial. Las condiciones y las características que tiene la comuna de La Higuera debido a su riqueza y recursos naturales dan el escenario perfecto para desarrollarse como la primera comuna sustentable del país», aseguró uno de los directores de la agrupación, Cristóbal Díaz de Valdés. Con respecto al anuncio que dio Andes Iron de apelar al Comité de Ministros, el activista dijo que no cree que sea del todo efectiva ya que el gobierno no cambiará de parecer al respecto.

Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/10/848734/Organizaciones-ambientalistas-por-rechazo-a-Dominga.html

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó ayer –miércoles 8 de marzo–  el recurso de protección presentado en contra de la compañía minera Nevada SpA, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Comisión de Evaluación Ambiental de la Tercera Región, tras establecer que no existen actos concretos de los recurridos que afecten los derechos de las comunidades indígenas y de los habitantes de la cuenca del río Huasco, los que solicitaron el cierre definitivo del proyecto minero Pascua Lama.

En fallo unánime (causa rol 4147-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Manuel Díaz Muñoz y el fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada- estimó que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que justifique acoger el recurso incoado u actos concretos que afecten los derecho de los recurrentes por la aprobación del proyecto minero.

El recurso de protección solicita en primer lugar, la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental –RCA- otorgada a Pascua Lama en 2006 y el cierre definitivo de complejo minero.

«En relación a dicha pretensión, no puede dejar de tenerse presente que la Resolución de Calificación Ambiental N° 24/2006, otorgada al proyecto minero Pascua Lama, constituye la culminación de un proceso de evaluación ajustado a lo preceptuado en la ley 19.300 relativa a las bases Generales del Medio Ambiente, y es un acto administrativo con el que pueden concordar o discrepar las personas, teniendo estas últimas, la posibilidad de hacer valer su oposición y por ende, pretensiones como las sustentadas por los recurrentes en esta causa, judicialmente, en un proceso de lato conocimiento, en que todos los involucrados a favor o en contra, puedan hacer valer y aportar todos los elementos que los apoyen o los desvirtúen», establece el fallo.

Resolución que agrega: «El recurso de protección en esta causa no reviste la calidad de proceso de lato conocimiento, al no constituir un juicio, sino solamente un medio para amparar derechos y garantías constitucionales debidamente especificados, que se ven turbados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, ejecutados por personas determinadas en casos de urgencia e inequívocos, por lo que el mismo, no es la vía idónea para hacer valer el desacuerdo a lo resuelto en un acto administrativo, contra el que, el artículo 20 de la ley 19.300 contempla recursos, primero ante el Comité de Ministros y luego, en contra de lo decidido por el Comité, ante el Tribunal Ambiental, en la forma que regula el artículo 60 del texto legal ya indicado y la ley 20.417».

Contaminación de las aguas
Asimismo, los recurrentes solicitaron que se declarara ilegal la resolución N° 094, o, en subsidio, no se la tome en cuenta para verificar la contaminación de las aguas. Con relación a dicha pretensión, el tribunal de alzada sostiene que «es dable reiterar que el recurso de protección es el medio idóneo para amparar derechos y garantías constitucionales específicos, que se ven turbados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, ejecutados por personas determinadas, por lo que no es la vía idónea para hacer valer el desacuerdo a lo resuelto en un acto administrativo, contra el que, el artículo 20 de la ley 19.300 contempla recursos, primero ante el Comité de Ministros y luego, en contra de lo decidido por el Comité, ante el Tribunal Ambiental, en la forma que regula el artículo 60 del texto legal ya indicado y la ley 20.417, por lo que la solicitud de declarar ilegal la resolución 94/2016, no puede ser acogida en este recurso».

Tampoco resulta procedente, «vía el presente recurso, la petición subsidiaria de no considerar la Resolución N° 94/2016 en la verificación de la contaminación de las aguas, habida consideración que conforme al inciso final del artículo 24 de la ley 19.300, el titular del proyecto o actividad, durante la fase de construcción y ejecución del mismo deberá someterse estrictamente al contenido de la indicada Resolución de Calificación Ambiental, en lo que se refiere la línea de base de las aguas la que, además, deben ajustarse a lo previsto en la Norma de Calidad de agua potable que fija la NCH 409, aprobada por Decreto Exento N° 446, de 16 de junio de 2006, del Ministerio de Salud».

En tercer lugar, los recurrentes solicitaron que se ordenara la entrega agua potable para el consumo humano, animales y siembras a todos los habitantes de la cuenca del río Huasco «hasta el fin de los deshielos o hasta que se acredite que las aguas no están contaminadas».

«En los motivos séptimo, octavo y noveno precedentes se ha concluido que las aguas que provienen del rajo de la mina se descargaron al río Estrecho luego de haber sido tratadas, y por ende, que ellas no resultaron contaminadas, situación por la que resulta improcedente la tercera petición formulada por los recurrentes, y que se base en una estimación infundada de su parte», resolvió la Corte de Apelaciones.

Riesgo nuclear
Como cuarta petición, los recurrentes solicitaron se tomen las medidas necesarias para acreditar, «si la población está bajo riesgo nuclear».

«Dicha pretensión la basaron los recurrentes en la circunstancias de haber densímetros nucleares en el proyecto Pascua Lama, los que, como se indicó en el considerando decimoprimero, están autorizados por el Servicio de Salud, lo que conlleva a que solo lo operan personas que tienen los conocimientos y competencia que requieren esos instrumentos, lo que impide concluir que ponen en riesgo a todos los habitantes de la Cuenca del Río Huasco, por lo que no resulta procedente acoger la petición en análisis», establece el tribunal de alzada.

Finalmente la Corte de Antofagasta analizó la petición de los recurrentes en orden a que se «verifique la contaminación que venga de lugares no descritos en la emergencia, de diversas plantas y por petróleo de los camiones accidentados».
«De acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 24 de la ley 19.300, la Compañía Minera en la ejecución del Proyecto Pascua Lama debe someterse estrictamente al contenido la resolución de calificación ambiental, y por su parte la Superintendencia del Medio Ambiente, conforme a la letra d) del artículo 3° de la ley Orgánica del mismo, debe «exigir, examinar y procesar los datos, muestreos, mediciones y análisis que los sujetos fiscalizados deben proporcional de acuerdo a las normas, medidas y condiciones definidas en sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental o en los planes de Prevención y o de descontaminación que les sean aplicables, de lo que se desprende que corresponde a dicha autoridad controlar que la Compañía Minera en la ejecución del proyecto o en la etapa actual de paralización, no infrinja lo previsto en la Resolución 24/2006, y por ende debe verificar que no se produzca contaminación o si la hay, se realicen obras tendientes a la descontaminación, por lo que resulta innecesaria lo pedido por los recurrentes a este respecto, ya que ello ha sido establecido como obligación legal, con anterioridad a la fecha de interposición del presente recurso», sostiene el fallo.

Resolución que agrega sobre el punto que: «Por lo demás, no resultó demostrado que los camiones Copec arrastrados por las avalanchas del 31 de mayo al 05 de junio de 2016, cargaban petróleo, por lo que la alegación de los recurrentes, que así ocurría, aparece infundada, debiendo rechazarse esta quinta petición, máxime si se considera que ella y todas las anteriores se basan en que por actos arbitrarios e ilegales de los recurridos, se atentó contra el derecho a la vida y a la salud, así como al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación que detentan los habitantes de la Cuenca del Río Huasco, afirmación, cuya efectividad no resultó demostrada».

Convenio 169 de la OIT
Además, los recurrentes, en su calidad de diaguitas, invocan el Convenio 169 de la OIT para fundar el recurso de protección «en la circunstancia de resultar afectados los derechos de los numerales 1° y 8° del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, respecto de todos los habitantes de la cuenca del Río Huasco, por lo que es dable concluir que no hay una afectación especial, exclusiva para la calidad étnica ya indicada».

«En suma, según se ha venido razonando, no existe una acción u omisión arbitraria o ilegal que justifique acoger este recurso y en lo esencial, actos concretos que afecten los derechos invocados como conculcados por los recurrentes, al punto, que necesariamente deberá rechazársele», concluye.

Fuente:http://www.elclarin.cl/web/noticias/medios-y-periodismo/22-medio-ambiente/21715-corte-rechaza-recurso-de-proteccion-contra-proyecto-minero-pascua-lama.html