Perú

Cambio climático, deforestación y minería, la causa de los desastres

Expresa el estudioso Jaime Llosa Larrabure quien asegura que con determinadas medidas se hubiera podido aminorar los daños que causan los huaicos
e inundaciones.

Los desastres que como consecuencia de los huaicos e inundaciones suceden en nuestro país podrían haberse previsto si con años de anticipación se tomaban medidas que minimicen estos efectos que causan tanto dolor en miles de peruanos.

Estudioso del Cambio Climático (CC), sobre el que tiene tres libros escritos, Jaime Llosa Larrabure declaró al diario UNO que el fenómeno que se presenta no es como algunos aseguran consecuencia de un Niño Costero, aunque podría tener algo de eso. “Lo que pasa es todo está alterado, es lo que se conoce como Eventos Extremos”.

“Los niños ocurren en el norte con grandes lluvias y con sequías en el sur, este podría ser uno algo extraño pero los mayores causantes de lo que padecemos son tanto el Cambio Climático como el haber deforestado los cerros: Las raíces de los arboles frenaban el paso del agua y recargaban los acuíferos, lo que ya no sucede y los suelos están erosionados también por el sobrepastoreo” anotó.

RELAVES
Mencionó como otro de los responsables a las empresas mineras que exploran en las alturas y arrojan los relaves mineros a los ríos causando erosión y contaminación en el agua que consumen los animales, malogrando la agricultura y secando los pastos y los bofedales. Ese drenaje ácido no deja que crezca nada y contribuye a la escasez de agua.

Explicó que los bofedales son ecosistemas claves en un medio con clima variable y severo para los organismos y para la producción agrícola de los habitantes de las grandes alturas de los Andes.

“Además, constituyen ambientes apropiados para numerosas especies de fauna y flora nativa, tienen gran influencia en el microclima local, atenuando la sequedad en lugares de clima árido o semiárido del invierno.”

Precisó que el uso de los bofedales por los pobladores y comunidades campesinas es muy antiguo y en épocas secas se convierten en importantes fuentes alimenticias para el ganado principalmente para llamas, alpacas, vicuñas. “Son oasis de agua y vegetación verde de los cuales el ser humano y la fauna andina se nutren”.

Llosa dice que también hay responsabilidad de lo que sucede son los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, por otorgar permiso a las mineras en cabeceras de cuencas y permitir que con sus operaciones de tajo abierto contaminen ríos y naturaleza en general. “La ley especifica que hay que proteger las cuencas, lo que no se cumple”, anota.

MÁS RESPONSABLES
“Un ejemplo claro es el de Tamboraque en San Mateo, Huarochiri, donde se permitió a una minera que entierre sus desechos junto al río Rimac, esos relaves penetran en el río que nos abastece por lo que tomamos agua con metales pesados.”

Dijo que también son responsables las municipalidades que otorgan permisos o no se preocupan de la construcción de viviendas en los cauces o en las orillas de los ríos, por lo que siempre estarán expuestos a estas situaciones de desastre “sin tener en cuenta que los ríos siempre recuperan sus espacios”.

“Antes las orillas de los ríos tenían tenían, además de árboles y carrizos que servían para las construcciones de casas, ahora ya no, entonces se desbordan por las quebradas malogrando casas y chacras.”

Llosa criticó asimismo a Sedapal por invertir en infraestructuras “grises” de cemento y por permitir que las aguas de tratamiento de Taboada que se hizo durante el gobierno de García vayan al mar en vez de ser reutilizadas como en otros países. “Son veinte metros cúbicos por segundo que van al mar y que podrían servir para regar veinte mil hectáreas de cultivos y si son tecnificadas treinta mil hectáreas”.

CAMBIO CLIMÁTICO
El ingeniero agrónomo especialista en Desarrollo Rural en una universidad europea precisó que, según dos especialistas del Centro Tyndall de Inglaterra, entidad especializada en el tema del Cambio Climático Global, el Perú es el tercer país con más riesgos climáticos a nivel mundial.

“Al mediano y largo plazo, la recurrencia de fenómenos climáticos estará afectando la seguridad energética y alimentaria del Perú y, por lo tanto, poniendo en riesgo el desarrollo del país. En este contexto, toda inversión (pública, privada, social, etc.) que se oriente al desarrollo debe considerar estas condiciones recurrentes”, dicen los expertos ingleses.

Llosa añade que “de otro lado, dada la gran diversidad territorial y geomorfológica del país, se genera no solo una gran biodiversidad (somos uno de 16 países megadiversos a nivel mundial), sino también múltiples pisos ecológicos (casi 84% de las zonas de vida del mundo) y de climas (28 de 35 climas mundiales)”.

CALAMIDADES
Puntualiza “esa diversidad también está referida a la variedad de peligros naturales en nuestro territorio: heladas, aluviones, aludes y avalanchas, inundaciones, sequías, vientos huracanados, deslizamientos, entre otros peligros meteorológicos, y al estar en el Anillo de Fuego del Pacífico, tenemos alta sismicidad y vulcanismo”.

Anota seguidamente que los expertos precisan que entre los principales y previsibles impactos del CC está el incremento de los eventos climáticos peligrosos y extremos, como es el caso de heladas, sequías y del fenómeno El Niño, así como el retroceso de glaciares tropicales que representan un importante recurso natural y paisajístico.

“Se estimaba en 22% el retroceso de la superficie glaciar del país y ahora habría llegado al 50 por ciento, con una pérdida de cerca de siete mil millones de metros cúbicos de agua, que equivale al consumo de 10 años de Lima, lo que se traduce además en una menor capacidad de respuesta al cambio climático por parte de las regiones más pobres del Perú.”

Fuente:http://diariouno.pe/2017/03/19/cambio-climatico-deforestacion-y-mineria-la-causa-de-los-desastres/

El Salvador

Exigen a empresa minera Oceana Gold respetar voluntad del pueblo

Tanto el gobierno e instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se han pronunciado en contra de la minería al igual que lo hizo la Iglesia Católica, universidades y organizaciones sociales.

Organizaciones pertenecientes a la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica exigieron a la empresa  minera Pacific Rim/Oceana Gold, respete la voluntad del pueblo de no querer la minería metálica en el país y que pague los $8 millones que debe al Estado, junto con los intereses generados desde la fecha en que fue impuesta la sanción económica por CIADI.

Las organizaciones calificaron como “desesperada” la campaña que ha iniciado la empresa en el país sobre la “minería verde”, tras el rechazo de amplios sectores de la población, e instituciones.

Asimismo llamaron a los diputados de los partidos de derecha entre estos, GANA, PCN y ARENA a dar sus votos para la aprobación de la ley contra la minería metálica en el país.

Las exigencias surgen luego que se conociera que los partidos ARENA y GANA se comprometieron a aprobar la ley contra la minería que presentó la Iglesia Católica a través del arzobispo Monseñor Luis Escobar Alas, pero días después ambos institutos políticos manifestaron una postura contraria a la que se habían comprometido.

Además solicitaron al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, aprobar un decreto Ejecutivo que prohíba la minería, que mantenga su compromiso de rechazo a la instalación de este tipo de industrias y que no se deje chantajear por estas transnacionales.

Sobre este punto, el mandatario afirmó que si la Asamblea aprueba una ley contra la minería sancionaría el documento inmediatamente.

“Nosotros esperamos que la Asamblea Legislativa lo apruebe lo más pronto posible (el proyecto de ley en contra de la minería) y va a ser sancionado por mi persona, creemos que esa también es una urgencia para el país”, recalcó el gobernante recientemente.

Las organizaciones contra la minería aplaudieron el pronunciamiento hecho por el mandatario salvadoreño, quien se unió a las miles de voces que se han manifestado en contra de la exploración y explotación metálica en el país.

Tanto las organizaciones sociales como la Iglesia Católica han presentado sus propuestas de iniciativas de ley contra este tipo de industrias ante el Congreso, pero no han tenido eco entre los parlamentarios.

La última propuesta de ley fue la presentada por la Iglesia Católica, hace unas semanas, donde representantes de todas las fracciones políticas recibieron el documento y se comprometieron a estudiarlo y de ser posible aprobarlo antes de la Semana Santa, según lo expresó el propio presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos del partido GANA.

Los representantes sociales dijeron que continuarán manifestándose y pronunciándose contra los proyectos mineros en el país hasta que sea aprobada una normativa que prohíba este tipo de prácticas que no solo contaminan el medio ambiente, sino que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas y los animales.

Fuente:http://www.transparenciaactiva.gob.sv/exigen-a-empresa-minera-oceana-gold-respetar-voluntad-del-pueblo

Internacional

La Fiscalía investiga la mina de uranio de Salamanca por delito medioambiental

(Salamanca-España)-  Ha incoado diligencias por la excavación de una balsa de 25.000 m2 junto a suelo protegido bajo el paraguas de obras de exploración que no necesitan permiso. La Guardia Civil y el servicio regional de Medio Ambiente consideran que se han hecho labores «extractivas» que necesitan una autorización previa. La Fiscalía de Medio Ambiente también abre diligencias por la tala de cientos de encinas en un hábitat protegido de la Red Natura 2000.

Dos fiscalías distintas investigan la mina de uranio que la empresa Berkeley está abriendo en el oeste de Salamanca por un posible delito medioambiental, según ha sabido eldiario.es. Una por la excavación de una gran balsa y la otra por la tala de centenares de encinas y su impacto en la Red Natura 2000 de protección ambiental.

El Ministerio Público en la provincia ha incoado diligencias por la excavación de una balsa de grandes dimensiones en su proyecto minero que afecta a la Red Natura 2000 de espacios naturales protegidos tras la denuncia de la plataforma opositora Stop Uranio. Las obras, además, están suponiendo la tala de cientos de encinas centenarias.

Video sobre el proyecto uranífero y las encinas arrasadas por una mina de uranio, a vista de dron.

Se trata de establecer si, al amparo de unos trabajos menores para realizar una exploración –llamada calicata– se ha abierto un socavón de 25.000 m2 del que se han extraído ya 36.000 m3 de material para el que no había autorización específica. En el camino, los árboles han sido arrancados.

La empresa australiana trabaja para que su explotación de mineral radioactivo esté «operativa en 18 meses», según informó el director general de Minas de Castilla y León, Ricardo Gómez, a mediados de febrero pasado.

Entre las labores previas, Berkeley ha excavado un agujero de 125 x 200 metros, según una inspección de la Guardia Civil, más otros tres metros de profundidad. 75.000 m3 de agujero en la linde del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Riberas del río Huebra y Yeltes. El proyecto incluye un transporte aéreo de material por encima del curso fluvial. La razón dada para esta excavación fue realizar una cata para inspeccionar el material que se pretendía utilizar en una carretera de acceso a la mina.

Los agentes del Seprona consideraron que la morfología de la abertura en la tierra era la de una balsa o una presa no de una mera calicata. En diciembre de 2016 se habían sacado de allí 36.000 m3 de material. Estas actuaciones supondrían una «actividad industrial extractiva» que sí está permitida, pero requiere una licencia urbanística previa de la Administración. No basta con una mera declaración del promotor antes de ponerse a socavar.

La hipótesis es que unas obras de escasa relevancia con un trámite burocrático casi irrelevante han terminado en un plan para hacerse con material del subsuelo que sí necesita una tramitación más compleja.

De hecho, un informe de la Comisión Territorial de Medio Ambiente del pasado febrero que ha llegado a los fiscales dice que «resulta obvio» que esos trabajos «no se circunscriben a la toma de muestras mediante catas» sino que responden a «los movimientos de tierra necesarios para la obtención de material» necesarios para llevar a cabo el proyecto minero. Es decir, que se ha continuado con el proceso de construcción de la explotación de uranio.

El Código Penal considera un delito «contra los recursos naturales y el medio ambiente» las «extracciones o excavaciones» [entre otras actividades] en el suelo y el subsuelo que contravengan «las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio».

El Ayuntamiento del término municipal afectado, Retortillo, tuvo que abrir un expediente sancionador a la minera el mes pasado por el asunto de las obras. Berkeley ha respondido que el informe de la Guardia Civil tiene «numerosos aspectos que no reflejan la realidad del alcance de las labores realizadas ni de la información que obra en el expediente administrativo».

El convenio a tres bandas

La relación entre la empresa y los gobiernos locales también está en entredicho. Las diferentes fases del proyecto están marcadas por el convenio que firmaron la minera y los pueblos de Villavieja de Yeltes y Retortillo en 2011. Su objeto declarado era «conseguir el buen desarrollo de las actividades propias de la empresa Berkeley como de los municipios de forma que no se produzcan dilaciones administrativas innecesarias».

Además, el documento dice que «aunque la actividad minera va a tener un fuerte impacto dinamizador (…) puede producir algunas incomodidades y molestias» por lo que Berkeley consideró «contribuir con una serie de actuaciones de tipo económico, turístico y social».

En lo económico, sin ir más lejos, además de los impuestos obligatorios, la minera escribió que «desea ofrecer una contribución económica adicional» basada en un canon sobre la producción. En el caso de Villavieja suma unos 200.000 euros y en el de Retortillo más de 800.000. Berkeley ofreció anticipar hasta el 30% del pago en tres tramos: primero en la firma de ese convenio, segundo al recibir la aprobación del Plan de Explotación y otro 10% al iniciar la explotación comercial del uranio.

Nueva denuncia

Al mismo tiempo que los fiscales salmantinos han decidido revisar, parcialmente, lo que Berkeley está haciendo en el Campo Charro, la Fiscalía de Medio Ambiente e Madrid ha abierto diligencias tras la denuncia de la organización WWF por «la tala de más de un millar de encinas centenarias ante la dejadez de las administraciones en un espacio Red Natura 2000».

La ONG argumenta ante los fiscales que los encinares desmochados son hábitat de especies de fauna protegidas legalmente como el águila imperial, la cigüeña negra o el galápago leproso. El arrancamiento de raíz de los árboles se produce en un área «incluida dentro del Plan de Recuperación de la Cigüeña».

Gema Rodríguez, responsable de Red Natura de WWF, explica que piden a la Fiscalía de Medio Ambiente que investigue cuál es el impacto que la tala de los árboles puede estar provocando sobre «los valores naturales de la Red Natura 2000» al mismo tiempo que compruebe «si la empresa está cumpliendo con la obligación legal de llevar a cabo compensaciones por esos posibles daños».

Fuente:http://www.noalamina.org/mundo/europa/item/16995-la-fiscalia-investiga-la-mina-de-uranio-de-salamanca-por-delito-medioambiental

 

Chile

Suprema ordena realizar consulta ciudadana por proyecto minero Isla Riesco

Desde la compañía indicaron que «se sujetará a todas las instancias que disponga el Servicio de Evaluación Ambiental para llevar a cabo el proceso».

Este viernes y en fallo dividido, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por organizaciones ciudadanas y ordenó la realización de una consulta ciudadana sobre el proyecto de extracción de carbón de la mina Invierno, ubicada en la Isla Riesco, Región de Magallanes.

Teniendo en cuenta la normativa, el máximo Tribunal determinó que “debe otorgarse a los recurrentes la cautela requerida, en razón que, para la aprobación del proyecto “Incorporación de Tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en la Mina Invierno” es necesario se contemple un procedimiento de participación ciudadana”.

De esta forma, se consideró arbitraria la resolución de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, por cuanto no abrió dicho proceso participativo.

Al respecto, desde Mina Invierno aseguraron que “es importante precisar que la decisión adoptada no cuestiona la calidad de los estudios que formaron parte de la evaluación ambiental, los que en su oportunidad fueron calificados favorablemente por los organismos técnicos competentes”.

“La Compañía se sujetará a todas las instancias que disponga el Servicio de Evaluación Ambiental para llevar a cabo el proceso de participación ciudadana y posteriormente implementar tronaduras como método complementario en la extracción de estéril”, agregaron.

Fuente:http://www.latercera.com/noticia/suprema-ordena-realizar-consulta-ciudadana-proyecto-minero-isla-riesco/

El Salvador

Pronunciamiento de la Mesa de Cambio Climático de El Salvador ante la prohibición de la minería metálica en El Salvador

La Mesa de Cambio Climático de El Salvador en seguimiento a los hallazgos más recientes en materia de cambio climático, bajo un enfoque de derechos y en relación al abordaje de la vulnerabilidad al cambio climático a nivel de territorios y gestión territorial:

Considerando que la minería metálica:

·      Es una industria contaminante, que utiliza en su proceso de producción grandes cantidades de sustancias químicas, como el cianuro, para la separación del oro y plata de las rocas, las cuales son extraídas en enormes cantidades del subsuelo junto a otros materiales, como metales pesados, causantes en muchos casos de enfermedades renales y de varios tipos de cáncer; y puede además generar el drenaje ácido de minas, es decir, la modificación del pH del agua. Los efectos anteriores vuelven el agua de cuerpos subterráneos y superficiales inservibles para la sustentabilidad ecosistémica y el consumo humano, agropecuario e industrial.

No es alternativa para mejorar las condiciones de vida de las personas, ni las comunidades ni la sociedad en general; pues lo que se ha constatado por el contrario en cualquier parte del mundo, son los daños ambientales, la conflictividad socio ambiental y la proliferación de la pobreza, lo cual aumenta la vulnerabilidad de los ecosistemas, sistemas humanos y sectores socio-económicos ante las manifestaciones e impactos actuales y proyectados del cambio climático.

·      Es causante de desastres ambientales, como la experiencia vivida por la población que radica en la zona de la mina San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión, la cual no debe repetirse en ningún otro territorio ni zona del país ni de la región centroamericana; y no podría haber adaptación al cambio climático en lugar alguno que se encuentre afectado por los impactos negativos de la explotación minera.

·      No debe ser considerada como alternativa de desarrollo, sino más bien una actividad ambientalmente no sustentable y una forma de continuidad del modelo global de «producción ilimitada, consumismo y desechos crecientes», asociado al acaparamiento de tierras, el extractivismo y la quema de combustibles fósiles que conlleva al agravamiento de la crisis climática actual.

·      Es incoherente con las objetivos de la restauración ecológica de ecosistemas y paisajes, que el país debería impulsar de manera idónea, y contraria al paradigma del “buen vivir”.

En dicho marco, la MCC-SLV se pronuncia al respecto, afirmando que:

Es importante y muy positiva la decisión tomada el pasado 10 de enero de 2017 por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, en relación a iniciar la discusión sobre la prohibición de la minería metálica en nuestro país, abriendo así, las posibilidades de contar en el corto plazo, con una ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica en El Salvador.

·      Reconoce, comparte y acompaña la lucha de la población salvadoreña en contra de la minería metálica, sobre todo las expresiones organizadas de las comunidades en donde las empresas mineras pretenden realizar sus explotaciones, así como diferentes articulaciones nacionales como la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y otras manifestaciones a favor de la prohibición de la minería por diferentes actores y sectores sociales.

·      Es valioso el aporte de la Iglesia Católica Salvadoreña, la Fundación Cáritas de El Salvador y La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que no solo han presentado a la asamblea legislativa una nueva propuesta de ley que prohíba la minería metálica, sino que también se ha movilizado demandando la pronta discusión y aprobación de la nueva ley.

·      Se respete la demanda de la mayoría de la población salvadoreña que por diferentes medios de comunicación e instrumentos de medición de opinión pública, ha patentizado su rechazo a la minería metálica en nuestro país.

Finalmente, la MCC-SLV demanda que:

Se inicie efectivamente y de manera inmediata, la discusión de la prohibición de la minería  metálica en El Salvador en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, para emitir un dictamen favorable que sustente la aprobación en pleno de la ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador, y obtener posteriormente la respectiva sanción por el Presidente de la República.

La Mesa de Cambio Climático de El Salvador, afirma su compromiso de continuar aportando de manera propositiva al Estado salvadoreño para contribuir a fortalecer el marco de políticas y la acción para enfrentar el cambio climático.

Adoptado en San Salvador, 17 de marzo de 2017

Fuente:https://www.scribd.com/document/342245963/Pronunciamiento-de-La-MCC-SLV-Ante-La-Prohibicion-de-La-Mineria-Metalica-en-ES-17Mar2017

Perú

La lucha indígena por la Cordillera del Cóndor: anulan permisos a Minera Afrodita

Luego de una dura batalla legal y después de varios años de lucha y defensa de las comunidades y organizaciones indígenas del Cenepa, el Gobierno regional de Amazonas ha decidido retroceder y anular los permisos que le otorgó a la minera Afrodita para explotar oro en la Cordillera del Cóndor.

Así en diciembre de 2016 el Gobierno Regional de Amazonas anuló la resolución que inscribía territorio indígena y de bosque amazónico como terreno eriazo propiedad del gobierno regional. Luego, el 28 de febrero de 2017, el GOREAM ha declarado improcedente la solicitud de minera Afrodita de constituir un usufructo por posesión sobre ese mismo terreno. Con estas últimas resoluciones, se confirma la actuación irregular y de mala fe de la empresa minera que insiste en explotar oro en esta parte de la Amazonía norte.

Para llegar a ello, el camino recorrido por las organizaciones indígenas en defensa de su territorio ha sido tortuoso. Indígenas awajún y wampis han interpuesto varias acciones judiciales que aún, luego de varios años, no tienen respuesta. Solo las acciones administrativas han surtido efectos, gracias a una incesante acción de denuncia indígena que ha puesto en evidencia la ilegalidad de diferentes procedimientos administrativos llevados a cabo por Afrodita y aprobados por Carlos Navas del Gobierno Regional de Amazonas (GOREAM).

Mediante dichos actos, la empresa Afrodita buscó ingresar en territorio amazónico para explotar oro a como dé lugar. Entre ellos, encontramos que se atentó contra el marco jurídico de protección del bosque otorgándose derechos sobre tierras forestales y zonas de protección; se obtuvo diferentes permisos y certificaciones ambientales mintiendo sobre sus derechos sobre el suelo; se utilizó irregularmente el régimen de la pequeña minería; se utilizaron normas derogadas para validar trámites de servidumbre sobre suelo amazónico e incluso se estableció una alianza irregular con el funcionario del Gobierno Regional, Carlos Navas, quien utilizando recursos públicos, realizó varias reuniones para publicitar los beneficios de la actividad minera de la empresa. Solo así, la empresa logró avanzar e instalar su campamento en lo alto de la Cordillera del Cóndor.

Además, como parte de una estrategia que cada vez es más común entre varios actores del sector extractivo, Afrodita se amparó en la falta de titulación de las tierras indígenas y las normas de acceso rápido a tierras para la inversión previstas por los paquetazos ambientales. Afrodita tiene amplio conocimiento del estatus indígena de estas tierras, no obstante incluso así se atrevió a solicitar en setiembre de 2016 el usufructo de posesión sobre el predio que ocupa de manera ilegal, el que fue recientemente denegado por el GOREAM. Así también los actos administrativos de otorgamiento de servidumbre, de autorización de inicio de operaciones, de inscripción del terreno como eriazo; han sido todos revocados. Tanto la Superintendencia de Bienes Nacionales como el GOREAM han exigido a la empresa desalojar el predio.

Durante las últimas semanas cientos de líderes indígenas de El Cenepa y de las cuencas de la zona han reiterado su rechazo a la presencia de la minería en la zona. Según manifiestan, las actividades mineras en sus bosques amazónicos causan impactos ambientales y sociales cada vez más graves. Dichas organizaciones respaldan las acciones de ODECOFROC, organización indígena de El Cenepa, protagonista de la lucha contra la explotación minera en la Cordillera del Cóndor. Los dirigentes indígenas exigen el efectivo desalojo del campamento minero de Afrodita instalado en sus territorios.

No obstante, la empresa rehúsa a marcharse. En un intento desesperado, Afrodita ha logrado cooptar a un grupo de comuneros a quienes llama a «repoblar» la zona de frontera. Afrodita y sus aliados promueven la formación de organizaciones indígenas paralelas que acepten la minería de oro en el bosque, para ello les promete el 10% de sus utilidades.

El escenario de tensión se mantiene en la zona. La presencia irregular de Afrodita y su insistencia en operar fuera de la ley, promueven el conflicto y los enfrentamientos entre indígenas. No en vano, en el 2013, Afrodita fue calificada como la empresa que más conflictos sociales ocasionaba en Perú (Semana Económica 2013), además de encontrarse en la base de los reclamos del pueblo Awajun y Wampis en los lamentables hechos del Baguazo, en el 2009.

Otra vez, el caso de la minera Afrodita nos recuerda la vulnerabilidad de nuestros bosques amazónicos y territorios indígenas frente a la expansión de las empresas mineras y su fiebre por el oro. Son este tipo de empresas, de actitud irresponsable y de mala fe, las que se encuentran en la base de los conflictos socio ambientales a lo largo del país.

Fuente:http://www.vigilanteamazonico.pe/vigilancia-y-comunicacion/galeria-multimedia/noticias/731-la-lucha-indigena-por-la-cordillera-del-condor-anulan-permisos-a-minera-afrodita.html

Mexico

Tribunal federal da la razón a ciudadanía: Cancela autorización a minera Los Cardones

La Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó a la autoridad ambiental volver a evaluar el proyecto tomando en cuenta el artículo 48 de la LGEEPA que protege las actividades productivas de las comunidades locales.

México.- La autorización condicionada contenida en el oficio SGPA/DGIRA/DG-05124 que dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al proyecto extractivo minero “Los Cardones”, durante la administración de Enrique Peña Nieto, fue finalmente anulada.

La Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió su resolutivo a la demanda interpuesta por el Frente en Defensa del Agua y la Vida para echar abajo el permiso que entregó la autoridad ambiental para operar en el polígono de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, siempre y cuando cumpliera con una serie de condiciones, entre ellas, regularizar los terrenos en los que intenta establecerse, porque hay antiguos pobladores, así como el interés de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) por adjudicarse un par de predios nacionales.

Ahora, la Semarnat debe acatar la orden de los magistrados, quienes sustentaron su veredicto en el artículo 48 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), según consta el expediente: 2522/15-EAR-01-3.

Como se sabe, las áreas naturales protegidas fueron planificadas en diferentes zonas, una de ellas la de amortiguamiento. Para administrar o controlar mejor la reserva, se creó un plan de manejo en el que se determina la orientación de cada zona o subzona. En este caso,  la zona de amortiguamiento especifica que solo pueden realizarse actividades productivas por comunidades locales que ahí habitan desde que se otorgó la autorización.

La Semarnat deberá reiniciar la evaluación de impacto ambiental de la empresa Desarrollos Zapal ligada a Invecture Group y al empresario Ricardo Salinas Pliego, deberá tomar en cuenta lo dispuesto por los magistrados.

Debemos recordar las dependencias dedicadas a la protección del medio ambiente son conducidas por integrantes del Partido Verde. En el organismo político milita Ninfa Salinas, hija del multimillonario, y la misma que quiere impulsar la Ley de Biodiversidad que, según organizaciones de la sociedad civil quedarían desprotegidas el 97% de las especies de flora que viven en México.

Fuente:http://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2017/03/16/tribunal-federal-da-la-razon-a-ciudadania-cancela-autorizacion-a-minera-los-cardones

Chile

Comunidades acusan irregularidades en fallo a favor de Pascua Lama

Comunidades del Valle del Huasco presentan recurso ante la Corte Suprema luego del fallo a favor de Pascua Lama que emitió el tribunal de Antofagasta. Según Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, este caso demuestra una confluencia de voluntades dentro del Estado para liberar las restricciones que el proyecto tiene para continuar.
El martes pasado las comunidades del Valle del Huasco apelaron ante el máximo tribunal chileno, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazara un recurso de protección que solicitaba una medida cautelar para resguardar los derechos de los habitantes del lugar, que han sido vulnerados por el impacto ambiental causado por Pascua Lama.

En la actualidad, la minera se encuentra cerrada temporalmente desde el 2013 por una orden de la Superintendencia de Medioambiente, ratificada por la Corte de Copiapó. Sin embargo, las localidades cercanas siguen siendo afectadas debido a la contaminación de los ríos y suelos.

Constanza San Juan, vocera de las Comunidades del Valle del Huasco, señaló que en junio del año pasado, producto de unas avalanchas, se rompió la Planta de Tratamiento de Aguas Contaminadas que la compañía Barrick Gold utiliza para limpiar los desechos que la minera dejó y que han perjudicado gravemente al río El Estrecho.
Después, en agosto, la planta volvió a operar, pero de manera incompleta y sin las medidas que había solicitado la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). “La misma que había sido destruida comenzó a funcionar solamente con la disponibilidad de un módulo operativo y sin la planta de osmosis, que es un segundo tratamiento. Y esto ocurre justo cuando la empresa viene diciendo desde hace dos años que las aguas están tan sucias que necesitan la fase de osmosis reversa”, explicó la vocera.

San Juan comentó que los informes emanados desde la propia empresa confirman la contaminación de las aguas del lugar. “Nosotros tuvimos los análisis que hizo la compañía, que al compararlos con la línea base de la RCA del año 2006, había superado todos los parámetros de contaminación en el punto más cercano a la población. A parte de ser contaminados en junio, también lo fuimos en agosto cuando la planta se echó a andar”, enfatizó.

Desde las comunidades acusan que el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta es irregular porque desconoce los argumentos que ellos presentaron. Además, advierten que el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama (SEA) aumentó arbitrariamente los índices mínimos de contaminación para que la compañía no fuera sancionada.
“La modificación de la línea base se reconstituyó el 2 de junio de 2016, justo en el momento en que se estaba desarrollando este nuevo desastre en Pascua Lama. Entonces, finalmente viene a ayudar a que la empresa no quede con otro hito de contaminación”, declaró la vocera, agregando que “el fallo se sustenta en que la empresa está cumpliendo la línea base de la nueva resolución que aplicó la RCA este año, pero si nosotros estuviésemos regidos por la RCA con la que fue aprobado el proyecto, esto habría sido un hito de contaminación como el del 2013 o más”.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), señaló que la Corte de Antofagasta no hizo un análisis concienzudo sobre lo que realmente ocurre, basándose principalmente en la información que entregaron organismos que han sido cuestionados durante el proceso de fiscalización. Según el director del OLCA, “esto demuestra una confluencia de voluntades dentro del Estado para liberar las restricciones y los problemas que tiene Pascua Lama para continuar”.
Para Cuenca, la autoridad, junto a algunos tribunales, está buscando una manera de despejarle el camino al proyecto, reduciendo al máximo las incertidumbres de modo que Barrick Gold logre no solamente volver a explotar Pascua Lama, sino también conseguir un socio para hacerlo.

El director del Observatorio agregó que mientras se mantenga una comunidad movilizada y existan actores civiles que fiscalicen lo que está ocurriendo es difícil que el proyecto vuelva a operar.

Este año las comunidades cumplirán más de 17 años luchando contra Pascua Lama y exigiendo su cierre definitivo, debido a los graves daños que ha provocado en la salud de las personas, las plantaciones de los agricultores y el hábitat de los animales. Todo esto generado principalmente por el exceso de metales en los ríos.

La anulación del cierre temporal que la Corte Suprema esgrimió a Barrick Gold
En un fallo dictado el 13 de marzo, la Corte Suprema decidió revocar el cierre temporal de Pascua Lama, decretado por el Sernageomin en 2015. No obstante, esto no significa que la compañía pueda reanudar sus faenas, pues todavía está vigente la orden de la Superintendencia de Medioambiente.

Lucio Cuenca explica que esta resolución corresponde a un juicio paralelo al que están llevando las comunidades locales. Se trata de un recurso interpuesto por la Junta de Vigilancia del Río Huasco que agrupa a los regantes, es decir, a quienes tienen derechos de agua en dicho río.

Esta organización habría firmado un trato con Barrick Gold que permitió que el proyecto se viabilizara el año 2005. En ese acuerdo, la compañía se comprometía a entregarle tres millones de dólares anuales durante veinte años.

Cuando comenzó la crisis y el proyecto fue suspendido, la empresa, para dar tranquilidad a sus accionistas, comenzó a señalar que la suspensión de las faenas correspondía a una iniciativa propia, para lo cual presentó un plan de cierre al Sernageomin que fue aprobado el 2015. Esta medida le permitió a Barrick Gold dos cosas: dejar de pagar los tres millones y no cumplir con las obligaciones que tenía con la Resolución de Calificación Ambiental. Fue por lo primero que la Junta de Vigilancia del Río Huasco se dirigió a la Corte Suprema.

Según Cuenca, con esta acción lo que la compañía buscaba era evitar que el valor de las acciones se desplomara, dado que a nivel global, durante el 2013, cayeron en orden del 40 o 50 por ciento.

Fuente: http://radio.uchile.cl/2017/03/16/comunidades-acusan-irregularidades-en-fallo-a-favor-de-pascua-lama/

Nicaragua

ANTE AUDIENCIA INTERNACIONAL MINERÍA DE SANTO DOMINGO

El movimiento ambientalista Salvemos Santo Domingo (Chontales) con el acompañamiento de Centro Humboldt, en el marco de los procesos de incidencia a nivel internacional y bajo la facilitación de la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), han solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia temática.

El tema de dicha audiencia es: “Derecho de acceso a la información y transparencia en la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización de actividades extractivas en las Américas”.

La CIDH ha brindado el espacio de audiencia para el próximo 18 de marzo en la ciudad de Washington DC. En representación de Nicaragua estará Víctor Campos de Centro Humboldt y Boanerges Luna de Salvemos Santo Domingo. En este proceso estará acompañado por otros casos de Guatemala y República Dominicana.

Uno de los principales objetivos de la audiencia es ventilar ante la CIDH las múltiples violaciones a los proceso de otorgamiento de concesiones mineras. La población santodomingueña desconoce cuáles son los procesos de exploración y explotación que viene realizando la empresa minera canadiense B2Gold.

La Población demanda conocer detalles técnicos ambientales y legales de estos procesos, debido a que ellos solo están consiente que su territorio se encuentra en fase de explotación. “Ellos pretenden explotar dentro del casco urbano de nuestro municipio y nosotros hemos estado en contra por las afectaciones que esto tendría en contra del pueblo”, expresa Walkiria Marín, Coordinadora del Barrio Jabalí, sector de La Antena.

Fuente:http://www.humboldt.org.ni/node/1791

Perú

ABSUELTOS 16 LÍDERES DE CELENDÍN EN CASO CONGA

Justicia. 16 líderes ronderos y ambientalistas de la provincia de Celendín (Cajamarca) fueron absueltos esta mañana del presunto delito de secuestro en un caso en el cual la Fiscalía había pedido nada menos que 36 años de prisión.
El caso se origina en 2013, durante el conflicto social por el megaproyecto minero Conga, de la empresa Yanacocha. El 26 de abril de dicho año, un grupo de dirigentes sociales asiste a una reunión convocada por el gobernador del distrito de Sorochuco, y le piden que la misma se traslade a la Plaza de Armas de la localidad a fin de que el conjunto de la población pudiera escuchar y participar de la discusión en torno al proyecto minero. La reunión dura alrededor de dos horas, durante las cuales los vecinos de Sorochuco hacen oír su voz de rechazo a Conga, en tanto que el gobernador defiende el proyecto. Posteriormente, el gobernador interpuso una denuncia por secuestro agravado alegando que se le había conminado a participar de dicha reunión pública bajo amenazas y utilizando piedras, palos y armas blancas, acusaciones que han quedado desvirtuadas al cabo de casi cuatro años de proceso legal.
El Juzgado Colegiado Supra Provincial determinó en su fallo la inocencia de los líderes acusados y la inconsistencia de las pruebas presentadas por el entonces gobernador de Sorochuco. La lectura de la sentencia completa tendrá lugar el 28 de marzo.
“Aún hay varios casos post conflicto Conga, sobre todo los líderes han estado siendo acusados de manera sistemática por varios cargos. Este caso era especialmente preocupante porque la Fiscalía pedía hasta 36 años. Pero hay otros casos más”, explica Mirtha Vásquez, abogada de los líderes ambientalistas.
Semanas atrás, un conjunto de organizaciones de derechos humanos difundió un pronunciamiento donde alertaba por este caso y lo consideraba una muestra de la criminalización de la disidencia. “Las organizaciones que suscribimos este documento estamos profundamente preocupadas que, ante la movilización social legítima, la respuesta del Estado sea el uso de la fuerza y uso del derecho penal contra los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente”, señalaba el pronunciamiento.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/16/03/2017/alerta-absueltos-16-l-deres-de-celend-n-en-caso-conga