El 22 de marzo cuatro niños del Complejo Educacional Sargento Aldea se desmayaron en medio de un fuerte olor. Quienes estaban ese día en el colegio dicen que era gas, sin embargo, las autoridades aún no logran determinar cuáles son las causas de la crisis de los menores. La emergencia que afectó a diecinueve niños empalma con una discusión que tiene a un grupo transversal de parlamentarios enfrentados a la nueva norma de emisión de azufre, que debería ratificar Bachelet y pone en el centro del debate la inequidad e injusticia con quienes viven en zonas de sacrificio ambiental.
El Complejo Educacional Sargento Aldea, en Ventanas, es grande: tiene 200 metros de largo y 760 alumnos. Por eso es que ni los estudiantes ni el director, Tomás Opazo, pensaron que fuese casual el fuerte olor que el día 22 de marzo empezó a marearlos a todos y que entraba por cada rincón del edificio.
El olor, que ellos describen como emanaciones de gas, se empezó a sentir cerca de las dos de la tarde, pero ya a las tres se tornó insoportable. Un niño se desmayó. A este le siguieron tres desmayos más. Los cuatro alumnos más afectados eran de entre 3° básico y 1° medio.
–Habíamos sentido olores, pero jamás de esta dimensión –cuenta Opazo, quien lleva más de 20 años al frente del colegio y ese día se preocupó de que los niños estuvieran bien.
Aunque cuatro se desmayaron, fueron diecinueve los que llegaron hasta el policlínico con náuseas, vómitos y dolores de cabeza.
Opazo dice que hay claros protocolos de evacuación interna, aunque es obvio que después de esta emergencia deberían tener algunos equipos especiales, como oxígeno y máscaras. Pero ellos no estaban preparados más que con un protocolo de traslado, hacer que los menores entren a las salas de clases y cerrar las ventanas.
La alcaldesa de Puchuncaví, Eliana Olmos, comentó ese día que hasta el colegio llegaron, además, unidades de emergencia y decidieron adelantar la salida de clases de forma preventiva.
Todos quienes debieron enfrentar la emergencia recordaron el caso de la escuela La Greda, en la misma localidad. Una bruma espesa, similar a los gases lacrimógenos, que el 23 de marzo –pero de 2011– entró por esa escuela, afectando especialmente a niños, alarmó a los vecinos que se organizaron para contar cómo la contaminación los estaba aplastando.
Un informe elaborado en octubre de 2011 por la Seremi de Salud y encargado por la Subsecretaría de Educación, revelaba contaminación en todos los colegios de Puchuncaví. El informe detallaba análisis de polvo y suelos y abarcaba a los establecimientos en la zona, comparándolos con La Greda. Entonces, según el ranking de la calidad de los suelos, el primer lugar de los colegios afectados lo ocupaba La Greda. Después seguían La Laguna, Escuela Básica Campiche, Colegio Maitencillo, Escuela Básica La Chocota y Escuela de Pucalán.
Ese mismo documento señalaba que, si se analizaba el ranking de exposición a elementos carcinógenos en cuanto a polvo, los resultados eran alarmantes. Los catorce colegios de la zona estaban expuestos a riesgos, una reacción que, según los especialistas, solo podrá ser visible a largo plazo.
Zona de sacrificio
La bahía de Ventanas fue declarada zona saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado el año 1993 y las autoridades comenzaron a hacer seguimientos a su plan de descontaminación.
Un estudio del año 2014 respecto a la zona, elaborado por la Fundación Terram, señaló que, en cuanto a las normas secundarias, se observaba entonces un incumplimiento en la calidad de aire relativo a la presencia de SO2 (dióxido de azufre), material sumamente dañino para la vida humana. “A la fecha los altos índices de SO2 se han mantenido, con un peak de 2.100 microgramos por metro cúbico en mayo de 2012. La autoridad propuso como recomendación, en el Informe de Plan de Seguimiento, mantener las normas de calidad ambiental; sin embargo, no se proponen medidas más de fondo que propendan al cuidado”, indicaba el documento.
Entonces la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, creada con el fin de investigar los episodios de contaminación en el sector de Ventanas señaló en su informe que “la población afectada por la contaminación de Puchuncaví y Quintero ha sido objeto de una discriminación ambiental al soportar cargas ambientales desproporcionadas, siendo deber del Estado y de la sociedad responsabilizarse por décadas de abandono”.
El año 2012 se dictó la norma de emisión de Centrales Termoeléctricas, que impactaba a la zona, pero la impresión de Flavia Liberona, de la Fundación Terram, es que las cosas no han cambiado mucho:
–Efectivamente hay mayores normativas, pero hay poca información disponible con la que pueda constatar que ha disminuido la contaminación en la zona. El 2012 se dictó la norma, sin embargo, todo ese proceso ha sido complejo, porque las empresas deben validar equipos y se ha atrasado. En la Superintendencia de Medio Ambiente no hay información de que haya cumplimiento de la normativa.
De acuerdo a Liberona, por otro lado, está la fundición de Codelco Ventanas. “Contra esta la Superintendencia del Medio Ambiente ha hecho varios procesos condenatorios, pero están en proceso. Han encontrado distintas cosas, pero aún no hay una sanción”, dice, y agrega que, a pesar de las cifras, puede opinar respecto a lo que ha recogido visitando el lugar, al cual la fundación acude frecuentemente. “Las empresas, sobre todo las termoeléctricas, siguen emitiendo humo. Hay olor y la percepción que uno tiene es que no hay cambio. Al principio de este Gobierno, a raíz de que existía esta zona de sacrificio, se hizo un plan de recuperación ambiental. Han tenido comités y también han participado organizaciones sociales, sin embargo, hay algunas que se han retirado porque no se abordaron los problemas que existen y aún no hay un plan de recuperación”, advierte.
Norma de inequidad
La nube tóxica que afectó a la escuela Sargento Aldea el 23 de marzo y que según las autoridades aún no tiene una causa definida, ha empalmado con una discusión que otra vez expone la vulnerabilidad e inequidad a la que están sometidos los habitantes de zonas contaminadas.
Hace unas semanas, el senador Guido Girardi reveló que, entre enero y febrero, se reunieron los ministros de Medio Ambiente –entonces Pablo Badenier–; Economía, Luis Felipe Céspedes; Minería, Aurora Williams y, unilateralmente, cambiaron la propuesta hecha por el Ministerio de Salud flexibilizando y rebajando los estándares de la norma de azufre.
“Por ejemplo, la norma anual de 60 miligramos la dejaron en 70 µg/m3; la norma de 24 horas de 150 µg/m3 que proponía Salud la llevaron a 200 µg/m3. La norma propuesta por la OMS son 20 µg/m3, es decir, 1000% más exigente, que lo que se está proponiendo. Esto expondrá a la comunidad y los niños a gravísimos problemas de salud”, explicó Girardi, una situación que reiteró ayer en una de las salas del Senado que recibió al nuevo titular del Medio Ambiente, Marcelo Mena, y al encargado de políticas públicas del Ministerio de Salud, Tito Pizarro, justamente para entender la flexibilidad de la norma que debe ser ratificada en un paso siguiente por Michelle Bachelet.
Pablo Ruiz, académico de la Universidad de Chile y doctor en Salud Ambiental por la Universidad de Harvard, revisó las estaciones de monitoreo en el momento de la emergencia que vivió la escuela Sargento Aldea para El Mostrador y si bien señala que, al analizar las concentraciones de las cinco estaciones cercanas a Ventanas, no se observan aumentos importantes de SO2 durante el período de las intoxicaciones, sí llama la atención que una de las estaciones constantemente indica lecturas de más de 20 ppb (partes por billón). “Esto es preocupante, pues indicaría que posiblemente este instrumento no ha sido adecuadamente seteado en su línea base, y uno se pregunta si no pudiera haber también problemas en su sensibilidad”, explica.
La propuesta aprobada en el consejo de ministros para la sustentabilidad, en febrero pasado, propone una norma de una hora de 191 ppb. “Como se aprecia es más alta que la norma de la EPA (agencia de protección de medioambiente de EE.UU.). Si se compara con la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es del mismo orden en términos concentración, pero, muy importante, la OMS la sugiere para 10 minutos, y Chile la deja en 1 hora. De esta forma, se podría pensar que pudiéramos superar la guía de la OMS en 6 veces (6 veces 10 minutos en 1 hora) sin superar la norma chilena”, detalla Karla Yohannessen, académica del programa de Salud Poblacional de la U. de Chile.
Un segundo punto importante para el académico y que, según él, la hace excesivamente permisiva, es que esta norma incluye un percentil 99 para la cantidad de mediciones de 1 hora en un año. “La idea de un percentil es que, no por superar una sola vez el valor de la norma, en forma excepcional, se está realmente superando la norma y se necesita un plan de descontaminación. Entonces, cuando se incorpora un percentil como el 99, decimos que, si el 1% de todas las mediciones son más altas que el valor de la norma, entonces estamos superando esta. En otras palabras, cuando se supera sistemáticamente. El problema es que es con solo una exposición en un día se generan problemas en salud, entonces se esperaría que la regla del percentil se aplique al máximo horario en un día, tal como lo hace EE.UU.”, explica.
Así como está, la norma que debería aprobar Bachelet permitiría tener hasta 87 excedencias en un año sin que se rompa tal normativa.
Los indicadores a los que apunta Ruiz no son solo números, también dicen relación con la calidad de vida y la justicia social de quienes son expuestos a mayor contaminación: “La carga de exposición desigual es de preocupación política, independientemente de si se puede demostrar que las personas con mayores exposiciones difieren de otras en términos de nivel socioeconómico. Sin embargo, si los niveles bajos coinciden con la proximidad de las fuentes, el argumento moral para reducir la carga ambiental sobre los grupos que experimentan varios tipos de desventajas sería aún más fuerte”, concluye.
El Mostrador se comunicó con la Superintendencia de Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente y la Seremi de Salud de la Quinta Región, para conocer el curso de la investigación de la emergencia en el colegio Sargento Aldea, las multas y las mejoras en el sistema de descontaminación de la zona, pero no conseguimos una respuesta.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para la creación de la empresa de Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB).
El lunes 3 de abril en la en la última sesión de la Comisión Codificadora de Ambiente, se aprobó la propuesta de ley que prohíbe la minería industrial en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y fuentes hídricas.
El pasado martes 14 de marzo, la Dirección Regional del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) de la región de Atacama, invitó a la comunidad a participar del proceso de “Participación Ciudadana” sobre el “proyecto de desarrollo de Mantoverde” (Mantos Copper) y su Estudio de Impacto Ambiental que está en evaluación.
La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) junto a la Policía Boliviana intervinieron una actividad minera ilegal en la localidad de Chua Jichupata, provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, donde se explotaba oro de manera clandestina, informó su Director Ejecutivo Nacional, Erik Ariñez Bazán.
La ley que crea la empresa de Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) es “saqueadora” para Potosí, por las bajas regalías, 1.8 %, que otorgará al departamento, según el diputado Gonzalo Barrientos, de la opositora Unidad Demócrata (UD), sobre un negocio que prometía miles de millones de dólares pero que al final puede quedar reducido a unos iniciales 285 MM/$us al año, un poco más que la exportación de aceite crudo de soya (254 MM/$us al 2016)
Imbabura emerge como una de las nuevas zonas de interés minero metálico del país. En la provincia, cinco áreas se han otorgado en concesión, otras cinco están inscritas y 33 están en trámite. Las cifras son del Ministerio de Minería. Los títulos habilitantes para personas o empresas interesadas en la exploración minera se asignan mediante dos modalidades: la primera es la entrega directa, como ha sucedido con la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami), en la zona de Cotacachi. Ahí, la Enami -en alianza con la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco)- desarrolla el proyecto Llurimagua, en el valle de Íntag. Se estima que en la zona hay cobre y molibdeno. La otra modalidad es mediante subasta y remate. Según Santiago Chamorro, subsecretario regional de Minería, a cargo de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Napo, Orellana, Pichincha y Sucumbíos, la idea es que las empresas presenten propuestas y se escoja a la mejor oferta.
El rectorado de la Universidad Mayor de San Simón dio 48 horas para que el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) desaloje los ambientes del CESU, para trasladar a ese predio el Instituto Confucio que enseña el idioma Chino Mandarín.
Hace algo más de una década, como consecuencia de un desastre ambiental en una mina en Brasil, las empresas mineras iniciaron una reflexión sobre los graves perjuicios que podrían provocar eventos climáticos extremos en sus procesos productivos. En el caso mencionado, las lluvias torrenciales provocaron la rotura de un dique de contención de desechos mineros, generando un daño ambiental de magnitud en el Estado de Río de Janeiro y el colapso de las operaciones. Este tipo de evaluación comenzó a formar parte de la agenda de reflexión del Consejo Internacional de Minería y Metales.
La población de Cajamarca en Colombia, lleva varios años expresando a viva voz que no quiere minería en su territorio.