Comunidades zapotecas en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, se han mantenido en resistencia contra las concesiones mineras en su mayoría de origen canadiense, a pesar de que las asambleas comunitarias realizadas en diferentes comunidades afectadas por los megaproyectos se han opuesto a la ola de despojos de la tierra y el territorio.
Uno de los aspectos fundamentales que ha atraído a las trasnacionales al Estado de Oaxaca deriva de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), las cuales se han planteado por el Banco Mundial y el Gobierno Federal como “uno de los proyectos con miras a la atracción de inversión privada, con el objetivo de mejorar el bienestar de la población en las regiones”, acompañado de megaproyectos eólicos, minería a cielo abierto, extracción de agua para la fractura hidráulica, extracción de materiales para compañías cementeras, entre otras, no obstante, este hecho desencadenó la oposición de los pobladores oaxaqueños y que en 2017 se reunieran más de 7 mil firmas, así como un amparo colectivo y la creación de la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño, ante las consecuencias negativas a la vida de las comunidades, bajo la demanda de la defensa de la madre tierra y el territorio, enfatizan.
La comunidad de Santiago Laollaga, es una de las múltiples comunidades oaxaqueñas que ha mantenido la defensa del manantial ojo de agua de la región ante las transnacionales, sin embargo, la falta de información por parte de las autoridades y de las industrias, han puesto a la población en conflicto tras la defensa de los bienes naturales.
La evidente contaminación y desabasto en los manantiales, van de la mano con la sequía extrema en 28 de los 41 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec según datos de Conagua en abril de 2017, no obstante, el Gobierno Federal junto con el Gobierno del Estado de Oaxaca mantienen un amplio compromiso con la ampliación de las concesiones mineras a cielo abierto, las cuales han aumentado a 47,717 hectáreas en la región del Istmo de Tehuantepec y a 12,462 hectáreas en Santiago Laollaga, de acuerdo con el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio.
La Asociación Civil Carto Crítica, detalla que entre las principales empresas mineras en la región de Santiago Laollaga, se encuentra la compañía Cementos Apasco, S.A. de C.V; Minera Plata Real, S. de R.L. de C.V. y Cooperativa la Cruz Azúl, S.C.L con más de 1 millón de metros cúbicos extraídos, esto a pesar de que en noviembre de 2015 diversos pueblos se declararan como “Territorio Prohibido para la Minería” debido a las irregularidades y a partir de la exploración sin los permisos de SEMARNAT.
Pobladores de Santiago Laollaga han denunciado la construcción de un proyecto ecoturístico, ya que la zona cuenta con dos ojos de agua y ha sido considerada como una de las zonas de vestigios arqueológicos bajo el Catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que de acuerdo con pobladores, “el origen de estos sitios arqueológicos se puede llegar a perder si no se preserva en la memoria de los habitantes”.
“En la Cueva del Diablo (nombre otorgado por los habitantes), no se ha realizado un estudio de continuidad y se encuentra en riesgo de ser destruida por empresas de construcción y de mineras”, agregan.
En 2016, pobladores de Santiago Laollaga, revirtieron la entrada en cuatro sitios ocupados por una empresa minera e hidroeléctrica que pretendía ingresar en la comunidad, donde se instaló por parte de los habitantes un anuncio en contra el proyecto en el que se menciona “No a la presa, no a la mina… Sí a la vida”.
Así, diversos colectivos y organizaciones han impulsado a través del arte visual, la preservación del territorio y la cultura, articulando la problemática actual de la zona, e informando a los habitantes de las consecuencias que trae consigo la entrada de megaproyectos a la zona.
Fuente:http://www.remamx.org/2017/05/laollaga-oaxaca-contra-el-despojo-minero/
Se equivoca el ministro con su argumento de “la minería responsable”. El mismo de Adrian Gerard, vocero de una multinacional. “La minería responsable” sólo es un slogan publicitario, pagado por empresas mineras. Falso como cualquier slogan comercial o como uno de político en campaña electoral. Habilidoso para perpetuar el engaño contra la comunidad.
La periodista venezolana, Valentina Quintero, denunció que la compra de más 300 kilogramos de oro que hizo el ministro de Minería, Jorge Arreaza, es ilegal y aseguró que eso conlleva a la destrucción de la naturaleza.
“Muchos gobiernos de América Latina criminalizan la protesta social y eso hace que defender el medio ambiente sea jugarse la vida”. Gustavo Castro Soto, defensor de la Tierra y del Medio Ambiente, testigo del asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres, acogido en el programa de protección de Amnistía Internacional en España, ofreció ayer su testimonio sobre las dificultades que padecen las comunidades indígenas para defender su territorio de la especulación.
La congresista puneña de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo -la misma que impulsaba y defendía a capa y espada el cuestionado proyecto que atentaba contra la libertad de prensa-, acaba de presentar otra polémica iniciativa: un proyecto de ley que plantea excluir el delito de minería ilegal de la Ley Contra el Crimen Organizado, argumentando que el endurecimiento de sanciones penales no resolverá el problema de la formalización minera.
La Corte Constitucional declaró al río Atrato como un sujeto de derecho y, por ende, el Estado debe garantizar su cuidado. La decisión no surge porqué sí. Este es uno de los ríos más importantes del Caribe, el mar donde vierte sus aguas por 16 bocas diferentes.
Recelo, eso es lo que se vive por estos días en Quindío tras el anuncio, la semana pasada de la suspensión indefinida de los trabajos exploratorios de la multinacional minera AngloGold Ashanti en Cajamarca, Tolima.
