Argentina

Por incidentes repetidos, evalúan aplicar multa histórica a Barrick

Autor: El Cronista
Conflicto Relacionado: Veladero-Jachal

Por la reincidencia en derrames ocurridos en Veladero, las autoridades provinciales podrían decidir una multa histórica mayor a los casi u$s 10 millones que tuvo que pagar la propia Barrick por el primer derrame de 2015 que protagonizó, cuando contaminó ríos cercanos. Así trascendió, según la agencia de noticias Reuters, luego de que el juez que investiga el último incidente acaecido a fines de marzo y un funcionario de la provincia de San Juan dijeron tras el segundo derrame de septiembre de 2016, la empresa desoyó advertencias sobre los riesgos de otro accidente. También podrían establecerse penalidades para ejecutivos e incluso funcionarios locales.

Sucede que después del segundo derrame, efectivos de la policía especial que vigila a las mineras, «habían exigido el cambio de una cañería porque estaba exudando, en principio. Habían advertido algunas pérdidas dentro del valle de lixiviación», aseguró a Reuters el juez penal de Jáchal -una de las ciudades más cercanas a la mina, en San Juan-Pablo Oritja. «Si se hubieran cambiado esos caños como habían exigido, en principio el desacople (de los tubos) no se hubiera producido», dijo el juez. El magistrado tiene en su poder tres actas -labradas entre diciembre y febrero por la policía minera de la provincia- que fueron incumplidas y que dieron pie a un proceso administrativo para sancionar a Barrick Gold.

La empresa dijo que se trata de un trabajo en curso. «En todas las minas hay siempre procesos en marcha para responder e implementar acciones regulatorias que llevan tiempo completar, e involucran discusiones en desarrollo con los reguladores», explicó el portavoz de Barrick, Andy Lloyd.

Veladero, la tercera mina de oro de Barrick a nivel mundial, produce más de 540.000 onzas de oro al año, que representan exportaciones por casi u$s 700 millones. Por el momento, la Justicia prohibió a Barrick agregar cianuro a la solución ya existente en el valle de lixiviación -donde se separa el oro de las rocas-, que continúa circulando en un circuito cerrado, pero con los ductos aún sin reparar. Esta medida detuvo parte de la operación de Veladero.

El Gobierno de San Juan aseguró que después del segundo incidente se le exigieron a Barrick medidas urgentes. «Lo que se le pidió es que se hiciera una evaluación del estado de la cañería. Eso quedó pendiente de cumplimiento», señaló el ministro de Minería de la provincia de San Juan, Alberto Hensel, en una entrevista con Reuters, que supervisa el cumplimiento de las regulaciones.

Lloyd de Barrick explicó que ese estudio se completó, pero recién «en el último par de semanas» y se presentó al Gobierno de San Juan.

Una fuente del Ministerio de Minería provincial que prefirió el anonimato, dijo que en el pasado directivos de Barrick y hasta funcionarios del Gobierno provincial desoyeron advertencias de los empleados de Veladero y de la policía minera, que conocían los problemas de infraestructura que llevaron a derrames previos.

Esta semana se espera un veredicto, que podría consistir en permitir la operación normal de la mina, paralizarla por completo o darle más plazo a la empresa para presentar otro plan.

«No alcanza con que Barrick presente el proyecto o el plan integral, sino que ese plan integral debe ser ejecutado de acuerdo con las exigencias que hemos nosotros impuesto. Si no hacen las obras que nosotros les exigimos no hay ninguna posibilidad de que Barrick vuelva a operar‘, dijo Hensel.

Fuente:https://www.cronista.com/negocios/Por-incidentes-repetidos-evaluan-aplicar-multa-historica-a-Barrick-20170509-0004.html

 

Nicaragua

SOBRE EL IMPACTO DE LA MINERIA METALICA EN LAS POBLACIONES CENTROAMERICANAS

Autor: Acafremin

Pronunciamiento del Foro Regional “Impactos y Desafios de la Mineria Metalica en America Central”

Reunidos los movimientos sociales de la región Centroamericana, ambientalistas, defensores de derechos humanos, colectivos de mujeres, pueblos indígenas entre otras expresiones organizadas en el Foro Regional “Impactos y Desafíos de la Minería Metálica en América Central”, en el que hemos tenido la oportunidad de analizar el contexto de deterioro de nuestros recursos naturales y medios de vida, violaciones a derechos humanos en la región e intercambiar experiencias sobre el avance de nuestras luchas.

Preocupados/as por:

  1. El Avance de la Minería Metálica en la región Centroamericana que se manifiesta hasta el momento en 405 concesiones en la región CA4, que generan impactos negativos principalmente en el agua, la tierra, la fauna, la flora y la cultura, los medios de vida y la salud de los pueblos.
  2. El avance de los efectos del cambio climático ha colocado a los países centroamericanos entre los 10 más vulnerables a estos efectos, situando a Centroamérica en una región altamente vulnerable.
  3. El incremento de las demandas y procesos legales en contra de las grandes empresas transnacionales ante las violaciones a los derechos de los pueblos, por parte de los movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil. (3 casos llevados en Honduras ante instancias internacionales, 1 caso en Guatemala y 1 caso en Nicaragua).
  4. La existencia en la región de un modelo económico de “desarrollo”, enfocado en el extractivismo, que saquea las riquezas, profundiza la corrupción política y empresarial, debilita nuestros Estados Nacionales y empobrece a los pueblos destruyendo el ambiente y envenenando el agua, bajo nuevas formas de colonización y esclavitud laboral.
  5. El rol permisivo y promotor de los Estados Nacionales subordinados hacía los intereses de la Inversión Minera.
  6. El marco legal regulatorio entreguista y deficiente impuesto a partir de tratados de libre comercio e inversiones, que comprometen las capacidades de los Estados para la protección de derechos y el ordenamiento territorial y las leyes de protección de los bienes comunes en los países de la región.

Consideramos lo siguiente

Que ha sido comprobado en diversos estudios que la minería metálica aporta como máximo 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países centroamericanos (0.7% en Guatemala, 0.2% en El Salvador, 0.3% en Honduras y 2.0% en Nicaragua), así como el 2.7% del aporte total de la recaudación tributaria y el 0.60% de generación de empleo (0.37% en Guatemala, 0.09% en El Salvador, 0.25% Honduras y 0.59% en Nicaragua.)

Además de esto las industrias extractivas abusan de los recursos naturales en especial del agua y los suelos generando procesos de despojo, degradación ambiental, contaminación por metales pesados, cambio de uso de suelo, estructuras, erosión, compactación y drenaje acido, afectando directamente las aguas para consumo humano y poniendo en grave riesgo la seguridad alimentaria y la salud de las personas, en particular de los más vulnerables las mujeres, ancianos y niños.

El debilitamiento del Estado de Derecho, a través de la cooptación de Cortes y Magistrados que permiten y promueven estrategias de criminalización a líderes y lideresas, así como de las protestas y las movilizaciones ciudadanas en defensa de sus derechos colocando en grave riesgo la vida de los defensores y defensoras de Derechos Humanos.

Que la presencia de la industria minera en Centroamérica, ha provocado la persecución, cárcel y muerte a un gran número de defensores y defensoras de Derechos Humanos, cuya expresión más  visible fue el cruel asesinato de nuestra querida compañera Berta Cáceres; una mujer valiente y coherente con esta lucha, que aún permanece en la impunidad como reflejo de la complicidad del Estado.

Que Centroamérica es una región que comparte riesgos y problemas comunes, el corredor mesoamericano alberga a países que tienen la categoría de países mega diversos, que comparten una gran riqueza de biodiversidad y están conformados por diversos pueblos que aportan conocimientos y practicas ancestrales, que han enriquecido culturalmente a la humanidad.

Los riesgos e impactos en cada uno de los países tienen sus efectos en toda la región, especialmente los casos de minería transfronteriza.

La emisión de la ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, es un ejemplo a seguir por los países de la región centroamericana, el ejemplo de lucha del pueblo salvadoreño es un avance importante en la defensa del territorio

Ante esta situación demandamos:

La urgencia de construir modelos alternativos de desarrollo, ejerciendo el derecho a elegir libremente modelos sustentables que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED) a efecto de reducir los impactos socio ecológicos que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y próximas generaciones.

Que los Estados y gobiernos centroamericanos terminen con todas las formas de criminalización de la acción ciudadana, incluidas las protestas y que respeten el derecho a defender derechos por la preservación de los territorios, el agua, el bosque y la vida.

Que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, China, Rusia y los países sedes de las empresas mineras y compañías importadoras de materias primas actúen impulsando los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, sancionando en sus países de origen las violaciones cometidas en los países donde intervienen.

Mientras exista minería activa, que los gobiernos y legisladores de cada Estado centroamericano, establezcan marcos legales más eficientes que exijan la transparencia y rendición de cuentas sobre las actividades del sector minero, así como el pago justo de los impuestos y fianzas por parte de las empresas, respetando los procesos de consultas públicas transparentes e incluyentes.

Llamamos a los ciudadanos, organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales de los países llamados “desarrollados” a continuar apoyando y articulando esfuerzos conjuntos en la lucha contra la destrucción ambiental provocada por la minería metálica en nuestros países.

Declaramos que nos hemos unido en una Alianza Regional Frente a la Minería Metálica para fortalecer nuestros lazos solidarios en la lucha por una Centroamérica Libre de Minería Metálica.

Finalmente denunciamos y rechazamos la campaña de acoso, difamación, criminalización y judicialización espuria contra el líder Q’eqchi Bernardo Caal Xol, orquestada por la Cámara de la Industria de Guatemala –CIG, y apoyada por prácticamente todas las cámaras y entidades empresariales del país, por defender los derechos colectivos del pueblo Q’eqchi que se opone a los proyectos hidroeléctricos OXEC, sobre el río Cahabon en Alta Verapaz, Guatemala. Igualmente denunciamos las amenazas e intimidaciones sufridas por Medalime David lideresa garífuna en Honduras, por la defensa del territorio.

¡¡¡ Si a la Vida, No a la minería!!!

Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los 28 días del mes de abril del año 2017.

Fuente:http://us7.campaign-archive2.com/?e=&u=c5654770cc835b50b63d92ba1&id=67ab341a8b

Perú

Proyecto de Aramayo le abre la puerta a la trata y a la explotación infantil

Autor: La República

Si se excluye a la minería ilegal de la Ley contra el Crimen Organizado, tal como pretende el fujimorismo mediante el proyecto de ley N° 1095, se cedería posición ante el incumplimiento de normas ambientales, explotación infantil, trata de personas, evasión tributaria, entre otras situaciones que lindan con lo penal.

Así lo advirtió el experto en temas mineros, Rómulo Mucho, quien añadió que también se restaría importancia a los avances significativos alcanzados en la materia, sobre todo en las minas auríferas de la selva, donde se han conformado cooperativas y asociaciones para emprender el camino a la formalización.

“Es un tema muy delicado, todos somos peruanos, y al igual que en el resto de actividades económicas, en la minería la informalidad campea, pero lo ilegal es ilegal y no se puede admitir porque invade áreas reservadas”, comentó.

En la justificación del proyecto de ley 1095-2016, presentado por la congresista Alejandra Aramayo, se menciona que el Ejecutivo no ayudaba en el proceso de formalización minera, sin embargo, el director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pedro Solano, consideró que “están mal informados”.

“Los mineros formalizables difícilmente van a caer en el caso de minería ilegal y los mineros ilegales de ninguna manera van a poder ser formalizados”, indicó.

Solano también explicó por qué la minería ilegal tiene las características de crimen organizado.

“Hay mafias, hay una cantidad de dinero impresionante, mayor que el del narcotráfico, hay trata de personas, hay formas de esclavitud. Tiene todos los atributos del crimen organizado”, sostuvo.

Añadió que los motivos por los cuales no ha avanzado la formalización no tienen nada que ver con la criminalidad de los mineros ilegales.

Son delitos

El ex viceministro de Gestión Ambiental José de Echave explicó que el 28 de febrero de 2012 se publicó el Decreto Legislativo N° 1102 que incorporó al Código Penal los delitos de minería ilegal.

El artículo 307°-A del mencionado Decreto especifica que el delito de minería ilegal será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años al que realice actividad de exploración, extracción o explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause daño al ambiente, la calidad ambiental o la salud ambiental.

Posteriormente, el 19 de abril de 2012 fue publicado el Decreto Legislativo N° 1105, que en su artículo 2 diferencia a la minería informal de la ilegal, definiéndola como la actividad que se realiza en zonas no prohibidas.

Se considera mineros informales a los que, pese a no contar con todas las autorizaciones correspondientes, sí han iniciado el proceso de formalización.

“Por lo tanto, cuando se habla de proceso de formalización no se puede estar hablando de minería ilegal. ¿Por qué la congresista Aramayo y sus colegas de la bancada fujimorista pretenden seguir confundiendo?”, dijo el economista de Cooperación.

Recordó que en plena campaña electoral del 2016, Keiko Fujimori firmó un acta con la Central de Cooperativas de Mineros de La Rinconada, en Puno, comprometiéndose a traerse abajo el proceso de formalización minera.

Fue la Federación Minera de Madre de Dios el único gremio que mostró su posición favorable al Proyecto de Ley.

En comunicado, reclamaron que la actual ley de formalización no ha permitido integrarlos a la legalidad, ya que en los cinco años de vigencia solo logró formalizar a 115 de los 72 mil mineros que se inscribieron con ese fin.

Cabe indicar que La República se intentó comunicar con la congresista Alejandra Aramayo sin éxito. Sus asesores indicaron que quizá el lunes podríamos recoger su versión del tema.

Una actividad altamente rentable

En 2016, las organizaciones criminales en Perú ganaron US$ 2.6 millones por la producción y venta de oro obtenido de forma ilegal; mientras que las redes dedicadas al narcotráfico tuvieron rentabilidad de hasta US$ 1.000 millones, según cifras de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú.
La subdirectora de la INL, Heidi Gómez, dijo que el avance de la minería ilegal y su alta rentabilidad, lamentablemente, ayudan a financiar a las redes criminales, generando un círculo vicioso.

 

 

 

Cabe destacar que en febrero de este año, los gobiernos de Perú y Estados Unidos firmaron un acuerdo de entendimiento para combatir la minería ilegal.
 Entre las actividades para enfrentar el problema se prevé cómo promover el oro sostenible, puesto que el 28% de la producción total de oro en el país tiene procedencia ilegal.
Devastación. La denominada «pampa», en Madre de dios, donde miles de hectáreas fueron arrasadas por la codicia de la minería ilegal.

La clave

Si bien no hay cifras oficiales del número de hectáreas invadidas por la minería ilegal, se estima que hay unas 25 millones de hectáreas en manos de mineros informales e ilegales. Están presentes sobre todo en Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Amazonas, regiones que albergarían 60% del total.

Fuente:http://larepublica.pe/impresa/economia/873097-proyecto-de-aramayo-le-abre-la-puerta-la-trata-y-la-explotacion-infantil

Mexico

Laollaga, Oaxaca contra el despojo minero

Autor: Remamx.org

Comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, se han mantenido en resistencia contra las concesiones mineras en su mayoría de origen canadiense, a pesar de que las asambleas comunitarias realizadas en diferentes comunidades afectadas por los megaproyectos se han opuesto a la ola de despojos de la tierra y el territorio.

Uno de los aspectos fundamentales que ha atraído a las trasnacionales al Estado de Oaxaca deriva de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), las cuales se han planteado por el Banco Mundial y el Gobierno Federal como “uno de los proyectos con miras a la atracción de inversión privada, con el objetivo de mejorar el bienestar de la población en las regiones”, acompañado de megaproyectos eólicos, minería a cielo abierto, extracción de agua para la fractura hidráulica, extracción de materiales para compañías cementeras, entre otras, no obstante, este hecho desencadenó la oposición de los pobladores oaxaqueños y que en 2017 se reunieran más de 7 mil firmas, así como un amparo colectivo y la creación de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño, ante las consecuencias negativas a la vida de las comunidades, bajo la demanda de la defensa de la madre tierra y el territorio, enfatizan.

La comunidad de Santiago Laollaga, es una de las múltiples comunidades oaxaqueñas que ha mantenido la defensa del manantial ojo de agua de la región ante las transnacionales, sin embargo, la falta de información por parte de las autoridades y de las industrias, han puesto a la población en conflicto tras la defensa de los bienes naturales.

La evidente contaminación y desabasto en los manantiales, van de la mano con la sequía extrema en 28 de los 41 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec según datos de Conagua en abril de 2017, no obstante, el Gobierno Federal junto con el Gobierno del Estado de Oaxaca mantienen un amplio compromiso con la ampliación de las concesiones mineras a cielo abierto, las cuales han aumentado a 47,717 hectáreas en la región del Istmo de Tehuantepec y a 12,462 hectáreas en Santiago Laollaga, de acuerdo con el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio.

La Asociación Civil Carto Crítica, detalla que entre las principales empresas mineras en la región de Santiago Laollaga, se encuentra la compañía Cementos Apasco, S.A. de C.V; Minera Plata Real, S. de R.L. de C.V. y Cooperativa la Cruz Azúl, S.C.L con más de 1 millón de metros cúbicos extraídos, esto a pesar de que en noviembre de 2015 diversos pueblos se declararan como “Territorio Prohibido para la Minería” debido a las irregularidades y a partir de la exploración sin los permisos de SEMARNAT.

Pobladores de Santiago Laollaga han denunciado la construcción de un proyecto ecoturístico, ya que la zona cuenta con dos ojos de agua y ha sido considerada como una de las zonas de vestigios arqueológicos bajo el Catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que de acuerdo con pobladores, “el origen de estos sitios arqueológicos se puede llegar a perder si no se preserva en la memoria de los habitantes”.

“En la Cueva del Diablo (nombre otorgado por los habitantes), no se ha realizado un estudio de continuidad y se encuentra en riesgo de ser destruida por empresas de construcción y de mineras”, agregan.

En 2016, pobladores de Santiago Laollaga, revirtieron la entrada en cuatro sitios ocupados por una empresa minera e hidroeléctrica que pretendía ingresar en la comunidad, donde se instaló por parte de los habitantes un anuncio en contra el proyecto en el que se menciona “No a la presa, no a la mina… Sí a la vida”.

Así, diversos colectivos y organizaciones han impulsado a través del arte visual, la preservación del territorio y la cultura, articulando la problemática actual de la zona, e informando a los habitantes de las consecuencias que trae consigo la entrada de megaproyectos a la zona.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/05/laollaga-oaxaca-contra-el-despojo-minero/

Colombia

Se equivoca el Ministro

Autor: Jorge Guebely

Se equivoca el ministro con su argumento de “la minería responsable”. El mismo de Adrian Gerard, vocero de una multinacional. “La minería responsable” sólo es un slogan publicitario, pagado por empresas mineras. Falso como cualquier slogan comercial o como uno de político en campaña electoral. Habilidoso para perpetuar el engaño contra la comunidad.

Ninguna explotación minera es responsable, ni la legal, ni la ilegal. Una sería más irresponsable que la otra, pero ambas violentan los derechos de La Naturaleza. Las excavaciones a cientos de metros de profundidad y la desertización a varios kilómetros a la redonda destruyen el medio ambiente por muchísimos años. Muchos metales pesados del subsuelo, cianuro o mercurio, representan serios problemas ambientales. Y decenas de años no son suficientes para resarcirse del deterioro ocasionado.

El fracking tampoco sucede responsablemente. La obligatoria inyección violenta de millones de litro de agua provoca daños irreparables. El subsuelo vaciado crea condiciones favorables para la sismicidad. El agua contaminada en profundidad contagia otros niveles freáticos. Ningún sentido tiene señalar al ELN de su vandalismo si invitan a las multinacionales a ejecutar el mismo horror. No en vano el estado de Nueva York lo prohibió lo mismo que Alemania.

No hay responsabilidad cuando se vulneran los derechos ciudadanos. Disminuye el empleo al disminuir la agricultura donde existe mayor oportunidad de trabajo. Fomenta la pobreza. ¿Cómo explicar tanta pobreza después de 500 años de explotación minera? La armonía social se resquebraja con la afluencia de todo tipo de aventureros, incluyendo delincuencia organizada y desorganizada. Las regalías, tan paupérrimas, sólo benefician la corrupción política de todo el país.

La explotación minera sólo sostiene la voracidad económica de capitales internacionales y la rebatiña de mezquinos políticos locales cuando se muerden, los unos a los otros, por las migajas que les echan al suelo. Esa es la mayor de las injusticias y la peor de las vergüenzas. No importa la doctrina política, lo mismo da un gobierno de derecha o de izquierda. Santos en Colombia y Correa en el Ecuador constituyen buenos ejemplos. En fin de cuenta la política, como la conocemos hoy, es construcción de capitalistas para asegurarse sus negocios.

Un político cumple su función de mayordomo privilegiado. Funciona como servidor del gran capital. Y en eso, el ministro no se equivoca. Y la ciudadanía tampoco se equivocará porque ya sabe que “La minería sostenible no existe. Es la peor mentira que puede emitirse”, según Gonzalo Andrade, profesor del Instituto de Ciencias Naturales  de la Universidad Nacional.

Fuente:http://www.lanacion.com.co/index.php/opinion/item/287503-se-equivoca-el-ministro

Venezuela

Denuncian que oro extraído de El Callao por el ministro Arreaza causa graves daños al ecosistema del estado Bolívar

Autor: TNT 24 .com
Conflicto Relacionado: Arco Minero- Las Brisas

La periodista venezolana, Valentina Quintero, denunció que la compra de más 300 kilogramos de oro que hizo el ministro de Minería, Jorge Arreaza, es ilegal y aseguró que eso conlleva a la destrucción de la naturaleza.

«Esa pequeña minería es ilegal. Y es ilegal porque no es para la’vida’ como usted dice. Es para la muerte. Para la destrucción de nuestras aguas y de nuestra naturaleza», dijo Quintero en su cuenta en Instagram.

La conductora del otrora programa Bitácora, explicó que cuando se extrae el mineral de esa manera «el oro se pega del mercurio y así es más sencillo sacarlo de la arena».

Advirtió que para separar el mercurio del oro hay que quemarlo y la consecuencia de eso es el envenenamiento del agua.

Relacionada: Gobierno surtió bóvedas del Banco Central con 44 lingotes de oro en medio de la crisis venezolana

Aseguró además que no solo ha dañado la naturaleza sino también con los indígenas «yekuanas en la zona de Caur, esclavizó a los sanemas y prostituyó a muchas de sus mujeres».

En el mismo mensaje, que acompañó con una imagen de Arreaza con los lingotes de oro, señaló que a través de esa publicación ha hecho un reconocimiento a que el Gobierno de Venezuela «promueve» la minería ilegal y la destrucción del Parque Nacional Canaima, uno de los patrimonios naturales de la humanidad.

«El arco minero es otra forma de matar el futuro de todos los venezolanos», concluyó Quintero.

Fuente:http://www.ntn24.com/noticia/denuncian-que-oro-extraido-de-el-callao-por-el-ministro-arreaza-causa-un-grave-dano-al-ecosistema-140749

Latinoamerica

Castro: “Defender el medio ambiente en Latinoamérica es jugarse la vida”

Autor: Remamx.org

“Muchos gobiernos de América Latina criminalizan la protesta social y eso hace que defender el medio ambiente sea jugarse la vida”. Gustavo Castro Soto, defensor de la Tierra y del Medio Ambiente, testigo del asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres, acogido en el programa de protección de Amnistía Internacional en España, ofreció ayer su testimonio sobre las dificultades que padecen las comunidades indígenas para defender su territorio de la especulación.

“Nos preguntamos por qué hay tantas muertes en América Latina, y la verdad es que la culpa de todo esto la tienen los gobiernos que venden los recursos a las grandes transnacionales”, indicó Castro. A su juicio, Berta Cáceres, a la que acompañó en su agonía, tenía muy claro que la iban a asesinar, “ella siempre decía que se acababa el tiempo para defendernos”. Gustavo Castro estima que el proceso de empobrecimiento de las poblaciones indígenas se irá agudizando a medida que los gobiernos firmen tratados de libre comercio. “Y en esta lucha, la violencia es cada vez más fuerte contra las mujeres, que son un símbolo de resistencia”, añadió. Ignacio Bernardo, presidente de Amnistía Internacional en Asturias, destacó que no basta con defender los derechos humanos. “Hay que defender a sus defensores, que otros países se juegan la vida”. Celeste Intriago, de la Coordinadora de ONGD de Asturias, señaló que una parte de la lucha es “dar a conocer las situaciones injustas que se dan”. Castro fue uno de los fundadores del Movimiento Mexicano contra las Represas y en Defensa de los Ríos, la Red Mexicana de Afectados por la Minería y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/05/castro-defender-el-medio-ambiente-en-latinoamerica-es-jugarse-la-vida/

 

Mexico

Acusan a minera de pagar sobornos para continuar con trabajos de exploración en Miacatlán

Autor: Nora Celia Dominguez

Miacatlán.- A través de sobornos y apoyos para artesanos o comerciantes, la minera canadiense Alamos Gold busca obtener el consentimiento social para continuar con el proceso que le permita explotar 16 mil hectáreas de superficie que integra siete concesiones en territorio de los municipios de Miacatlán, Xochitepec y Temixco, señaló Juan Jiménez Escobar, comunero de Miacatlán e integrante del Movimientos de Ciudadanos Morelenses en contra de la Minería.

Resaltó que la necesidad más grande que tiene la minera Alamos Gold es el consentimiento social, ante la oposición que existe, por lo que ha buscado sobornar a ayudantes municipales, comisariados ejidales e incluso presidentes municipales, pero no ha logrado con eso el aval ciudadano, por lo que ahora opera a través de la gente: “Físicamente la minera no trabaja, pero socialmente anda trabajando, acercándose a artesanos, comerciantes o gente con necesidad económica, anda muy activa ofreciendo apoyos a cambio de que respalden el trabajo de la minera”, dijo.

Comentó que personal de la empresa se acerca a ciudadanos y, en el caso de los artesanos les ofrece equipo, maquinaria o materia prima para que den el aval ciudadano, a cambio de que ellos reúnan 12 personas que se pronuncien a favor de la minera. “Sí ha convencido a ciudadanos a través del dinero y nos damos cuenta porque acuden a las reuniones públicas donde se pronuncian a favor y buscan promover otra postura por parte de los asistentes, ahí identificamos a quienes se han dejado influenciar por la minera canadiense”, explicó.

Señaló que incluso han buscado llegar a las comunidades promocionando otros proyectos, “no dudamos que en Palpan se utilizó el tema de un relleno sanitario para conseguir el aval del ejido, porque de esa manera está operando la minera en estos momentos”, apuntó.

Jiménez Escobar resaltó que hasta estos extremos ha llegado la minera canadiense, luego de que los ciudadanos organizados se dieron a la tarea de hacer asambleas públicas en las comunidades para dar a conocer los efectos y alcances de una mina de este tipo, a tajo abierto, “lo que ha permitido que la población fije su postura de rechazo a estos trabajos, la población se ha pronunciado en oposición de la explotación de las tierras y eso obligó a la empresa a detener los trabajos de perforación que ya había realizado en el área número uno.

Explicó que son siete concesiones de la empresa de minería a tajo abierto Alamos Gold de Canadá, que comprenden 16 mil hectáreas, y el municipio de Miacatlán es el más afectado con 10 mil hectáreas, distribuidas en ejidos como Coatetelco, Palpan, Tajotla, El Rincón Palo Grande, Xochicalco y parte de El Rodeo, además de superficie de la comunidad de Alpuyeca, municipio de Xochitepec y Cuentepec y Tetlama de Temixco, “es decir, que abarca del cerro de Las Flores en Xochitepec, hasta la comunidad de Palpan, toda esa cordillera de cerros”, acotó.

Perú

¿Devolviendo favores? Un proyecto que beneficia abiertamente a los mineros ilegales

Autor: José de Echave .Cooperacción

La congresista puneña de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo -la misma que impulsaba y defendía a capa y espada el cuestionado proyecto que atentaba contra la libertad de prensa-, acaba de presentar otra polémica iniciativa: un proyecto de ley que plantea excluir el delito de minería ilegal de la Ley Contra el Crimen Organizado, argumentando que el endurecimiento de sanciones penales no resolverá el problema de la formalización minera.

¿Minería ilegal y formalización minera? Al parecer nuevamente los operadores de los ilegales pretenden confundir conceptos. Vamos precisando.

Desde el año 2012, las normas emitidas han ido precisando el concepto de minería ilegal. Por ejemplo, el 28 de febrero de 2012, se publicó el Decreto Legislativo N°1102 que incorporó al Código Penal los delitos de minería ilegal. En su Artículo 307°-A, se especifica el delito de minería ilegal: «Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años, y con cien a seiscientos-días multas, el que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de recursos minerales, metálicos y no metálicos, sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente, que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental».

Además, en el mismo Decreto Legislativo, Artículo 307°-B, se precisa los supuestos en los que se comete este delito:

  • En zonas no permitidas para el desarrollo de actividad minera.
  • En áreas naturales protegidas, o en tierras de comunidades campesinas, nativas o indígenas.
  • Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos similares.
  • Si el agente emplea instrumentos u objetos capaces de poner en peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas.
  • Si se afecta sistemas de irrigación o aguas destinadas al consumo humano.
  • Si el agente se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público.
  • Si el agente emplea para la comisión de delito a menores de edad u otra persona inimputable.

Posteriormente, el 19 de abril de 2012, fue publicado el Decreto Legislativo N° 1105, que «estableció disposiciones especiales para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal», y en su Artículo 2, define claramente que: «toda actividad ejercida en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de actividad minera, se considera ilegal». En el mismo artículo se diferencia a la minería informal de la ilegal; definiéndola como la actividad que se realiza «en zonas no prohibidas». Además, se considera mineros informales a los que, pese a no contar con todas las autorizaciones correspondientes, sí han iniciado el proceso de formalización.

Por lo tanto, cuando se habla de proceso de formalización no se puede estar hablando de minería ilegal. ¿Por qué la congresista Aramayo y sus colegas de la bancada fujimorista1, pretenden seguir confundiendo?

No hay que olvidar que en plena campaña, su lideresa Keiko Fujimori, firmó un acta con la Central de Cooperativas de Mineros de La Rinconada en Puno, comprometiéndose a traerse abajo el proceso de formalización minera. Cabe señalar que además de Aramayo, entre los congresistas elegidos también figura el único representante en el Congreso por Madre de Dios, Modesto Figueroa Minaya (Fuerza Popular), investigado por la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos por supuestos vínculos con la minería ilegal.

La historia reciente muestra que la influencia política del sector de la minería ilegal se traduce en acciones concretas: iniciativas legislativas, intentos de construcción de carreteras para facilitar la actividad ilegal y por supuesto boicot total a las políticas de formalización del sector. Hay que estar atentos.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/722-devolviendo-favores-un-proyecto-que-beneficia-abiertamente-a-los-mineros-ilegales

Colombia

El río Atrato, uno de los más caudalosos, ahora tiene derechos

Autor: Radio Caracol

La Corte Constitucional declaró al río Atrato como un sujeto de derecho y, por ende, el Estado debe garantizar su cuidado. La decisión no surge porqué sí. Este es uno de los ríos más importantes del Caribe, el mar donde vierte sus aguas por 16 bocas diferentes.

Según una investigación del Instituto Von Humboldt, forma parte de la confluencia de dos pequeñas quebradas al occidente de los farallones de Citará, su curso es de 720 kilómetros y su hoya hidrográfica es de una extensión aproximada de 35.000 kilómetros cuadrados.

Debido a las lluvias de la región, es uno de los afluentes más caudalosos y recibe las aguas de más de 15 ríos, como el Andágueda, Capa, Quito, Bebaramá, Munguidó, Ocaidó, Murrí, Bojayá, entre otros.

El Instituto Von Humboldt y la WWF estarán encargados de asesorar a la comisión de guardianes que recibió facultades por parte de la Corte Constitucional para verificar el proceso.

El Humboldt ya había desarrollado investigaciones de este río, sobre todo relacionado con los peces de la zona y la riqueza que guarda este afluente. Allí registraron 134 especies de 30 clases de familias. Y se aseguraba que la riqueza podía ser mayor.

Cabe recordar, que la cuenca del río Atrato se ha visto históricamente afectada por la deforestación y la minería ilegal, razón por la que la Corte Constitucional tomó la decisión de garantizarle sus derechos.

Fuente:http://caracol.com.co/radio/2017/05/02/ecologia/1493748889_215934.html